La diputada federal poblana Blanca Alcalá Ruiz lamentó la actitud de Morena y sus aliados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022 sin considerar ninguna de las propuestas planteadas por los partidos de oposición.
“Es un presupuesto centralista, de un sólo hombre y hecho con fines electoreros, mas no pensando en la recuperación económica y el empleo de millones de mexicanos, aseguró.
Consideró que las asignaciones presupuestarias “dejan fuera actividades y responsabilidades esenciales que el Estado tiene para con sus ciudadanos; no están siendo atendidas”.
También observó que no contempla desarrollo de infraestructura, ni tampoco programas que contribuyan al apoyo del sector productivo, Pymes, Mypimes y por tanto no favorece a la generación de empleo.
Resaltó que hubo asignaciones de recursos “muy absurdas” y entre otros temas, cuestionó el tratamiento presupuestal en materia de salud por ser, ante la pandemia de COVID-19, un tema de alta preocupación social
Acusó por ello a los morenistas de actuar simplemente como oficialía de partes del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y asignar un presupuesto “por consigna”.
La legisladora del PRI dijo que, además, los morenistas no acataron el mandato constitucional que establece como una de las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, la de “aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal”.
Entre las deficiencias del proyecto aprobado por la mayoría legislativa de la 4T y sus aliados la madrugada del pasado domingo que consideró afectarán a la economía y a la población, en su calidad de secretaria de la Comisión camaral de Presupuesto e integrante de la de Hacienda, destacó que la proyección sobre el crecimiento económico “es demasiado optimista”.
“No se cuenta con un programa fiscal integral de reactivación económica, ni con un presupuesto que incremente significativamente la inversión pública; de hecho, los principales organismos financieros internacionales y las agencias calificadoras, así como diversas instituciones financieras proyectan un crecimiento económico para México de entre 2.7 y 3.0%”.
Señaló también que la deuda total de Pemex (2.4 billones) y los recursos destinados a producción y exploración no han logrado que la empresa estabilice ni incremente su producción, que debería aumentar para 2022, pero se ve complicado que lo alcance.
Consideró que estos dos factores pueden incidir negativamente en los ingresos públicos y, como ocurrió desde 2019, al no alcanzarse las metas originalmente previstas, se verán obligados a recortes presupuestarios principalmente en inversión, que se recurra a subejercicios y recortes en áreas que ponen en riesgo la operatividad de las dependencias y se afecten aún más los recursos destinados a las entidades federativas.
Al respecto, aseguró que resulta absolutamente falso señalar que “no se ha recurrido al endeudamiento” en virtud de que la deuda neta del sector público, en su definición más amplia, pasó de 10.5 billones de pesos en diciembre de 2019 a 12.5 billones de pesos en julio de 2021; es decir, 2 billones de pesos más en 32 meses. Y el déficit previsto para 2022 (885 mil millones de pesos) es muy alto como porcentaje del PIB”.
También reveló que la tan mencionada austeridad presupuestaria no se observa en las cifras del gasto público. Así, por ejemplo, el pago de servicios personales (nómina del gobierno) se prevé en 1.4 billones de pesos, lo que representa un incremento de 91 mil millones de pesos, respecto de lo aprobado en 2021 y significa la nómina más alta de la historia.
Tampoco se observa una reducción significativa en lo que respecta al resto del gasto de operación, ya que para 2021 se proyecta en 1.41 billones de pesos, en tanto que el gasto de inversión parece insuficiente para generar y contribuir al crecimiento económico proyectado, ya que por cada peso que se gaste el próximo año, sólo 13.7 centavos serán para inversión.
Por otra parte, consideró que las entidades federativas y sus municipios son los grandes perdedores de este presupuesto y sus habitantes sufrirán las consecuencias, toda vez que aunque las participaciones federales serán el año entrante mayores en 98 mil millones, si consideramos lo que realmente se ha ejercido entre 2019 y 2020, existe todavía un balance negativo de al menos 40 mil millones.
—Se cuestiona que no observaron reasignaciones al campo, a la educación, al combate a la violencia a las mujeres, a los medicamentos para niños con cáncer, para hacer resurgir las estancias infantiles y el seguro popular, así como recortes a organismos, en especial a INE.
—Desde luego que se cuestiona, ya que para combatir pobreza y desigualdad, no es suficiente regalar dinero, como lo hace este gobierno, ya que se requiere de programas complementarios e integrados, dirigidos a los sectores objetivo; pareciera que les preocupa más obtener votos, que combatir la pobreza.
