Dr. Anselmo Salvador Chávez Capó / Profesor Investigador de la UPAEP
Ante la problemática presentada por los incrementos en el gas LP y sin considerar las variables que afectan su precio, el gobierno tiene planeadas tres acciones para enfrentar la contingencia.
La primera fue crear una subsidiaria por parte de Pemex denominada Gas del Bienestar, la cual busca vender este energético a precio justo, cuya distribución iniciaría en Iztapalapa y Azcapotzalco de acuerdo a los planes del Ejecutivo; la segunda acción se dio el pasado 28 de julio con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Directriz de Emergencia para el bienestar del Consumidor de Gas Licuado de Petróleo, la cual pide a la CRE que establezca una metodología para fijar precios máximos con una vigencia de seis meses; y la tercera, es que Pemex analiza desarrollar una red de suministro de gas natural por ducto en algunas colonias.
Los resultados para la segunda acción en primera instancia han derivado en un conflicto, que se ha contenido, pero puede llegar a ser de proporciones más graves. El pasado 3 de agosto de 2021 los comisionistas y dueños de camiones repartidores en el Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo convocaron a un paro nacional en protesta por la normatividad que controla los precios del gas LP a nivel nacional. Las razones que esgrimen es que el sistema de control de precios establecido por el regulador energético no soluciona los problemas de fondo de la industria, debido a que los precios máximos establecidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) no cubre los costos de distribución del gas LP, ya que ellos ganan una comisión del 10 al 20% por el volumen de gas LP vendido y que con el control de precios establecido por la autoridad, ahora ganan 30 centavos por litro, por lo cual se necesitan vender 6 mil litros de gas diarios para poder operar, mantener el costo de los tripulantes de la pipa y los costos de operación, además que se considera que el robo de gas LP a Pemex y su distribución ilícita, así como el mercado negro a través de grupos delincuenciales, afectan la dinámica del mercado.
Finalmente, la emergencia se controló después de las acusaciones desde Palacio Nacional donde se habló de fuertes castigos, hasta llegar a considerar la acción penal contra los participantes en el paro. El consejo directivo del Gremio Gasero Nacional, organización que agrupa a comisionistas, informó que se liberaría el parque vehicular para que los distribuidores de gas del Valle de México puedan operar con normalidad.
¿Hubo arreglo? No, es difícil negociar con una pistola en la sien, pero por lo pronto habrá una mesa de negociaciones para intentar mejorar las condiciones de venta de los distribuidores en el entendido que son ellos los afectados, ya que las compañías productoras de gas sí cuentan con suficiente energético para su venta.
Este camino ya se recorrió. Las afectaciones que conlleva la implementación del control de precios conducen al desabasto debido a la disminución de rutas de reparto, la inseguridad en las rutas de distribución y fomentan el consumo de leña como sustituto del energético.
Esta experiencia ya la sufrimos en México considerando que con los precios fijados por la autoridad de manera arbitraria en los años 70´s y principios de los 80´s, lo único que se consiguió fue desviar recursos públicos en forma de subsidio para mantener artificialmente bajo el precio del combustible.
La solución no es participación del Estado en la actividad productiva, es la de fomentar la participación público-privada en la extracción y explotación del gas.
