Agenda ciudadana
Jorge Alberto Calles Santillana
La sordera fingida del presidente ante (curiosamente) las muy tardías preguntas sobre la desaparición y muerte de cinco jóvenes en Lagos de Moreno son un insulto y una afrenta no solamente para las familias de los muchachos, sino para el país entero.
Más grave es, aún, el pésimo chiste con el que dejó testimonio de que fingía sordera. La reprobable conducta del presidente da cuenta de varios hechos.
En primer lugar, de que la falta de empatía que siempre lo ha caracterizado es cada vez más profunda y grave.
No se entiende cómo un jefe de Estado se atreva a dejar de lado su responsabilidad ante una acción criminal tan brutal como ésta –inédita en la historia criminal del país–, en la que aparentemente los jóvenes fueron obligados a matarse entre ellos.
La indiferencia del presidente es tan espeluznante como el alarde que de ella hace con el pésimo chiste con el que pretendió minimizar el asunto.
No es difícil imaginar la rabia que experimentaron los padres de Dante, Diego, Jaime, Roberto y Uriel al ver que el presidente los ignoraba y desatendía la devastación que a ellos ahogaba.
Tampoco es difícil imaginar el coraje de familiares y amigos de las más de 32 mil personas que fueron asesinadas el año pasado, según el Inegi, y de las de 42 mil desaparecidas que se tenían registradas entre el primero de diciembre del 2018 y finales de mayo de este año.
Pero familiares y amigos de desaparecidos no son los únicos molestos. También el resto de la población. López Obrador prometió un gobierno diferente y es por demás obvio que no ha cumplido.
El número de homicidios en estos casi cinco años de gobierno superó ya las cifras correspondientes a los sexenios de Calderón y Peña Nieto.
Por lo que hace a personas desaparecidas, la cifra de este sexenio podría acercarse mucho a la registrada durante los doce años de gobierno de Calderón y Peña Nieto –60 mil– de mantenerse la tendencia actual de 27 desapariciones por día.
Sin duda, la falta de empatía se convierte en un refugio para el presidente. Le ayuda a escaparse a la realidad paralela que ha construido y a evitar aquella en la que habitamos el resto de los mexicanos, que cada vez es más caótica y peligrosa.
Es inevitable preguntarse por qué en el caso del asesinato de Íñigo Arenas, el presidente mostró una actitud radicalmente diferente a la que exhibió cuando evitó hablar de los jóvenes jaliscienses. Una hipótesis: porque la de Arenas ocurrió en la Ciudad de México, era miembro de un grupo social que probablemente sea opositor y el crimen fue resultado evidente de un exceso de narcóticos de los que a diario se usan para robar y extorsionar en algunos bares, por lo que los autores del crimen resultarían claramente identificables porque no eran miembros de alguna banda a cargo de los grandes negocios del crimen organizado.
¿Por qué evadir ahora, cuando se hizo evidente que los perpetradores de esta atrocidad pertenecen a una de las bandas criminales más feroces del país? ¿Abrazos a pesar de las puñaladas? ¿Por qué la comprensión a los grupos delincuentes y la indiferencia a las víctimas?
Finalmente, es obvio que el empeño que López Obrador ha puesto en normalizar la indiferencia a lo largo de todo este tiempo en sus conferencias matutinas ha avanzado significativamente.
No puedo imaginarme siquiera a Enrique Peña Nieto, y mucho menos a Felipe Calderón, respondiendo de manera similar. El mundo se les habría venido encima y el país se habría incendiado. El mismo López Obrador se habría encargado de que esto ocurriera.
Hoy, esas declaraciones no tienen gran repercusión y si acaso provocan reprobaciones, éstas son tímidas e inefectivas.
¿Por qué nos resulta ya cotidiano y normal que el presidente exhiba conductas que en lo absoluto son propias ya no digamos de un estadista, sino de un jefe de Estado? Estas conductas son inadmisibles.
Como jefe de Estado, López Obrador debería haber incluido en su agenda el hecho de manera prioritaria, dedicarle un tiempo amplio y, además, comprometer las instituciones y los recursos del Estado para perseguir, atrapar y aplicar la ley a los responsables. No lo hizo, como no lo ha hecho a lo largo de su gestión, cada vez que se presenta un evento que quebranta la tranquilidad social y el Estado de derecho.
Recuperar la institucionalidad, por débil que fuera, tomará mucho tiempo y exigirá grandes batallas ciudadanas.
