PALABRA DE MUJER
Rocío Garcia Olmedo
Sin duda, a muchas personas les preocupa observar que, día a día, queda muy comprometido el gobierno de la presidente electa Claudia Sheinbaum.
Como tenían previsto, en cascada, el Congreso de la Unión ha ido aprobando las iniciativas que reforman la Constitución de México, presentadas por el todavía presidente el pasado mes de febrero.
Aún persiste la falta de claridad en los criterios para seleccionar a las personas que serán electas como jueces, magistrados y ministros. A esto se suman las dudas que surgen en torno al financiamiento de sus campañas.
Además, existen severas incertidumbres sobre el alto costo de esta elección –se ha mencionado que podría ser alrededor de 44 mil millones de pesos–.
Sabiendo de antemano que se compromete la imparcialidad jurídica, aun así, fue aprobada la reforma al Poder Judicial.
Esta reforma, que además en las “letras chiquitas” lleva un artículo que señala: “para la interpretación y aplicación de este decreto, los órganos del Estado y toda autoridad judicial deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial”.
Lo transcribo textual porque transgrede justo una función que es por excelencia del Poder Judicial: la interpretación de los textos constitucionales.
Ignora normativa de tratados internacionales que protegen y garantizan derechos humanos, violentando principios de progresividad y propersona.
Incluso, expertas y expertos argumentan que, en muchos puntos, esta reforma podría ser inaplicable.
La mayoría oficialista ha aprobado también la “militarización de la seguridad pública”, modificaciones que sustituyen el mando civil y lo subordinan a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Pero, si esto no fuera suficiente, también en letras pequeñas se le otorga facultades para investigar delitos, como lo hacen los ministerios públicos.
Estos modelos disruptivos tendrán, sin duda, impactos en su aplicación, muchos de los cuales no serán necesariamente positivos para la ciudadanía.
Representan retrocesos a conquistas alcanzadas y a derechos adquiridos, que la próxima presidente tendrá que implementar a su llegada.
Incluso la reforma constitucional, también legislada en materia de pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, compromete al próximo gobierno en cuanto a la asignación y el ejercicio directo de presupuestos por comunidades.
Esto se hará bajo criterios “compensatorios, equitativos, justos y proporcionales”.
También establece la creación de mecanismos especializados de diálogo para obtener el consentimiento obligatorio de las comunidades antes de cualquier decisión o implementación de proyectos que se realicen en ellas.
Como vemos, todas las reformas aprobadas hasta ahora y las restantes que, en cascada, seguramente irá aprobando la mayoría oficialista son la herencia del actual gobierno, que tendrá que asumir la presidente Sheinbaum.
Aun con lo comprometido que le están dejando su próximo gobierno, esto advierte la necesidad de acciones urgentes, empezando por restablecer puentes de diálogo.
Ya no sólo se trata de recomponer un país con divisiones sociales y políticas profundas, sino también de enfrentar una inseguridad desbordada, tal como documentan diariamente los medios de comunicación.
Desde el inicio del período de gobierno de la presidente Sheinbaum, podremos observar algunos indicios de cómo enfrentará tantos desafíos.
En principio, observando cómo se van formulando las normas reglamentarias y/o las leyes secundarias de todas estas reformas constitucionales.
¡Qué enorme responsabilidad!
