María Elena Bravo Hernández
Socióloga y psicóloga social. Participa en proyectos antiviolencia de género a mujeres
Las familias son complejas y diversas; son espacios contradictorios para las mujeres y niñas, porque pueden recibir amor y afecto dentro, pero con frecuencia sufren violencia y discriminación.
En las familias se gestan conflictos y relaciones de poder. Lo privado se ha hecho público después de una larga lucha de las mujeres por que se reconocieran y se sancionaran las expresiones violentas que en su interior se viven.
Sin embargo, en recientes días vimos de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, en un posible intento de hacer una exhortación a vivir en paz a quienes integran las familias, un mensaje que también se pudo leer como la negación a las violencias de género que viven las mujeres en sus hogares, lo cual sería muy delicado.
Casos pasados y recientes nos enfrentan, por si se nos olvida, al nivel de crueldad que se gesta dentro de una vivienda: menores abusadas sexualmente, hombres que han sido capaces de desmembrar el cuerpo de sus parejas como objetos de desecho.
Es una realidad, en los hogares se puede arrebatar la tranquilidad y la vida; y a decir de Segato, la primera práctica de poder del opresor es en la familia.
Ante eso, la idea generalizada de familia armoniosa es peligrosa. A pesar de ver las cifras, en que el INEGI había registrado que en las familias se vive violencia, que ONU Mujeres señalaba que 43.9% de las mujeres mexicanas ha sufrido violencia por parte de su actual o última pareja, se instruyó como una medida de protección ante el COVID19, que las familias se queden en casa. Así, en los hechos, se encierra a mujeres que ya vivían violencia con su agresor.
O, situación probable: el encierro fue el punto para detonar la violencia en diversos tipos, como lo muestra el incremento de llamadas a los números de emergencia de Puebla y de todo el país.
El aumento de solicitudes de refugio subió un 50%, según la Red Nacional de Refugios; aumentaron también las denuncias de mujeres al 911 a partir del confinamiento.
Estas quejas y denuncias son apenas una fracción del número de casos que ocurren, una parte de lo que realmente sucede. Hay mujeres rurales y urbanas que no tienen cómo llamar al 911 aunque quisieran, por falta de saldo, teléfono o señal; otras no denuncian porque saben que no les creen.
Es importante reconocer también que hay un imaginario colectivo respecto a que “las mujeres mienten”, que mienten sobre sus casos; en la violencia también hay una creencia colectiva de “su merecimiento”, que se concreta en cuestionamientos como: “¿Qué habrá hecho?”, “él es su marido”, frases que autorizan en lo colectivo al hombre a “corregirla” con diferentes tipos de violencia.
Y ¿qué andaba haciendo fuera? O ¿por qué no lo dejó? Todas ellas desacreditan a la víctima y justifican al agresor, le trasladan a ella no sólo la responsabilidad de la agresión, sino la autoprotección, cuya obligación corresponde a diversos organismos y poderes del Estado. Por lo tanto, para detener la violencia no sólo hace falta que se rompa la colusión masculina, hay que evidenciar la complicidad social, la que muestra una especie de empatía que justifica al agresor y que cree que detrás de cada acto violento hay un merecimiento de la víctima; aquella fracción que ha visto a la violencia como una costumbre, pero que urge que sepa que esa costumbre puede llegar a crimen y también hay que hacer visibles a las y los guardianes del patriarcado dentro de las instituciones.
A pesar de los datos, con la urgencia de recursos adicionales para salud, se está recortando el presupuesto para atenderla, por ejemplo a las Casas de las Mujeres Indígenas (Camis), únicas alternativas de atención entre pares, para mujeres víctimas de violencia en población indígena; la falta de recursos para más refugios para víctimas ¡a los que tienen que ir para salvar su vida!, lo mismo que la eliminación de recursos de gobierno para OSC que luchan contra la violencia en espacios donde los gobiernos no pueden llegar.
