INE: hechos y datos

Por: Jorge Alberto Calles Santillana

Hoy, el futuro del Instituto Nacional Electoral está en juego y la existencia de una de las instituciones que hizo posible el tránsito de un régimen autoritario a otro más competido y abierto corre peligro. Entender el acoso al que está siendo sometido requiere tener en cuenta varios hechos y datos.

Uno. El hoy INE nació como institu­to federal en octubre de 1990 y estu­vo controlado por el gobierno a tra­vés de la Secretaría de Gobernación hasta 1996, cuando el Congreso lo independizó y lo convirtió en institu­to ciudadano. Antes, las elecciones eran organizadas y controladas por el gobierno federal lo cual, en buena medida, favoreció la permanencia del PRI en el poder de manera prác­ticamente incuestionada.

Dos. El 4 de abril de 2014, el insti­tuto pasó a ser nacional, correspon­sable de las elecciones locales en to­do el país.

Tres. Su creación fue resultado de las exigencias fuertes y amplias de la sociedad mexicana por nivelar la competencia electoral y hacer posi­ble la alternancia en los poderes. La formación de la organización tam­bién tiene por detrás el compromiso y la dedicación de muchos académi­cos e intelectuales de todas las orien­taciones cuya preocupación no ha sido otra que concretar una institu­ción que satisfaga las exigencias de limpieza política de los mexicanos.

Cuatro. Gracias a la independen­cia del instituto y la existencia de reglas claras para la competencia electoral, la entonces llamada Jefa­tura de Gobierno del Distrito Fede­ral (hoy Ciudad de México) fue dis­putada en una elección abierta por vez primera en 1997 y el PRD, par­tido de izquierda con Cuauhtémoc Cárdenas como su candidato, se hi­zo de ella. Hasta ese momento, la je­fatura era designada por el presiden­te de la República. También gracias a la independencia del instituto, fue­ron posibles los triunfos de Vicente Fox y Felipe Calderón, del PAN, en 2000 y 2006, respectivamente, así como el de Andrés Manuel López Obrador, en 2018. El regreso del PRI, con Peña Nieto en 2012, tam­bién fue resultado del castigo que la ciudadanía aplicó a Acción Nacio­nal al juzgar deficiente su desempe­ño de 12 años.

Cinco. El instituto es, pues, produc­to de la inconformidad de la sociedad mexicana con el ejercicio autoritario del poder y no, como se quiere hacer aparecer, un instrumento del llama­do PRIAN. Esta afirmación debe ser atendida con mucho cuidado porque implica una omisión grave y una fal­sedad. La omisión consiste en desa­parecer las luchas por la democra­cia de muchísimos grupos políticos y sociales a lo largo de años y el tra­bajo honesto de intelectuales. La fal­sedad, en fusionar en una etiqueta la historia y el desempeño de dos par­tidos diferentes. El PRIAN no existe, es una creación del discurso simplis­ta que quiere hacer creer que los dos partidos son lo mismo (la identidad estaría basada en la corrupción) pa­ra contrastarlo con la supuesta pu­reza de Morena y ocultar que en sus filas militan muchísimos políticos que antes lo hicieron en los parti­dos hoy considerados fuente de co­rrupción y forjadores de la desgra­cia nacional.

Seis. Datos duros del organismo:

1. a) En sus siete años de existen­cia, ha organizado 20 proce­sos electorales, 196 de ellos, de tipo local. En promedio, en 60% de esas elecciones el elec­torado ha optado por la alter­nancia, lo cual es evidencia de que la ciudadanía toma el vo­to como instrumento de rendi­ción de cuentas, asunto de pri­merísima importancia en una sociedad democrática.
2. b) Es la tercera institución, des­pués del Ejército y la Guardia Nacional, en que la población tiene más confianza. Los parti­dos políticos, los políticos y los medios de comunicación sus­citan la mayor desconfianza, en cambio.
3. c) Hasta esta fecha, el instituto te­nía registrados el doble de vo­luntarios requeridos para ha­cer posible la jornada electoral.
4. d) A pesar de que en el presu­puesto federal de este año no está considerada cantidad al­guna para la consulta popu­lar que por encargo del Con­greso el instituto deberá reali­zar el 1 de agosto, ésta se efec­tuará y no habrá excusa para no realizarla.

Siete. Como bien lo ha dejado en cla­ro José Woldenberg, ningún presi­dente había atacado tanto al institu­to como lo ha hecho López Obrador. Ningún candidato había amenaza­do a los miembros de su Consejo Ge­neral como lo hizo Félix Salgado. Es­te escenario de acusaciones y agre­siones ha propiciado que miles de se­guidores del presidente acusen al ins­tituto de “atentar contra la democra­cia” y claman su recomposición.

No deja de ser interesante que una institución que ha sido pilar im­portante de la superación del modelo autoritario priísta sea blanco de crí­ticas y amenazas en nombre de la de­mocracia. Lo que no se quiere ver es que detrás de estos embates hay un interés por involucionar al instituto y a su compromiso con la apertura democrática.

El instituto electoral es la respues­ta de una sociedad cuya conciencia política cuestionó el desarrollo au­toritario de un estado que encontró en el poder centralizado en la presi­dencia y en el control político de un partido hegemónico respuesta a los conflictos entre los grupos políticos que hicieron posible el triunfo revo­lucionario.

Sin duda, el instituto es perfec­tible y posiblemente podría ser me­nos costoso. Sin embargo, las críti­cas actuales no persiguen en reali­dad ni darle mejor forma, ni reducir sus costos sin afectar su funcionali­dad. Lo que se pretende es cortar su poder arbitral para revertir las ga­nancias democráticas.

El proyecto político del presidente asume, erróneamente, que la trans­formación de México sólo es posible con la concentración del poder y con un mando único. Esto no es otra co­sa sino regresar al modelo político di­señado décadas atrás por el PRI, par­tido al que curiosamente se le achaca ser, junto con el PAN, promotor de to­dos los problemas nacionales.

El INE no es un instrumento de dominación de ningún partido. Su historia y los hechos demuestran lo contrario. Pero el afán autoritario reduce su realidad y trayectoria con un discurso tan falso como simplis­ta. El futuro del INE y las posibilida­des del país de seguir caminando ha­cia estadios más democráticos están en riesgo.