Por: Jorge Alberto Calles Santillana
A finales del mes pasado, la Cámara de Diputados aprobó la llamada “Ley Olimpia” en honor a su promotora, la joven poblana Olimpia Coral Melo, mediante la cual toda aquella persona que incurra en violencia digital se hará acreedora a penas de entre tres y seis años de prisión. La ley prohíbe exponer, distribuir, difundir, comercializar o exhibir imágenes, audios o videos de contenido sexual de una persona sin su consentimiento, así como todos aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad de las mujeres, cometidos por medio de tecnologías de información y comunicación.
Este hecho es un verdadero triunfo personal de la joven Melo y un avance colectivo en el camino hacia una sociedad menos sexista y violenta.
Aunque ya se ha dado a conocer, no está de más repetir la historia de esta heroica batalla contra la bestialidad. Olimpia fue humillada públicamente al ser exhibido en la red un video en el que se le veía teniendo relaciones sexuales con quien en ese momento era su pareja. Las reacciones reprobatorias en su entorno la hundieron en una depresión tan profunda que intentó poner fin a su vida.
Sin embargo, la reacción humana, sensible y solidaria de su madre la llevó a reconocer que no era ella quien debía sentir vergüenza, sino el cobarde que había hecho público el video. Eso le permitió entender que ella no había incurrido en nada anormal ni condenable, por lo que se armó de valor y emprendió una lucha legal por conseguir que tales actos fueran tipificados como delitos y se les asignaran penas carcelarias. Después de un andar largo, valiente pero complicado, Olimpia ha visto su esfuerzo coronado: su propuesta ha sido ya adicionada a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El éxito no es menor. Según datos del INEGI, en 2019 casi 18 de 74 millones de usuarios de internet fueron víctimas de acoso cibernético, esto es, casi un 28 por ciento. La proporción es altísima. Las mujeres fueron mayoritariamente acosadas, especialmente quienes tenían entre 12 y 29 años. Asimismo, un informe de Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México señala que los delitos contra la intimidad sexual en la Ciudad de México registraron un aumento del 64 por ciento en enero de este año, en comparación con el mismo mes del año pasado. Casi tres delitos por día se cometieron allí, según el informe. Colectivos feministas de Querétaro informaron, también a principios de este año, que en esa entidad se denunciaron cinco delitos de violencia digital contra mujeres durante enero.
El logro de Olimpia se suma a la cadena de éxitos legislativos que las mujeres no solamente mexicanas, sino también latinoamericanas y de todo el mundo, han venido acumulando en los años más recientes. Por supuesto que es muy relevante este avance; quienes cometen actos de tal brutalidad no merecen sino la cárcel.
Sin embargo, como una y otra vez los diferentes colectivos feministas han reconocido, legislar acerca de la seguridad de las mujeres es necesario, mas no suficiente. Mientras no se tomen medidas concretas que transformen las relaciones de poder que dan estructura a la violencia de género, las leyes sólo serán útiles para castigar a quienes se les compruebe haber violentado a alguna mujer. Pero el acoso pervivirá.
Las mujeres son violentadas todos los días, a toda hora, en todo lugar. Esa violencia es ejercida hasta a través del lenguaje. De allí que muchos de los casos concretos de violencia se cometen no con plena conciencia por parte de los perpetradores. Esto es, porque vivimos en una sociedad en la que la cotidianeidad transcurre en prácticas sociales rutinarias que asumimos normales. Una enorme cantidad de esas prácticas “normales” están organizadas alrededor de las creencias culturales acerca de la supuesta superioridad masculina. Para reducir la violencia de género se requiere, pues, evidenciar la carga de prejuicios sobre la que se organizan nuestras interacciones.
Así que no basta con conseguir la penalización de la violencia; es necesario desaparecerla. Esas concepciones de superioridad/inferioridad se adquieren en múltiples prácticas sociales concretas del día a día. Es allí, entonces, en donde se debe trabajar con niños y niñas, con jóvenes y adultos de ambos géneros. Desentrañar el ADN de la violencia de género reclama, prácticamente, una operación antropológica.
No está de más, entonces, insistir en que los gobiernos de todos los niveles deberían acercarse a los grupos de la sociedad civil que han trabajado sobre estos asuntos. Es necesario realizar trabajo de gestión en pro de la igualdad en el micro-nivel de la vida social. Para ello se requiere imaginación y recursos. Los grupos feministas deberían promover acercamientos con las autoridades. Éstas, hacer a un lado sus deformaciones ideológicas y conectar con quienes tienen el conocimiento y la voluntad de promover cambios en este sentido.
Ahora que vivimos tiempos de campañas y que los partidos están ávidos por agenciarse la simpatía y el voto de los ciudadanos, bien valdría la pena que algunos de ellos propusieran políticas públicas a ser aplicadas en las comunidades para recomponer el tejido social, reconstruir las relaciones de género y combatir de frente la violencia de género. Se gana más previniendo que castigando.
