Claudia Espinoza
Desde el 4 de junio del año anterior hasta el pasado jueves, se han contabilizado en México 50 incidentes de violencia dirigidos contra aspirantes a cargos de elección popular, revela un informe de la organización Laboratorio Electoral.
Este panorama incluye dos sucesos específicos en Puebla, destacando en un contexto de preocupación nacional por la seguridad de los participantes en los procesos electorales.
De la cifra total, 33 casos resultaron en muertes, con 11 atentados, dos amenazas y cuatro secuestros o desapariciones, evidenciando un patrón de violencia con el claro objetivo de influir en los resultados electorales.
Las víctimas incluyen desde aspirantes y candidatos hasta colaboradores de partidos y funcionarios públicos, subrayando el grave riesgo que enfrentan quienes participan en la política.
La violencia ha seguido un patrón temporal, con un promedio de 3.6 asesinatos relacionados con el proceso electoral cada mes.
Enero y julio fueron los meses con mayor número de incidentes, coincidiendo con etapas críticas de las campañas electorales como la selección de precandidaturas y la definición de candidaturas por los partidos políticos. Este patrón refleja una tendencia preocupante observada en elecciones anteriores.
En Puebla, dos eventos violentos resaltan: los asesinatos de Porfirio Hernández Aparicio y Javier Torres Barrera, ambos vinculados con el ámbito político y asesinados en contextos que sugieren un intento por alterar el equilibrio electoral.
A nivel nacional, la distribución de las víctimas mortales por género muestra una predominancia masculina, aunque las mujeres representan casi la mitad de las víctimas en categorías de violencia electoral menos letales como atentados y amenazas.
Esto refleja una amplia gama de riesgos para todos los participantes en el proceso electoral, independientemente de su género.
La geografía de la violencia electoral es variada, con Guerrero, Veracruz y Michoacán liderando las estadísticas de incidentes. Sin embargo, la violencia se ha esparcido por una amplia sección del territorio nacional, afectando a 13 de las 32 entidades federativas. Aunque la mayoría de las víctimas se registraron en estados gobernados por Morena, la violencia no discrimina por afiliación política, afectando a diversas regiones y grupos políticos.