Al respecto, puntualizó que a pesar de que durante los últimos tres años el gasto en desarrollo social se ha incrementado 39.8%, datos de la Coneval muestran que la pobreza se incrementó en casi 3.8 millones de personas (1.5 millones han pasado a pobreza extrema), más de 15 millones de personas dejaron de tener acceso a la atención médica, mientras que la clase media disminuyó en 6.3 millones de personas.
“Es decir que gastamos más y tenemos más pobreza y desigualdad, esto lo primero que te muestra es una mala calidad del gasto social y por ello los escasos resultados en materia de pobreza y desigualdad”.
Entre los ejemplos que calificó de “muy dramáticos” y que son el resultado de “absurdas asignaciones presupuestarias”, la legisladora del PRI refirió varios en materia de salud, que tras la pandemia pasó a ser una de las mayores preocupaciones sociales.
Dijo que para el año entrante Morena aprobó un incremento de 109 mmp al gasto programable para el IMSS, pero del total del gasto, el 63% está destinado al pago de pensiones.
Para inversión en hospitales del propio IMSS, hubo una disminución de poco más de 100 millones respecto del autorizado para 2021, y apenas representará sólo el 1% del gasto total.
Y por su parte, el gasto en medicinas ascenderá a 59 mmdp lo que representa sólo el 5.9% del total de su gasto y le redujeron casi en 3 mil mdp su gasto en medicinas respecto al año que termina.
Aún más: a pesar de la pandemia de COVID-19, entre 2019 y 2021 el gasto de protección en salud destinado a las entidades federativas y municipios, pasó de 71 mil 215 millones de pesos, a CERO pesos en 2021, lo que en gran parte explica la falta de medicamentos y que ahora poco más de 15.8 millones de mexicanos no tengan acceso a servicios de salud.
“El Insabi no ha podido cumplir con su tarea”, remató.
Respecto a que el presupuesto haya sido aprobado sin modificar ni una sola coma del proyecto presidencial, Blanca Alcalá concluyó que “Morena y sus aliados perdieron una gran oportunidad de asumir su responsabilidad como interlocutores entre la oposición que conformamos la alianza Va por México y el gobierno de la 4T”.
“La propuesta que nosotros presentamos incluía una gran variedad de temas que son necesarios y algunos urgentes para la atención de ciudadanos, de personas con nombre y apellido que esperan respuestas de sus autoridades, a quienes el gobierno sin importar color, o preferencia política debe de atender”.
Advirtió que en los próximos años “muchos de estos problemas podrían agravarse y ser demasiado tarde o demasiado costoso corregir o adoptar nuevas políticas públicas en materia de salud, educación, violencia que involucra sectores tan sensibles como niñas niños y adolescentes, las mujeres inclusive, y aunque suene paradójico, de los adultos mayores y el deterioro de su salud a quienes su pensión universal terminará siendo muy modesta en relación con la atención médica que demanden y el bienestar al que deberían de aspirar”.
No obstante, dijo que para el PRI y quienes conforman la alianza Va por México el trabajo no terminó el día de la aprobación del PEF, “ya que hacia adelante tenemos muchas tareas y responsabilidades que asumir, por ejemplo, ejercer puntualmente las facultades de fiscalización que tiene la Cámara de Diputados, empezando por los informes trimestrales del gasto que rinda la Secretaria de Hacienda, los de la Auditoría Superior de la Federación, inclusive diseñar una nueva ruta de cara a los proyectos del paquete económico de los siguientes años”.
Negó que ahora pudiera haber una eventual “venganza” de la oposición ante la próxima aprobación de la controvertida reforma en materia eléctrica, porque “ante todo estaremos discutiendo el futuro del país y del bienestar de la gente”.
“En principio debe ser un tema que sea debatido ampliamente por todos los sectores, y debemos de encontrar la mejor solución; me parece que la reforma presentada por el Ejecutivo federal tiene muy pocas probabilidades de ser aprobada en los términos que ha sido presentada”.
Sin embargo –enfatizó– en el grupo parlamentario estamos abiertos a analizar con detalle las características del modelo vigente y de contrastarlas con la propuesta que ha sido remitida a la Cámara.
“En principio tendremos que revisar, analizar y evaluar qué es lo más conveniente para México”, finalizó.
