Diana López Silva
Desde el Congreso de Puebla se busca sancionar con cuatro a 10 años de prisión, así como multa de mil a 2 mil veces al valor de Unidad de Medida y Actualización (UMA), a peritos que incurran en falsedad de declaraciones.
El diputado local por el Partido del Trabajo (PT), Miguel Octaviano Huerta Rodríguez, explicó que se trataba de tipificar como delito contra la procuración y administración de justicia la alteración de los hechos ocurridos en un posible delito, con la finalidad de encubrir errores en las investigaciones o porque los peritos dejaron de examinar, emitiendo un dictamen poco profesional.
El objetivo –explicó– es que se incluya la prisión por esta práctica y, de ser aprobado, eliminaría la posibilidad actual de retractarse antes que sea dictada sentencia.
Así se evitaría señalar a inocente como culpable o que el verdadero autor del delito quede sin castigo.
