Silvino Vergara
En las últimas noticias, que se han puesto en ocho columnas, son lamentables las escenas de los “debates legislativos”, particularmente, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con la controversia que ha provocado la procedencia de disolver los fideicomisos del gobierno, que se crearon para resguardar recursos económicos en rubros muy particulares de gasto público.
En este “debate” se pasó de meras propuestas argumentativas de diferentes diputados de los partidos políticos a los golpes, empujones, gritos y demás majaderías; lo cual es un espectáculo muy lamentable, aunque –claro– no para los diputados que participaron en los empujones, pues han de asumir que están haciendo bien las cosas con el verbo “empujar” y justificar sus trabajos porque están “defendiendo” sus causas.
¿Esos empujones serán la forma de defender una postura?
Lo cierto es que la poca y disminuida democracia del país es muy pobre en cuanto a la racionalidad de sus representantes. Lejos de que se demuestren posturas de una democracia madura, partidos políticos con posturas firmes respecto de los cambios legislativos en miras de las nuevas leyes, un análisis de las políticas públicas, se aprecia todo lo contrario. Incluso, en los momentos del nombramiento de la mesa directiva, se observó un espectáculo más pobre y lamentable que los empujones de esta semana de octubre de 2020. Consistió en que los legisladores estaban pasándose de partidos políticos en cuestión de minutos, todo con la finalidad de sumar para las elecciones de la mesa directiva.
Posiblemente, esta legislatura sea una de la más lamentables que se han presentado en los últimos tiempos, particularmente, en términos de argumentación y de posturas firmes y claras de los partidos políticos para los cambios que requiere el país.
Al grado de que se puede comparar con las legislaturas de tiempos de las reformas constitucionales en materia de energéticos o con la que aumentó el IVA al 16% con la famosa “Roque-señal”, pues ninguno de los partidos políticos tiene identidad en sus posturas.
Unos insisten en reformas estériles y los otros sólo llevan la contraria. No se consienten un justo medio o, por lo menos, un punto para poner las bases de algo que permita que las decisiones y las aprobaciones no acaben en empujones ni golpes, como ha sucedido en los últimos días.
Los fideicomisos, en sentido estricto, no deberían existir. Si se estableciera un presupuesto de egresos firme y sin tanta discrecionalidad a cargo del ejecutivo, no habría porque establecerlos, pues sólo son las instituciones financieras las que se benefician de ellos y, quizá después, la población a quienes van dirigidos esos recursos. Si el presupuesto blindara recursos para los rubros por los cuales fueron creados los fideicomisos, no habría razón de la existencia de los mismos, menos habría que pagar a las instituciones financieras para el mantenimiento de ellos.
Por otro lado, debido a la discrecionalidad de los presupuestos de egresos de cada ejercicio fiscal, los diputados luchan por que no se autorice su disolución, pues esos recursos van para sus intereses personales y no a los gastos para los cuales están previstos tales fideicomisos.
Dicho esto, el problema de fondo es la discrecionalidad de las disposiciones legales, ya que en donde se pone una norma jurídica se permite que la autoridad que la aplica la regule como mejor le convenga. En realidad, es poco lo que se puede decir del Estado de Derecho si esas regulaciones jurídicas dejan todo bajo la discrecionalidad de las autoridades. Esto pasa en el ámbito penal, administrativo, fiscal y de cualquier otra índole.
La tarea pendiente del Congreso de la Unión, desde hace muchos años, es sujetar la discrecionalidad de las autoridades para que se ajusten a lineamientos muy claros, pues esto es lo que ha dejado pasar todas las legislaturas de los últimos tiempos de este país. Esta debería ser la tarea por hacer, pero en tanto esto sucede, primero los empujones, primero esta arena legislativa.
