La prensa en México, entre el crimen y la estigmatización

Para el extinto escritor Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, “el periodismo es el mejor oficio del mundo”. Hoy, al menos en México, es también el más peligroso.

La vulnerabilidad de quienes ejercen esta profesión quedó evidenciada una vez más el pasado domingo, cuando fue asesi­nada en Tijuana la comunicadora Lour­des Maldonado.

Este crimen es el segundo cometido en una semana en esa ciudad fronteriza y el tercero en el país en este incipiente 2022. Apenas el pasado 17 de enero, el fotope­riodista Margarito Martínez fue atacado a tiros cuando subía a su vehículo. Una se­mana antes en Veracruz fue acribillado el periodista José Luis Gamboa Arenas, di­rector del medio digital Inforegio.

De acuerdo con un reporte de la orga­nización Artículo 19, el gobierno de Feli­pe Calderón reportó 48 casos de periodis­tas asesinados en todo su sexenio, y 47 en el de Enrique Peña Nieto. En el actual go­bierno de la 4T ya se rebasaron esas ci­fras, al llegar a 50.

Debe destacarse que los agresores, im­punes en el 74% de los casos, están vin­culados principalmente a servidores pú­blicos municipales (43%), seguido por la delincuencia organizada (33.5%), mien­tras que los patrones de agresión que más predominan son las amenazas, agresio­nes físicas y robo.

La periodista Lourdes Maldonado ul­timada el pasado domingo trabajó en Te­levisa, en el Primer Sistema de Noticias (PSN) y en el semanario Séptimo Día. Desde hace meses colaboraba en la emi­sora radiofónica Sintoniza sin fronteras y conducía un programa informativo por internet.

Ella había requerido hace tiempo pro­tección por temor ante un problema legal que sostenía con el exgobernador more­nista de Baja California, Jaime Bonilla, in­cluso acudió en marzo de 2019 a la con­ferencia diaria del presidente Andrés Ma­nuel López Obrador, en la Ciudad de Mé­xico, para denunciar que su vida estaba en peligro.

Tras escucharla, en ese entonces López Obrador pidió públicamente al coordinador de Comunicación Social que atendiera y apoyara a Maldonado “pa­ra que haga justicia, que no haya influ­yentismo y que se actúe en el marco de la ley”.

Hasta su homicidio, Lourdes Maldo­nado estaba adscrita al Sistema Estatal de Protección a Periodistas de Baja Cali­fornia, pero con restricciones. Una fuen­te confiable de aquella entidad nos reveló que a petición suya, sólo elementos poli­ciacos se comunicaban con ella tres veces al día, la última por la noche para confir­mar que estaba en casa y se sentía segura.

Apenas hace una semana, Maldona­do había hecho pública su victoria sobre la demanda laboral que había interpues­to en contra de la empresa propiedad del exgobernador Bonilla.

Cuestionado sobre este crimen que ha levantado protestas del gremio en todo el país bajo el grito “Prensa, no disparen”, el presidente Andrés Manuel López Obra­dor pidió este martes “no adelantar nin­gún juicio y pidió que se investigue a fon­do para que el caso no quede impune.

Habrá que esperar entonces a que avancen las indagatorias, pero en reali­dad son pocas las expectativas.

De lo que hay plena certeza es que ac­tualmente son muy pocas las garantías en el ejercicio de la actividad periodísti­ca. Así lo aprecia también la Federación Internacional de Periodistas, que catalo­ga a México como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer esta profesión.

De acuerdo con un reciente informe, la propia FIP reportó que en el 2021 se re­gistraron en nuestro país nueve asesina­tos, que se suman a los 148 que se han re­gistrado desde el 2006, año en el que co­menzó la llamada “guerra contra el nar­cotráfico”.

“Los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación son asesinados en México con mayor frecuencia por de­nunciar la corrupción, el crimen y el abu­so de poder en sus comunidades, ciuda­des y países”, refirió el organismo inter­nacional.

Y por si eso fuera poco, al riesgo de ser victimado se ha sumado durante la ad­ministración de la 4T una feroz y dañina estigmatización contra comunicadores.

En voz del propio presidente López Obrador se acusa y ofende sistemática­mente a muchos medios de comunica­ción e incluso a periodistas y columnistas que no son afines. Se les llama mentiro­sos, tendenciosos, fifís, chayoteros y has­ta conservadores, calificativos que luego se hacen extensivos con ataques concer­tados en redes sociales.

También a través de una sección se­manal durante las conferencias mañane­ras titulada “¿Quién es quién en las noti­cias falsas?” se desmienten versiones in­formativas y se recurre a denostar sin es­crúpulo a periodistas.

Frente a los riesgos y amenazas y an­te una creciente hostilidad proveniente desde lo más arriba, el único recurso a la vista parece ser el mejoramiento y efi­caz aplicación del llamado Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ba­jo responsabilidad de la Secretaria de Go­bernación federal.

Dicho recurso, en teoría “es una ga­rantía de protección a derechos humanos erigida dentro del Estado mexicano para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad, de quienes ejercen el perio­dismo, la defensa de los derechos huma­nos y la libertad de expresión”.

A decir de la propia Segob, dicho me­canismo cuenta actualmente con casi mil 500 personas beneficiarias –de las cua­les una tercera parte son periodistas– de la mayoría de las entidades federativas, mientras que sólo seis estados del país cuentan con organismos locales de pro­tección en esta materia: Ciudad de Méxi­co, Veracruz, Colima, Guanajuato, Gue­rrero y Puebla.

La dependencia federal señala tam­bién que “existe una ruta muy clara para realizar acciones de fortalecimiento para el mecanismo, la cual expone en tres pun­tos: uno es “el cumplimiento de la totali­dad de las recomendaciones emitidas por parte de la Oficina de la Alta Comisiona­da de las Naciones Unidas en México den­tro del Diagnóstico para el Fortalecimien­to del Mecanismo”.

Otro, “la revisión del marco normati­vo sobre la protección a periodistas, así como el establecimiento de mecanismos de coordinación entre la federación y los estados para la efectiva protección a pe­riodistas”; y un último, “la promoción de diagnósticos estatales de prevención pa­ra identificar las agresiones por muni­cipios y anticipar los fenómenos que las detonen”.

Es tiempo entonces de que la autori­dad cumpla con su vital tarea para frenar los ataques contra la prensa, cualquiera que sea el modo y el recurso. Y si de ver­dad hay intención de hacerlo, el ejem­plo debería ponerse desde la misma cús­pide del poder haciendo efectivos los me­canismos necesarios y terminando con el hostigamiento que empaña hoy en día al “mejor oficio del mundo”.