Reforma, impropia de una democracia

Jesús Peña

La reforma electoral, planteada por el presi­dente Andrés Manuel López Obrador, generará una estructura endeble y tempo­ral, que fortalecerá e incremen­tará la centralidad y hegemonía del Poder Ejecutivo frente al res­to de las instituciones, lo cual es impropio de una república fede­ral, señala la Universidad Popu­lar Autónoma del Estado de Pue­bla (UPAEP).

De esta forma, el Decanato de Ciencias Sociales de la insti­tución educativa fija su postura frente a la iniciativa que preten­de sustituir al Instituto Nacio­nal Electoral, así como disolver a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y a los Tribu­nales Electorales de los Estados, bajo el argumento de ahorrar 20 mil millones de pesos anuales.

Esta declaratoria se da previo a que, el domingo próximo, diver­sas ciudades del país –entre ellas Puebla– participen en la marcha nacional para la defensa del INE, la cual ha sido descalificada por el propio López Obrador.

“El proceso de elección direc­ta en las urnas de los conseje­ros electorales del INEC no ga­rantiza imparcialidad ni inde­pendencia, pues dependerá de la voluntad política del pueblo; con ello se pasaría de un asunto técnico-político, como es ahora, a uno eminentemente político, pues los electores no fijarán pa­rámetros técnicos para decidir a quién otorgarán su voto”, citan.

Además, la desaparición de los tribunales estatales signifi­cará una enorme carga de tra­bajo para los magistrados fede­rales, en especial porque muchas elecciones locales están homolo­gadas en sus fechas con las fede­rales, lo que significa muchos re­cursos legales, interpuestos por partidos y candidatos, a resolver.

“Nuevamente estaría en ma­nos de los electores la designa­ción de quienes fungirían como los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa­ción, en un proceso que debería ser técnico y no político-partidis­ta”, destacan al tiempo de preci­sar que el proceso no garantiza imparcialidad ni independencia.

Respecto a retirar recursos a los partidos políticos, los deca­nos señalan que el abuso que ha habido no debe ser pretexto para eliminar el financiamiento pú­blico, sino reforzar los mecanis­mos de control y buscar una re­ducción, pero no desaparición, de lo contrario se corre el riesgo de que llegue dinero de la delin­cuencia organizada a partidos y candidatos.

También se pronunciaron a favor de mantener las diputaciones de representación proporcio­nal (plurinominales), pues alivia en parte la desproporción que la mayoría relativa provoca, lo que garantiza una representación lo más fiel posible de la correlación de fuerzas en el electorado.

Por otro lado, respalda la re­ducción en el número de sena­dores eliminando la figura de re­presentación proporcional.

“En cuanto a la reducción de miembros de Congresos locales y de Cabildos, no debemos olvi­dar que un órgano deliberativo es más representativo si tiene más miembros por cierta canti­dad de habitantes, pero también tiende a ser más eficiente si tiene menos. Aquí la pregunta, por lo tanto, sería: ¿Queremos Congre­sos y Cabildos más representati­vos o más eficientes?”, subrayan.

Así, el Decanato de Ciencias Sociales de la UPAEP concluye que la creación de órganos autó­nomos es vital para la democra­cia, y en ese sentido el INE des­de su creación en 1990 (cuan­do era el IFE) no ha descalificado una elección; al contrario, “ha sido un referente de profesiona­lismo y transparencia, siendo re­conocido en el mundo entero”.

“El descrédito al INE es resul­tado no de errores o supuestos fraudes, sino de una campaña de desprestigio orquestada por un grupo político que quiere des­truir la institución gracias a la cual fue posible la transición a la democracia y, por ende, su lle­gada al poder”, señala el escrito.

Y agrega: “El recurso plebis­citario tiene límites claros y un carácter fundacional, constitu­yente y, por ende, no puede ser utilizado para todas las decisio­nes políticas. La idea de abrir el nombramiento de jueces o con­sejeros a voto directo abre la po­sibilidad de tener instituciones li­deradas por caudillos carismáti­cos antes que por expertos en la materia”.­

LA PROPUESTA TIENE RECHAZO INTERNACIONAL

La Comisión Europea para la Democracia a través del De­recho (Comisión de Venecia) emitió el pasado 24 de octubre una opinión técnica respecto del proyecto de reforma elec­toral, en la cual sostiene:

“Las enmiendas propues­tas no ofrecen suficientes ga­rantías de la independencia e imparcialidad del INEC y de los jueces del Tribunal Electoral.

El procedimiento propues­to para la elección directa de los consejeros del INEC y jue­ces del Tribunal Electoral debe ser reconsiderado, ya que no se ajusta a las normas interna­cionales y a las mejores prácti­cas en el ámbito electoral, que prescriben que debe haber una representación equilibrada de las diferentes fuerzas políticas en los órganos de administra­ción electoral (construidos de forma estricta o proporcional).

Los miembros de estos ór­ganos deben ser imparciales y profesionalmente competentes y, por lo tanto, no se les debe permitir hacer campaña (pre­sentarse como candidatos en las elecciones directas).

La creación de un INEC al­tamente centralizado debería ser reconsiderada”.

REFORMA

Los puntos importantes que plantea el proyecto de López Obrador son:

• Sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), absorbiendo las funciones de los OPLES –como el Instituto Electoral del Estado de Puebla–, por lo que desaparecerían
• Reducir el número de consejeros electorales de 11 a siete, que se elegirían por voto directo, para un periodo de seis años
• Los candidatos serán propuestos así: el presidente de México postularía a 20, la Cámara de Diputados a 10, los senadores a 10 y la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 20
• Disolver los Tribunales Electorales de los Estados, por lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será el único facultado para dirimir controversias
• Los siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF serían elegidos por voto directo, por seis años y postulados así: el presidente propondrá a 10 personas, los diputados a cinco, otros cinco por los Senadores y la SCJN a 10 más
• Los magistrados electorales que integran las Salas Regionales Federales también serían elegidos popularmente, mediante el voto directo y secreto por regiones
• Se retiraría el financiamiento a los partidos políticos para gastos ordinarios y sólo se entregará para gastos de campaña, por lo que deberán sobrevivir a través de aportaciones de sus militantes
• Se reduciría de 500 a 300 las diputaciones federales. Desaparecerían las de mayoría simple y por representación proporcional en cinco grandes circunscripciones, para que en su lugar se voten listas que postulen los partidos por cada entidad federativa, es decir, serían 32 pequeñas circunscripciones
• Se reduce de 128 a 96 las senadurías, lo que significa tres representantes por cada entidad
• Busca reducir las diputaciones locales y regidurías en los ayuntamientos
• Se propone implementar el sistema de voto electrónico