Soliloquio
Felipe Flores Núñez
En el curso de otra semana agitada, un par de temas llamaron especialmente la atención. Uno tiene que ver con el cada vez más candente proceso electoral y el otro con el agudo conflicto entre los Poderes Ejecutivo y Judicial.
En el cauce de ambos casos hay repercusiones que no deberían ser desatendidas debido a que atañen a fibras muy sensibles de la vida nacional.
Resalta, por un lado, el inédito suceso ocurrido el jueves pasado durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, cuando por una aparente “confusión” sus miembros votaron en contra, a pesar de que la gran mayoría –10 de 11– estaba a favor de la propuesta para obligar a los partidos políticos a postular cinco mujeres y cuatro hombres en las nueve elecciones en las que se disputará el año entrante la gubernatura, entre las que figura Puebla.
El enredo ocurrió al votar el acuerdo en lo general, pues se reservó el aspecto central del documento, el de la cuota 5-4, para votarse por separado, por lo que la mayoría no alzó la mano y el proyecto terminó siendo votado en contra. Ante la sorpresa de todos y al percatarse de que se desechó el proyecto, se determinó que al haber sido votado en contra el aspecto central, se tendrá que convocar a una nueva sesión para someter a aprobación un nuevo proyecto de acuerdo.
Tras el tropezón, la consejera Claudia Zavala resaltaría que hubo una indebida conducción de la sesión y del proceso de votación, lo que llevó a votar en contra del acuerdo, en tanto que su par Dania Ravel fue más allá, al acusar que en realidad se trató de una “chicanada” para no aprobar lo que desde días antes se había discutido y avalado en comisiones.
Luego, la misma presidenta consejera Guadalupe Taddei se sentiría “sorprendida” por el manejo de la sesión, al advertir que “somos una institución del Estado mexicano; si nosotros mismos damos pauta a esas situaciones…”.
En efecto, debe preocupar que en la víspera de una contienda electoral sin precedente, el INE, como responsable de su organización y como autoridad reguladora, cometa esa clase de pifias. No debe verse entonces esa anomalía como un hecho meramente anecdótico.
El asunto en cuestión es de la mayor envergadura, porque cualquiera que sea la decisión final en términos de paridad, afectará sustancialmente el tablero político por el reacomodo de las candidaturas, como es también el caso poblano.
Yerro, confusión o hasta posible “chicanada”, eso no debería ocurrirle al órgano cuya esencia es la imparcialidad, transparencia y certeza, amén de un alto grado de eficiencia, por lo que ese evento debe verse como un mal augurio, uno más entre los que ya oscilan en el ambiente electoral en vísperas de una elección histórica.
Hay otros muchos asuntos en los que el “nuevo” INE se ha visto en franca debilidad y otros en lo que parece excederse para aparentar una fortaleza que por ahora carece. Destaca entre esos desvaríos hacerse de “la vista gorda” ante los partidos políticos que de manera fragrante han adelantado los tiempos electorales.
No reconocer –y sancionar– que todos están haciendo campaña desde hace más de un año es una sus omisiones más graves y por demás incomprensibles.
En ese contexto, resalta sobremanera el caso de Morena por el uso indiscriminado de recursos –muchos de ellos presumiblemente públicos– para financiar la promoción personalizada de quienes fueron sus “corcholatas” para la candidatura presidencial, situación que luego se replicó en el caso de las nueve entidades que renovarán gubernaturas, entre las que Puebla no ha sido la excepción.
Miles de anuncios publicitarios, pinta de bardas, toneladas de utilería propagandística y centenas de eventos multitudinarios en todo el país, cuyo costo de muchos millones de pesos nadie se ha atrevido a fiscalizar.
En ese juego de dejar hacer y dejar pasar, el INE pretende en cambio aparentar su autoridad con disposiciones absurdas que luego son burladas por los actores políticos. Es el caso del reciente ordenamiento que emitió para prohibirle a Claudia Sheinbaum celebrar eventos en plazas públicas y abiertas, medida que ha sido desoída por la aspirante morenista, al celebrar esta semana varios eventos y mítines multitudinarios en Morelos y Guanajuato.
En medio de tanto vacío, tenemos hoy un INE indeciso, frecuentemente errático y falto de autoridad ante unos partidos políticos desbocados y dispuestos a todo, lo que hace crecer el temor de que el organismo electoral acabe por ser rebasado en perjuicio no sólo de su prestigio institucional, sino también de nuestra debilitada democracia.
El otro tema que ha levantado polvo y que amenaza con convertirse en torbellino tiene que ver con la acometida impulsada desde Palacio Nacional en contra del Poder Judicial.
La primera fase de lo que parece un virtual desquite ocurrió la madrugada del pasado miércoles, cuando Morena y sus aliados aprobaron la desaparición de 13 de los 14 fidecomisos, recorte que significa la sustracción de poco más de 15 mil millones de pesos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido toda la semana que dicho recorte no afectará a los trabajadores y que va destinado a los “privilegios de los de arriba”, lo cual a todas luces es una falacia.
La medida repercute y vulnera de manera directa los derechos adquiridos en los contratos de poco más de 50 mil empleados, en especial a lo relativo a sus pensiones, apoyos médicos y otras prestaciones previstas en las condiciones generales de trabajo de todo personal.
Tan sólo en el caso de Puebla hay casi mil 800 trabajadores que prestan sus servicios en diferentes niveles y áreas operativas en tribunales, juzgados, centros de justicia, entre otros.
Como reacción a tal medida, desde el martes pasado se inició como protesta un paro nacional y hoy mismo habrá manifestaciones públicas en diferentes plazas, incluyendo a Puebla, donde se realizará una marcha del Paseo Bravo al zócalo capitalino.
Estas movilizaciones han sido calificadas por López Obrador como toda “una rebelión” en contra de los demás Poderes. “Imagínense, una marcha para mantener privilegios, es de pena ajena. Además, mintiendo. Aquí hemos dicho: no se les van a quitar salarios, no se les van a disminuir sus sueldos a los trabajadores del Poder Judicial, ni se les van a quitar prestaciones, nada”, comentó el mandatario en su conferencia del fin de semana.
Lo cierto es que el recorte presidencial al Poder Judicial no es un ahorro a las finanzas públicas como se quiere justificar, sino un evidente acto de venganza fraguado en el “plan C” ante la suspensión de varios de los proyectos de la 4T, entre ellos el relativo a la pretendida reforma electoral con la que AMLO aspiraba obtener mayoría calificada en las elecciones del 2024 y así concretar, entre otros objetivos, que los ministros de la Suprema Corte sean electos por voto popular y no por la vía del Senado, como ahora ocurre.
La cancelación de fidecomisos y el recorte presupuestal al Poder Judicial deben visualizarse como parte de la obsesiva pretensión presidencial por anular lo que le signifique una amenaza, para lo cual es vital extinguir todos los contrapesos posibles. Ayer fue el INE, luego el INAI y ahora el Poder Judicial.
El pronóstico para los días por venir: aguas turbias y amenaza de fuertes tormentas.
Días convulsos en la ruta de un proceso electoral cuyo saldo es cada vez más impredecible.
