Jorge Alberto Calles Santillana
El asesinato de Alma Rosa Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato, ocurrido el martes pasado y el atentado sufrido el miércoles por José Alberto Alonso, candidato de Fuerza México a la alcaldía de Acapulco, son los últimos actos de violencia extrema que se han registrado durante este proceso electoral. Con 88 asesinatos, tanto de políticos como de aspirantes, registrados desde septiembre del año pasado, el actual proceso se ubica como el evento intermedio más violento y sangriento en la historia política reciente.
Tal vez porque los eventos ocurren en diferentes partes del país y porque la cobertura mediática se ocupa de ellos desde su particularidad así como desde una perspectiva de nota roja, no alcanzamos a observar su dimensión política, el entramado de posibles factores que los hacen posibles, como tampoco las consecuencias que pueden tener en el mediano y largo plazo.
Debemos destacar, en primer lugar, el hecho de que la violencia electoral es un fenómeno reciente en México.
Según los Informes de Violencia Política en México de Etellekt, los actos de violencia política en procesos electorales aparecen con la transición democrática. Mientras que en las elecciones de 1999 y 2000 sólo dos políticos fueron asesinados, ninguno de los cuales era aspirante a cargo alguno, en la contienda actual 34 candidatos han sido ya victimados, además de otros 54 políticos relacionados con el proceso.
El crecimiento es exponencial, brutal. En las elecciones intermedias de 2003 ningún aspirante fue ultimado; seis años después, en el proceso intermedio de 2009, si bien la violencia creció y se registraron 37 asesinatos, el mayor número registrado hasta ese momento, sólo tres de ellos aspiraban a un cargo. La elección intermedia del 2015 registró un incremento sustancial de muertes políticas violentas, 67; sin embargo, sólo seis eran candidatos.
Así pues, el número de aspirantes quehan visto sus vidas segadas en esta elección es exagerado, si bien menor, hasta el momento, que el registrado en la elección presidencial del 2018. Se advierte una tendencia creciente de violencia electoral.
Una segunda cuestión que el análisis de Etellekt hace evidente es que la elección intermedia del 2015 es un parteaguas en la historia de la violencia electoral. Los 67 asesinatos registrados en ese momento significaron prácticamente la duplicación de los asesinatos ocurridos en las elecciones tres años antes, en 2012. El proceso electoral que vivimos hoy, igualmente intermedio, más corto que el anterior, el de 2015 y aún sin concluir, lo ha superado ya y por mucho. Si consideramos, además, que la elección presidencial de 2018 ha sido el proceso más violento de los últimos años pues se cometieron 200 crímenes políticos, 48 de los cuales fueron en contra de aspirantes a algún cargo, las cifras actuales deben horrorizarnos. Si la tendencia se mantiene, el proceso del 24 puede llegar a magnitudes insospechadas. No sería descabellado especular que los atentados podrían alcanzar a los candidatos presidenciales.
Otros datos relevantes: la mayoría de quienes son ejecutados son funcionarios políticos o aspirantes a cargos de nivel municipal. Además, no existe mucha información que indique que los crímenes hayan sido esclarecidos.
Es muy posible que la mayoría de ellos permanezcan irresueltos y los autores intelectuales y materiales, impunes.
14 de los asesinatos de los 34 aspirantes se cometieron en contra de mujeres.
Aun cuando no hay suficiente información para sostener que los suyos sean crímenes de odio y no crímenes simplemente políticos, estadísticas del INE respecto de procesos electorales locales de 2018 y 2019 reseñan abundantes acciones de violencia de género.
Es posible, entonces, que en este proceso electoral esa violencia continúe estando presente y que, muy posiblemente, esté registrando incrementos.
Entre los expertos en la materia no hay coincidencias respecto de las causas de esta violencia. Hay quienes sostienen que grupos del crimen organizado podrían ser quienes ejecutan a candidatos que podrían resultarles incómodos. El hecho de que la violencia tenga más presencia en lugares como Oaxaca, Guerrero y Guanajuato apoya la hipótesis. Sin embargo, hay otros lugares con fuerte presencia de grupos criminales en los que no se registran actos de violencia electoral.
Por otra parte, si bien desde 2006 se ve una tendencia creciente en los niveles de violencia, no es sino hasta 2015 cuando ésta se dispara. Por otra parte, el hecho de que en 2018 la mayoría de los candidatos asesinados perteneciera a Morena, partido en ese momento opositor, y de que ahora, en cambio, los caídos hayan pertenecido a los partidos opositores a Morena, mueve a pensar hipótesis políticas. Algunos expertos sostienen, adicionalmente, que la violencia proviene de los grupos políticos que quedan insatisfechos con los procesos de selección de candidatos. La transición democrática propició violencia, en vez de mantener la convivencia más o menos pacífica, propia del régimen autoritario.
Así, en un escenario de creciente polarización, de mayor injerencia del crimen organizado en los procesos electorales, con un sistema de seguridad rebasado y un sistema judicial incapaz de resolver los asesinatos políticos, como también una cultura patriarcal que no cede a pesar de una mayor participación femenina en el sistema político, es difícil imaginar que en tres años más la elección presidencial no ocurrirá en medio de una fuerte ola de violencia.
