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Crónica Puebla por Crónica Puebla
27 agosto, 2021
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Por: Jorge Alberto Calles Santillana

La opinión pública se encuentra en­frascada en debates tan innecesa­rios como inútiles, a pesar de que estamos a unos cuantos días de que el presidente rinda su tercer informe. Son momentos estos en los que tanto la aten­ción del gobierno como de la ciudadanía deberían ocuparse de evaluar el proceso del actual gobierno para sopesar eficiencia y eficacia gubernamentales.

Y, sin embargo, la posible convocatoria para la revocación de mandato y las acusa­ciones en contra de Ricardo Anaya se han convertido en los temas dominantes de la agenda pública. No sorprende. Desde el ini­cio de esta administración, la elección de temas que favorecen la polarización ha si­do práctica habitual del presidente en sus conferencias matutinas. Es claro que para el presidente gobernar significa primar la oralidad y el enfoque en un personaje, él, personaje que encarna el espíritu nacional e ilumina la vía correcta hacia la historia con H mayúscula.

Cuando están por cumplirse tres años del mandato presidencial, asuntos como la violencia, el empoderamiento de las ban­das criminales, el manejo de la pandemia, el deterioro creciente del sistema de salud, el incremento de la población en pobreza y la corrupción, entre otros muchos, ten­drían que ser considerados prioritarios. No lo son.

Revisemos, en esta ocasión, los datos re­lativos a la violencia en el país. Según da­tos del Inegi, la tasa de homicidios por ca­da cien mil habitantes se ha mantenido en 29 durante los últimos tres años. Esta tasa es altísima si se tiene en cuenta que el pro­medio mundial es de seis homicidios por ca­da cien mil habitantes, según documentos publicados por la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito. El dato se torna más preocupante si lo ubicamos en las tasas de los países con las 25 economías más gran­des del mundo.

El promedio de homicidios de esas eco­nomías es de cinco asesinatos. Sin embar­go, si de esa lista eliminamos a Brasil, la economía número doce, a México, la quin­ce y Nigeria, la veinticinco, ese promedio se reduce a 1.3 homicidios por cada habitan­te. En esas veinticinco economías, sólo Ni­geria, con 35 homicidios, supera a Méxi­co, apenas por encima de Brasil, en la que la tasa de homicidios es de 27.

El argumento de que la violencia es pro­ducto del neoliberalismo se debilita pues to­das esas economías son neoliberales. Lla­ma la atención que las dos economías la­tinoamericanas incluidas en la lista pre­senten altas tasas de criminalidad. Si aña­dimos que nuestras tasas de violencia son más próximas a las de los países centroa­mericanos, de las cuales sólo la de El Sal­vador (con 52 homicidios) es mayor a la mexicana, la fotografía de nuestra realidad resulta alarmante.

Otros datos ayudan, aún más, a enten­der la gravedad del asunto. Según estadís­ticas del mismo Inegi, la tasa de homicidios en 2009 fue de 18 por cada cien mil habi­tantes y registró un incremento, en 2010 a 23 y a 24 en 2011, pero descendió en 2013 a 19 y para 2014 a 17.

El incremento más fuerte corresponde a los tres últimos años. Está claro que los al­tos niveles de violencia están asociados al empoderamiento del crimen organizado y a las fallidas políticas públicas de seguridad de los gobiernos federales de este siglo. Por eso es impostergable que el tema sea abordado no sólo por el gobierno sino por la so­ciedad toda.

¿Por qué hemos alcanzado esos niveles de violencia? ¿Por qué no ha sido posible frenar el crecimiento del poderío del cri­men organizado? ¿Por qué la tasa de vio­lencia de México se asemeja a la de los paí­ses con economías menos desarrolladas a pesar de ser la economía número quin­ce del planeta? Estudiosos del mundo so­bre asuntos de la criminalidad han apun­tado que la violencia prolifera en países en los que la corrupción y la impunidad per­mean la vida política y social.

¿Qué hacer para detener esto? Partidos de oposición han denunciado ante la OEA la presencia del crimen organizado en las últimas elecciones. Así, son altas las pro­babilidades de que las bandas criminales tengan injerencia en la próxima elección presidencial.

Los números no mienten. Efectivamen­te, Felipe Calderón se equivocó al enfrentar al crimen organizado con una perspectiva estrictamente militar. También fue equi­vocada la estrategia peñista de bajar la in­tensidad a la guerra. Pero sin duda, el de­jar pasar, el abrazar y no enfrentar, el libe­rar a sicarios para evitar muertes tampo­co está surtiendo efecto.

Es tiempo, ya, de tomar en serio el tema de la violencia. Hay que revertir esta ten­dencia hacia la destrucción. Esto, por su­puesto, es mucho más importante que in­vertir dinero y desviar la atención hacia si debemos acudir a las urnas para no otra cosa sino ofrecerle la oportunidad al pre­sidente de regodearse en su popularidad o hacia si Ricardo Anaya es un delincuente, un perseguido político, un oportunista o un poco de todo.

Etiquetas: homicidiosinegiMéxicoViolencia

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