Notas para una defensa de emergencia
Silvino Vergara Nava / correo: [email protected] / web: parmenasradio.org
Estados Unidos viene forjando una forma
penal inédita en la historia, que algunos
sociólogos y criminólogos han llamado
“encarcelamiento masivo”
(…) que las cárceles se parezcan cada vez más
a depósitos y, en ocasiones, a vertederos (…)
Jonathan Simon
En la segunda semana de enero de 2021 se llevó a cabo en Estados Unidos de América (concretamente, en el estado de Indiana) la aplicación de la pena de muerte, ahora a una mujer: Lisa Montgomery, quien asesinó a otra mujer de 23 años de edad en 2004, sentenciada a pena de muerte desde 2007 y ejecutada hasta este inicio de 2021 con una inyección letal.
Nuevamente, con esta reciente aplicación de la pena de muerte, se pone en entredicho la justicia en aquel país, que siempre ha presumido con proteger los derechos humanos y su democracia; aspectos que, también, en los últimos tiempos quedan más en entredicho.
En el caso de la democracia, basta con observar las noticias de los sucesos que se presentaron en Washington y la cerrazón del presidente actual, al sostener que se le ha cometido un fraude electoral. Por el lado de los derechos humanos, ha habido una constante violación de ese país en vez de protegerlos, pues, en parte, las guerras preventivas contra Irak y Afganistán, principalmente, han provocado más violaciones a los derechos humanos que su supuesta protección. Con sólo observar lo que sucedió en esos países, se entiende la situación tan precaria en que se encuentra su población.
Otro ejemplo de esa “protección a los derechos humanos” se da después del 11 de septiembre de 2001, con la creación de las cárceles clandestinas (como las ubicadas en los territorios de Irak y Afganistán o en Guantánamo –Cuba–), y si a esto adicionamos la aplicación de la pena de muerte en pleno 2021 podríamos preguntarnos: dónde quedó la protección de los derechos humanos?
Siempre que se aplique la pena de muerte, debería ser un hecho que cause vergüenza a la nación más presuntuosa en el respeto a los derechos humanos del mundo. De entrada, que Lisa Montgomery haya sido sentenciada desde 2007 y que se le aplicara la sanción 14 años después, no puede hablar de administración de justicia; esto cae en otra cosa, propiamente, en venganza.
De acuerdo con los tratadistas sobre el tema de la impartición de justicia, ésta debe ser pronta (tal y como, en México, menciona la Constitución), ya que la sanción debe estar lo más cerca de la comisión del delito (Zaffaroni, Eugenio, En busca de las penas perdidas, Buenos Aires, Ediar, 2005). De tal suerte que, si se alejan esas dos fechas entre sí, en el momento de la ejecución de la sanción, ya no se está castigando a la misma persona que cometió el delito, pues cada persona, con el paso del tiempo, va cambiando y ese cambio provoca que se castigue a otra persona si es muy prolongado el espacio del tiempo entre el delito y la ejecución de la sanción correspondiente.
En el caso, así ha sucedido, pues después de 14 años de haber sido sentenciada esta mujer (y 17 años después de haber cometido el delito), evidentemente, a quien se le aplicó la pena de muerte fue a otra persona. Por ello, los medios de comunicación hablan de que la mujer penada, en esta ocasión, no ejerció “el derecho” de manifestar sus últimas palabras (www.pagina12.com.ar). Evidentemente que, en parte, fue porque ya no era la misma mujer que, en su momento, cometió ese delito.
Otro tema adicional, al respecto de la aplicación de la pena de muerte a esta mujer (de “raza” blanca, por cierto) es que, de aplicársele a ella, habría que preguntarse ¿por qué no se castiga con la misma pena capital a los soldados y policías torturadores de las cárceles clandestinas de los Estados Unidos de América o, bien, a los sujetos que manejan los drones desde una oficina del país del norte con una computadora para matar por control remoto a “potenciales” terroristas ubicados en Irak o en Afganistán?, ¿por qué no se castiga igual a los policías que, al someter a los delincuentes, acaban torturándolos o matándolos?, ¿por qué no se aplica la pena capital a los agentes de migración que, en sus horas de trabajo, se encargan de violar y ultrajar a las mujeres migrantes? Definitivamente, la respuesta es muy clara: en Estados Unidos de América –como lo ha sostenido Jonathan Simon– se gobierna a través del delito.
