Durante los años 2019 y 2020 han sido asesinadas 45 personas defensoras de derechos humanos alerta un informe de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).
Oaxaca es la entidad donde más activistas han sido asesinados en estos dos años con un total de 11 víctimas, reveló la red conformada por 86 organizaciones civiles con presencia en 23 estados de la República.
«El contexto mexicano se caracteriza por la inacción del Estado frente a la situación de alerta en que viven las personas defensoras y que empeora con los años, configurando condiciones que ponen en riesgo su vida e integridad física que, en muchas ocasiones, alcanza aspectos de su entorno más cercano, como su organización, comunidad y hasta su familia; asimismo, el Estado mexicano pone en entredicho la labor de defensa de derechos humanos, criminalizando y estigmatizando a quienes la desempeñan», denuncia la ONG.
Asimismo, expone que durante los dos últimos años las personas defensoras han enfrentado múltiples obstáculos a su labor, desde el aumento de megaproyectos que ponen en riesgo la tierra y el territorio de los pueblos, sus formas de vida y el medio ambiente, hasta la criminalización del derecho a defender derechos humanos, hostigamiento, impunidad generalizada y violencia sistemática en su contra.
La Red TDT dijo lamentar que los principales actores que buscan desacreditar o menoscabar la defensa de los derechos son las autoridades en sus tres niveles de gobierno, quienes «a través de declaraciones o notas periodísticas, señalan a personas y organizaciones de tener “intereses ilegítimos” o “estar financiados” por opositores».
Considera que desde hace dos años el gobierno federal, concretamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido un foco de grave preocupación al realizar señalamientos en contra de las ONGs durante sus conferencias matutinas.
«Demuestra un amplio desconocimiento y descrédito de la defensa de los derechos humanos y de las luchas históricas de pueblos y comunidades. Se ha establecido una narrativa maniquea que invisibiliza las acciones de defensa y protección a los derechos bajo una lógica de apoyo o no a la política federal y, en especial, a megaproyectos insignia como el Tren Maya o el Nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles.»
Como ejemplo grave de criminalización en México, la ONG expuso el caso de de Kenia Hernández, defensora indígena, a quien se le han iniciado procesos con pruebas falsas en, al menos, 3 fiscalías estatales. Su persecución política es evidente, en tanto se generan nuevas acusaciones de delitos que buscan mantenerla en prisión.
También recordó el caso del activista Samir Flores, quien denunciaba el impacto medioambiental de una planta hidroeléctrica en Morelos y que fue baleado tres días antes de que el presidente realizara una encuesta entre la población para definir el proyecto.
«México no es un país seguro para el ejercicio de la defensa de derechos humanos. A esto se suma que, transitar el camino para buscar justicia se torna gris frente a innumerables obstáculos, límites y deficiencias sistémicas en las instituciones de procuración y administración de justicia.» (La Crónica de Hoy)
