Por: Rocío García Olmedo/ @rgolmedo / [email protected]/ [email protected]
“La muerte materna es el fallecimiento de una mujer durante el periodo de embarazo y hasta 42 días después del parto o del término de la gestación, con independencia de la duración y el lugar de la misma, debido a cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por el mismo o su manejo, pero no por causas accidentales o incidentales” (OMS).
Conseguir una atención materna de calidad es sin duda un reto en la salud, tanto en nuestro país como en nuestra entidad federativa e incluso globalmente.
Convertirlo en realidad es responsabilidad en mayor medida del sistema de salud pública, derivado de que, en todos los casos, las causas que originan la muerte de las mujeres son totalmente evitables y tratables.
Con base en estimaciones del Observatorio de Mortalidad Materna (OMM), algunas causas son: por hemorragias, más de la mitad de ellas; hipertensión, septicemia, eclampsia, embarazo ectópico o abortos inseguros, entre otros.
Por ello, los que saben del tema señalan que la condición es tener un sistema de salud de calidad, al que todas las mujeres tengan acceso, y una atención materna, cuando menos la básica.
Justo es este el problema en nuestro país. Nuestro muy deteriorado sistema de salud pública no ha podido ni siquiera contar con medicamentos básicos para la población que “atiende”, y, por supuesto, y como casi siempre sucede, la mortalidad materna se concentra en las mujeres y en las zonas más vulnerables.
Sostienen los expertos y expertas que hay dos condiciones que deben tenerse presentes siempre para su atención: contar con Datos de Calidad sobre la determinación de causas de mortalidad y morbilidad materna, de manera que se puedan monitorear los progresos en la reducción de la mortalidad materna; y recursos públicos para la toma de decisiones de política pública, por supuesto evaluables y con claridad en la rendición de cuentas (Menéndez y Lucas, 2021).
En México las cifras de mortalidad aumentaron durante la pandemia, el Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) reporta que entre el 2020 y el 2021 en el mismo período la cifra se incrementó en 152%.
El esfuerzo del análisis de datos que informa la Dirección General de Epidemiología (DGE), van siendo publicados por el Sistema de Indicadores de la OMM. Hace unos días justamente acaban de difundir los datos de la semana epidemiológica 25, del presente año 2022.
Puebla aparece con un reporte de 17 muertes maternas y estamos entrando apenas a la segunda mitad del año. Durante todo el año 2021 Puebla reportó 24.
De ahí la urgencia de atender este problema.
Si partimos de la base de que en México ha aumentado la pobreza y la pobreza extrema en estos últimos tres años y que el Sistema de Salud Pública INSABI que desplazó al Seguro Popular, pero que ahora es desplazado por IMSS-Bienestar que es la “nueva” propuesta de este gobierno federal que no acaba de definirse y mucho menos de consolidarse; por sí solos ambos representarían ya un grave obstáculo que coloca a las mujeres, a las niñas y adolescentes en graves riesgos a su salud en general, pero específicamente a su salud materna y sus derechos sexuales y reproductivos; hay que otorgar los recursos públicos para construir el andamiaje de herramientas que les permitan superar esos obstáculos.
Datos, a la vista.
Recursos públicos para otorgar una atención materna que prevenga muertes de mujeres, niñas y adolescentes son necesarios.
