Dr. José Manuel Nieto Jalil.
Director del Departamento Regional de Ciencias en la Región Centro-Occidente. Tecnológico de Monterrey.
En la región amazónica de Brasil, un área crítica para la regulación del sistema climático global debido a su capacidad de almacenamiento de carbono, evapotranspiración y generación de humedad atmosférica, se esta desarrollando desde el pasado 10 de noviembre hasta el 21 de noviembre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP30. Esta conferencia representa uno de los momentos más relevantes de la gobernanza climática contemporánea, no solo por su ubicación estratégica, sino porque reúne simultáneamente tres dimensiones que influirán de forma directa en la trayectoria del siglo XXI: la dinámica del clima, el estado de los ecosistemas oceánicos y el papel emergente de la inteligencia artificial.
Su presencia genera posiciones divergentes: algunos la consideran una herramienta fundamental para mejorar la modelación climática, optimizar la gestión energética e impulsar sistemas de monitoreo ambiental más precisos; otros advierten que su huella ecológica, especialmente en términos de consumo eléctrico y uso de agua, puede intensificar los impactos del calentamiento global. Esta ambivalencia adquiere especial relevancia en un contexto donde las proyecciones actuales indican un posible aumento de la temperatura media global por encima de 2.7 grados Celsius, un umbral asociado con riesgos severos para la estabilidad ambiental, económica y social de múltiples regiones. La COP30 se convierte así en un espacio donde ciencia, política internacional y tecnología convergen para definir decisiones con consecuencias de alcance global.
La paradoja es evidente y desconcertante. Por un lado, la IA parece ofrecer un salto tecnológico capaz de acelerar la transición energética, mejorar la precisión de los modelos climáticos, optimizar el funcionamiento de redes eléctricas y anticipar con mayor exactitud eventos hidrometeorológicos extremos. Pero por otro lado, su huella ambiental, relacionada con el consumo energético, el uso intensivo de agua y la demanda creciente de metales críticos, amenaza con agravar la misma crisis climática que busca resolver.
Para entender la magnitud de lo que ocurre en la COP30 es necesario observar el camino recorrido. La arquitectura climática internacional comenzó a tomar forma en 1992 con la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, donde se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Ese fue el primer reconocimiento global de que la actividad humana estaba alterando el sistema climático. En 1997, el Protocolo de Kioto introdujo obligaciones concretas de reducción de emisiones para los países desarrollados, pero la falta de adhesión plena y las dificultades de implementación limitaron su impacto.
En 2015, el Acuerdo de París representó un hito histórico: 194 países se comprometieron a limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados Celsius y a hacer esfuerzos para no superar 1.5. Sin embargo, en la práctica, las emisiones globales han seguido aumentando, y los compromisos financieros para apoyar a países en desarrollo no se han cumplido en los niveles prometidos. Hoy, a una década de París, la brecha entre lo que se debe hacer y lo que realmente se hace sigue ampliándose.
Realizar la COP en la Amazonía busca enviar un mensaje claro: proteger los ecosistemas estratégicos del planeta es una condición indispensable para cualquier estrategia climática. La presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha elevado las expectativas de un acuerdo de alto impacto político, especialmente porque Brasil aspira a reposicionarse como líder ambiental global. Pero el camino hacia un consenso es complejo. Bajo la superficie de los discursos oficiales persisten desacuerdos profundos sobre financiamiento, justicia climática, aranceles ambientales, tecnología y la eliminación progresiva de combustibles fósiles.
Empresas como Google o Nvidia y organizaciones especializadas en datos climáticos presentan herramientas de IA que analizan millones de registros en segundos, permiten modelar escenarios futuros, optimizan la operación de sistemas eléctricos y detectan deforestación o emisiones de metano con una rapidez sin precedente. Innovaciones como Climate Policy Radar procesan estudios, decretos, evaluaciones de impacto y documentos legales de una complejidad que antes requería equipos enteros de analistas. El proyecto NegotiateCOP, presentado durante la conferencia, utiliza IA para ayudar a las delegaciones de países pequeños a entender términos técnicos, cláusulas jurídicas y propuestas de otros países, nivelando así la asimetría histórica que ha caracterizado las negociaciones climáticas. La IA, por primera vez, se propone como un mecanismo para democratizar la información y equilibrar el poder negociador entre países.
