NOTAS PARA UNA DEFENSA DE EMERGENCIA
Silvino Vergara Nava
La ley extremadamente injusta no es derecho
Gustavo Radbruch
(1878-1949)
Si debemos de buscar un culpable de este desastre jurídico nacional que se vive desde el final de la administración pública federal y el inicio de la nueva, es –nada más, ni nada menos– la pobre cultura jurídica que arrastra este país desde hace años:
No se enseña derecho a nadie. Pareciera que ni en escuelas o facultades de derecho.
En principio, porque los contenidos desaparecieron en la década de los 90: la materia de civismo en secundaria.
Antes de ello, en esa área se estudiaban cánones o reglas de comportamiento muy útiles para la convivencia social.
Ahora, en licenciaturas ha desparecido la materia de filosofía del derecho, cambiada por “marcas y patentes”. Para universidades, es “más productiva” esa área que andar preguntándose ¿qué es el derecho?, ¿para que sirve?
Quienes conservan la materia filosofía del derecho tiene para impartirla profesores improvisados. Los funcionarios de gobierno están tan alejados de la educación, que se concentran en estadística y reportes, antes que resolver el problema de fondo de la educación.
El resultado de ese desastre educativo es la crisis jurídica que hoy acaba a pedazos al país, algo más grave que una crisis económica porque devaluaciones, inflación, aumento de precios de los productos o desempleo se contienen con reglas jurídicas.
Es decir: la crisis económica se frena en gran parte desde y con lo jurídico. Pero de una crisis jurídica: ¿con qué podemos salir adelante?
Los países del mundo occidental han implementado una serie de teorías jurídicas para que ya no pasen estas crisis, como la de México. Pero lo hicieron hace 90 años.
Los países del llamado primer mundo lo resolvieron generando teorías jurídicas que sacan adelante a esas naciones; sobre todo, evitan la repetición de disparates jurídicos.
En México, de nada sirven las teorías que están en los libros, equipaje de profesores leídos e instruidos, si a los expertos se les encierra en congresos y convenciones para que no se oiga su opinión, mas allá de las paredes de eventos académicos.
O bien, se da voz sólo a profesores e investigadores que son acordes con el sistema o que se han moldeado al sistema con la simple meta de rescatar un sueldito.
Los cambios constitucionales intempestivos y sin debate, el legislador omnipotente –sin límites y que hace lo que le place cada día–, la contravención a la división de Poderes, al principio de legalidad, al ahora denominado principio de proporcionalidad son errores jurídicos.
Tales errores son producto de la cultura jurídica mexicana. Lo peor es el debate que se ve en los medios: no se les nota a los políticos ni a los legisladores un horizonte desde el que pueda mejorar el panorama; al contrario, esta crisis puede agravarse más y hasta generar una guerra civil.
En la parte oficial, se hacen cambios y más cambios legales y constitucionales, sobre el débil argumento de la democracia: que como los legisladores fueron elegidos por mayoría, pueden hacer lo que les plazca con el derecho.
Lo hacen como si no estuvieran enterados de que hace 90 años en Europa, particularmente en Alemania, en 1932, cuando el partido sin mucha representación ganó las elecciones por el voto desesperado de la ciudadanía y, al ejercer, provocó la Segunda Guerra Mundial y masacre a personas judías –seis millones asesinadas–.
De allí salió el grito de guerra “nunca más”. Las teorías jurídicas establecieron que no puede haber nunca jamás legisladores omnipotentes, que deben estar limitados por los derechos humanos.
El profesor italiano Luigi Ferrajoli indica que “la esfera de lo no-decidible” por parte de las democracias, no puede reducir o desaparecer derechos fundamentales.
Si ocurre, es “derecho defectuoso” como lo sostuvo el profesor alemán Gustavo Radbruch: defender la postura del legislador omnipotente es el argumento más pobre en el campo del derecho, pues pasa de largo las teorías latinoamericanas comandadas por el tratadista Carlos Santiago Nino, o bien, desconociendo las sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, particularmente el caso Gelman vs Uruguay.
Del otro lado, donde debería de haber más sustento y conocimiento jurídico, los argumentos son más débiles.
Nuestra nación ha invertido millones de pesos en la preparación, capacitación, becas de estudio al personal del Poder Judicial y sus empleados indican que el país va en camino de Venezuela o de Cuba, sin defender con razones ni teorías jurídicas –hay muchas a su favor, pero que no las han leído, ni mucho menos puesto en marcha– puestas en uso al dictar sentencias, pues optaban generalmente por sustentarse en que “la ley es la ley”.
Así, resolvían miles de casos aplicando la ley “a raja-tabla”, sin importar las consecuencias para el justiciable, al ciudadano de a pie.
Por ello es que no se aplica el derecho y lo que políticamente no es correcto aplicar se olvida.
Los buenos especialistas del derecho se apartan del entorno, de la realidad social, y por ello no visualizan que estos cambios tienen razones económicas, jurídicas, en principio porque el Poder Judicial Federal, e incluso los estatales, son el último reducto con capacidad económica en un país con un problema económico sumamente grave.
Las arcas de la nación están quebradas, la presión internacional obliga a repartir a diestra y siniestra “pensiones” a los ciudadanos, sean chicos o grandes, porque hay un cambio generacional en el capitalismo mundial, que consiste en pasar del capitalismo productivo al capitalismo financiero, meramente especulativo.
En el capitalismo productivo se gobernaba promoviendo e impulsando el empleo; con el capitalismo financiero se gobierna promoviendo a los consumidores, asumiendo que se sale de la pobreza no con más empleos, sino con pensiones a consumidores.
Tal es el propósito primario de este gobierno, que apela a cumplir con su tarea internacional de trasladarnos a esa segunda fase del capitalismo.
Lo han denunciado así autores, tratadistas, escritores como Bauman, Hararari, Chomsky, Pigem, Zuboff, Ferrajoli, o bien, Mujica, Dussel y Galeano en América Latina.
Sin embargo, como no leemos, estamos inmersos en esta crisis jurídica. ¿Hasta dónde va a topar y con qué consecuencias?
