La libertad de cada persona termina donde empieza
la de los demás; esto es, los derechos individuales
concluyen justo donde empiezan los de otros.
Este principio universalmente aceptado, que se atribuye a reflexiones del filósofo y escritor francés Jean-Paul Sartre, podría aplicarse cabalmente a la posibilidad de que se impongan medidas restrictivas para aquellos que todavía se oponen a aplicarse la vacuna contra la COVID-19.
Tal medida, que fue sugerida este miércoles por el gobernador estatal Luis Miguel Barbosa, tiene un profundo significado y en su momento debería ser ponderada a profundidad.
No se trata de limitar los derechos humanos de nadie, ni de restringir la movilidad o garantía de tránsito de los “negacionistas”, sujetos que por definición son aquellos que “eligen negar la realidad…”
No es un castigo para los renuentes, tampoco una actitud de exclusión contra nadie.
Se respeta su decisión de abstenerse a la dosis a pesar de su probada efectividad, pero ese segmento poblacional también debería respetar el derecho a la protección de la salud de quienes ya se vacunaron.
En el fondo, de lo que se trata es de proteger al conglomerado social, de evitar que ellos como posibles portadores y sin protección, al no estar inoculados, contagien a los demás.
Eludirlo nos conduciría a un cuento de nunca acabar; a un interminable círculo vicioso.
Por ello parece razonable que al menos en lugares públicos –restaurantes, centros comerciales, bancos, hoteles, aeropuertos, espectáculos, eventos sociales, etcétera– se imponga como requisito exhibir el certificado de vacunación.
Lo mismo podría aplicarse en los centros de trabajo, sobre todo ahora que tras la reactivación económica están cada vez más concurridos.
La medida no es discriminatoria, tampoco es una exageración.
Tan es así que ya se aplica en algunos estados de la Unión Americana, y en otros muchos otros países europeos, asiáticos y latinoamericanos.
Es de celebrarse que el mandatario estatal haya expresado abiertamente que no descarta analizar esa posibilidad, “para cuidar a los que sí se han vacunado y para no poner en riesgo a la sociedad”.
Parece inevitable llegar a ese extremo, pero igual es necesario.
En el caso de Puebla en particular, hemos acreditado el esfuerzo monumental que se ha hecho para enfrentar la pandemia, con medidas incluso que han ido más allá de las que se han adoptado en otras entidades.
Nada se ha escatimado y el trabajo del sistema de salud poblano ha sido ejemplar, nadie lo cuestiona.
Y también en su gran mayoría, la respuesta social puede catalogarse como satisfactoria. Lo fue sobre todo durante el largo y penoso confinamiento y luego con su decisión de acudir a las convocatorias para aplicarse la vacuna.
Las cifras actuales registran notables mejorías. El martes pasado hubo sólo 22 contagios y un solo deceso, mientras que los hospitalizados no llegan a 200.
Sin embargo, está amenazante una nueva oleada, un repunte inevitable por la temporada de fríos que ya nos abate, además que estaremos en presencia de una muy alta movilidad social por las fiestas de fin de año.
Ante ello, la mejor arma para enfrentar la pandemia sigue siendo la vacuna y es loable el esfuerzo que se hace para llevarla a todos los rincones.
Por fortuna, el gobierno federal apenas decidió que también se atenderá el amplio segmento de los adolescentes. No es un asunto menor, pues estamos hablando que según cifras del Inegi, las personas entre 15 y 17 años en el país suman casi los once millones.
Tan solo en Puebla en ese rango son 367 mil 631 que también serán vacunados y que se suman el bloque de quienes con derecho exigen que los demás hagan lo mismo.
La medida de incluir a los adolescentes, aunque bienvenida, llega tarde por parte de las autoridades sanitarias del gobierno federal.
Erráticos y reactivos como siempre, el secretario de Salud Jorge Alcocer Varela y su ineficiente subsecretario López-Gatell tendrán que tragarse sus palabras.
Uno dijo que no vacunaría a sus nietos; el otro, que las vacunas para menores de edad no son necesarias y sólo le quitan la oportunidad a los mayores, lo que provocó que muchos padres familia tuvieran que recurrir a la vía legal, y obligar mediante amparos que vacunaran a sus hijos.
Esos desaciertos ya quedaron atrás y ahora, con visión más positiva, reconforta que hay también buenas noticias, por ejemplo, que tras probar su efectividad, el laboratorio Pfizer ya puso a disposición unas pastillas para combatir a la COVID-19.
Incluso, la propia farmacéutica estadounidense pidió que la patente de su píldora contra el coronavirus sea compartida para que México y otros 94 países accedan al medicamento.
Ni duda cabe que la ciencia está haciendo lo suyo.
A las píldoras recién aprobadas, han surgido otras innovaciones, como un dispositivo médico creado por la empresa Poppy, capaz de recolectar un caldo de virus que flota en el aire de hospitales y cruceros, haciendo más seguros esos y otros espacios.
Ya vendrán otros avances hasta que algún día se pueda asegurar que la COVID-19 no tiene la letalidad que ahora nos agobia; pero mientras, caben todas las medidas precautorias que sean necesarias, incluyendo restricciones para los que resisten a la vacunación.
No son tiempos de vacilaciones.
Ojalá que en su momento, según los escenarios, se analice objetivamente ese tema y se decida limitar el contacto social a todos por igual.