Sin embargo, junto con estas promesas surgen advertencias inquietantes. La Agencia Internacional de Energía estima que los centros de datos ya representan el 1.5% del consumo eléctrico mundial, una cifra considerable que crece al 12% anual. Los modelos más avanzados requieren enormes cantidades de agua para refrigeración, consumos que son especialmente problemáticos en regiones con estrés hídrico. Estados Unidos, por ejemplo, alberga varios de los centros de datos más grandes del mundo en zonas que enfrentan sequías recurrentes.
Especialistas advierten que, sin regulación ambiental, la expansión acelerada de la IA podría convertirse en un nuevo factor de presión sobre los recursos naturales, incrementando las emisiones indirectas y agravando la crisis hídrica. Organizaciones como el Centro para la Diversidad Biológica han exigido evaluaciones ambientales estrictas para cada nuevo centro de datos y el uso obligatorio de energía renovable en esas instalaciones. El temor compartido es que la IA se convierta en un amplificador de desigualdades: los países con mayor capacidad tecnológica podrían controlar los modelos climáticos, la infraestructura de datos y la producción de conocimiento, mientras las naciones pobres quedarían marginadas de los avances.
En paralelo, y con fuerza creciente, surge otro actor decisivo en esta COP: los océanos. Aunque han sido durante décadas los grandes amortiguadores del sistema climático, apenas en los últimos años han comenzado a ocupar un lugar central en las negociaciones. El océano produce al menos el 50% del oxígeno que respiramos y absorbe entre el 25% y el 30% del dióxido de carbono emitido por actividades humanas. Además, captura más del 90% del exceso de calor generado por los gases de efecto invernadero. Sin embargo, esta función reguladora tiene un costo. La acidificación se acelera, los arrecifes de coral experimentan eventos de blanqueamiento masivo, las zonas de bajo oxígeno se expanden y la biodiversidad marina enfrenta una presión sin precedentes. El plástico, que constituye el 85% de los residuos marinos, amenaza con triplicarse para 2040, alcanzando niveles alarmantes de acumulación.
El lanzamiento del Desafío NDC Azul durante la COP30 constituye un avance relevante. Este programa busca integrar de manera formal las soluciones basadas en océanos en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, promoviendo la restauración de manglares, la protección de ecosistemas costeros, la descarbonización del transporte marítimo y el desarrollo de energías oceánicas. Además, el próximo inicio del Tratado de Alta Mar en enero de 2026 marca un acontecimiento histórico: por primera vez existirá un marco legal global para proteger dos tercios del océano que están fuera de las jurisdicciones nacionales.
Pero incluso con estos avances, la COP30 enfrenta obstáculos políticos notables. La Unión Europea insiste en que no renegociará sus compromisos financieros, mientras países del Sur Global exigen justicia climática y mayores mecanismos de compensación. Los aranceles ambientales europeos son motivo de fricción con naciones exportadoras, que los consideran barreras comerciales encubiertas. La eliminación gradual de combustibles fósiles es el tema más divisivo: mientras la comunidad científica señala que es indispensable para no superar el límite de 1.5 grados, los productores de petróleo y gas buscan diluir los compromisos o posponer decisiones.
También preocupa la desinformación climática, que se expande con rapidez en redes sociales y dificulta la comunicación pública sobre los riesgos reales del calentamiento global. Irónicamente, varias delegaciones proponen utilizar inteligencia artificial para detectar campañas de desinformación.
El éxito de la COP30 dependerá de cuatro acuerdos fundamentales: el compromiso explícito de reducir gradualmente el uso de combustibles fósiles; la creación de estándares ambientales para regular la IA; la integración formal de los océanos como eje estratégico de la acción climática global; y un financiamiento climático justo que permita a los países en desarrollo transitar hacia energías limpias sin caer en ciclos de endeudamiento.
