Para este domingo está programada la llamada “Consulta popular” que a instancias del gobierno de la cuarta transformación (4T) tiene el propósito de enjuiciar a los expresidentes de México, en los periodos de Carlos Salinas hasta el previo de Enrique Peña Nieto.
Es de lamentarse que este histórico primer ejercicio que a nivel nacional se lleva a cabo en el país esté sustentado en la farsa y el absurdo.
¿O es que en algo contribuye preguntar si debe aplicarse la ley en contra de quienes presuntamente cometieron en el pasado algún delito?
Si en verdad se pretende “esclarecer” decisiones de antiguos actores políticos “para garantizar la justicia y los derechos de posibles víctimas”, no es necesario preguntarle a nadie.
La ley debe aplicarse siempre sin tapujos y sin necesidad de consultarlo.
Se ha dicho que este mecanismo de participación directa permite a la ciudadanía emitir su opinión “sobre un tema considerado de interés público”.
¿En verdad esta consulta es de interés mayoritario?
Si fuera el caso, mejor deberían abordarse otros asuntos que hoy en realidad son de alta prioridad y de auténtico interés colectivo.
¿Por qué no mejor una consulta para preguntarle a millones de familias si están de acuerdo a que sus hijos regresen a clases el 31 de agosto, como ya se dispuso “llueve o truene”, pese a que transitamos en medio de un brutal repunte de la pandemia?
¿Qué tal si nos preguntan si a pesar de sus múltiples tropiezos, el doctor Hugo López-Gatell debe seguir al frente de la estrategia nacional para el combate de la COVID-19?
¿O una consulta para decidir si los casi 500 millones de pesos que se gastarán este domingo, mejor se destinen a comprar los medicamentos oncológicos que se reclaman para salvarle la vida a cientos de niños con cáncer?
¿O que nos cuestionaran si es pertinente la estrategia de “abrazos no balazos” para combatir al crimen organizado?
¿O si queremos y se necesitan las inversiones millonarias para un nuevo aeropuerto y de un tren en la zona maya?
¿O ya de plano, en temas de legalidad y justicia, si debe investigarse a los hermanos del presidente López Obrador que fueron sorprendidos recibiendo paquetes de dinero con fines insospechados?
¿O si debería de haber sanciones por omisión, displicencia y hasta complicidad de algunos legisladores en el proceso para retirarle el fuero al diputado federal de Morena, el poblano Saúl Huerta, acusado de violar a un menor de edad?
¿O si es correcto desaparecer del presupuesto federal los fondos económicos (Fonden), que se destinaban para atender los desastres que frecuentemente ocurren en el país?
¿O incluso que nos preguntaran sobré cuáles son los temas idóneos para un ejercicio democrático de participación ciudadana, como el que hoy absurdamente vamos a iniciar?
En suma, la consulta popular de este domingo es de vergüenza.
Y lo peor, que es muy predecible: no se alcanzará el nivel de participación ciudadana requerido para que tenga validez, equivalente a 40% del padrón electoral, y entonces se acusará al INE por no haberla publicitado lo suficiente.
Más razones para el escándalo mediático y para abonar a la polarización que tiene fragmentada al país.
Apuesto doble contra sencillo.
