Organizaciones mexicanas exigieron este martes al Gobierno y la Suprema Corte resolver el caos que existe en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai), órgano autónomo, para salvaguardar los derechos humanos sin restringir el acceso a la información.
“Las autoridades buscan ocultar información relevante, como expedientes de investigaciones de personas que han desaparecido, víctimas de tortura o asesinadas. Consideramos que esta información debe ser pública porque nos afecta a todos como sociedad, pero no lo es”, exigió Efraín Tzuc Salinas, periodista de Quinto Elemento Lab.
El Inai, el órgano autónomo encargado de velar por la información pública del Gobierno, ha exigido al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador revelar información de alto perfil, como los contratos del Tren Maya, pero éste hizo caso omiso.
“Esta omisión es una estrategia del actual Gobierno para debilitar instituciones que tienen un rol de control de garantía de derechos humanos”, subrayó Itzel Checa Gutiérrez, coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas.
Además, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Loreta Ortiz Ahfl busca invalidar el reclamo que presentó el Inai porque el Senado no ha cumplido con su función de designar a los comisionados en el organismo autónomo, que López Obrador ha dicho que «no sirve para nada».
“Este proyecto de sentencia pretende dejar en una especie de incertidumbre jurídica, no solo al Inai, sino a las miles de personas que están en espera de una resolución de sus casos, que además se les niega información, con casi 7.000 recursos (pendientes)”, remarcó Mayra López Pineda, representante de la organización Artículo 19.
En abril, el senador del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Alejandro Armenta propuso suspender la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que acabaría con el Inai.
Debido a estas declaraciones, López consideró que de ser aprobado este proyecto de sentencia estos días, presentado por la ministra acusada de ser afín al Gobierno, se romperían los principios democráticos de los contrapesos constitucionales.
“Pedimos a la corte que los ministros no acompañen el proyecto de la ministra Ortiz porque atenta el derecho a saber y el derecho a la información”, recalcó Diego de la Mora, director ejecutivo de Fundar, centro de análisis e investigación.
Con información de EFE
