El próximo miércoles dará inicio el primer periodo de la LXV Legislatura federal que augura muy duras batallas ante el anuncio de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará al menos tres iniciativas de reformas constitucionales, cuyo contenido ya ha sido motivo de controversias.
Se trata de modificaciones sustanciales a la Carta Magna en materia eléctrica, de seguridad –relacionada con la estructura de la Guardia Nacional– y, nada menos, la relativa a la reforma político-electoral.
Antes de incursionar en esos temas, los legisladores que integrarán la Mesa Directiva este mismo domingo y tendrán su primera sesión general el miércoles, abrirán sus discusiones en torno al paquete económico del 2022.
Es claro que el presupuesto para el año entrante inevitablemente estará marcado por una crisis que exige políticas que impulsen el crecimiento y la inversión, además de privilegiar temas como la salud y la educación; pero al no ser éstas las prioridades de la 4T podría deducirse que se darán ahí las primeras diferencias entre los grupos parlamentarios.
Otra razón de seguras discordancias será la obstinación de poner cuanto antes en la mesa el tema de la revocación de mandato, que ya tuvo sus primeros traspiés al no prosperar en las recientes intentonas.
La discusión gira sobre el texto de la pregunta que se quiere plantear, dado que revocación significa quitar a alguien, no reafirmarlo para que permanezca como mañosamente se quiere inducir.
Por otro lado, será crucial la manera en que se conformen las comisiones y se agrupen las bancadas. Ya por lo pronto el poblano Ignacio Mier Velasco, quien será coordinador de los diputados de Morena, se apresuró en adelantar que buscará con el PT y el Partido Verde conformar una “megabancada” que les permita apoderarse de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política.
De lograrlo, con la coalición Juntos Hacemos Historia se conformaría un solo grupo parlamentario que corresponde a 278 diputados, lo que le permitiría tener el 55% que se requiere para tener la Jucopo y la presidencia de la Cámara de Diputados. El agandalle, pues.
Una vez superados tales escollos, se entrará de lleno para dar cauce a las propuestas reformistas de la agenda presidencial.
En el caso de la reforma eléctrica, se sabe que involucra a la Comisión Federal de Electricidad y que en su exposición de motivos fundamenta la importancia de preservar la soberanía de la nación.
En realidad, su propósito es revertir los efectos de la reforma energética impulsada en el gobierno anterior, que a juicio de la 4T beneficia ventajosamente a empresas privadas en el sector de producción y suministro de energía eléctrica.
Bajo esa óptica se plantean varios mecanismos para fortalecer a la paraestatal que dirige el poblano Manuel Bartlett, y “poner orden” en el sector para garantizar que al menos le corresponda el 54% de la industria eléctrica y el restante para empresas particulares, ya sean nacionales o extranjeras.
El propio AMLO se ha referido a la necesidad de fortalecer a la CFE, “porque durante el periodo neoliberal apostaron por destruirla para dejarle el mercado de la industria eléctrica a los particulares, sobre todo a las empresas extranjeras que se apoderaron de México”.
Según la propuesta, la reforma legal impactaría favorablemente en las tarifas y pagarían menos los usuarios domésticos y las clases pobres, y eventualmente se ajustarían los cobros para las grandes corporaciones.
No obstante, se considera que privilegiar en exceso a la CFE limita ostensiblemente a la competencia, genera desconfianza entre los inversionistas y desincentiva o incluso excluye a la generación de las energías más limpias, como la solar y eólica, que es la tendencia en los países desarrollados.
Se advierte también que al menos en el corto y mediano plazos, provocaría que todos los mexicanos terminemos pagando con subsidios electricidad más cara.
Además, la iniciativa viola los compromisos de México contenidos en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), el CPTPP y la modernización del Libre Comercio México-Unión Europea.
Especialistas refieren un mal manejo de la política eléctrica en México ante la insistencia de regresarle a la empresa del Estado el monopolio del mercado cuando ha dejado de contribuir en la recuperación económica del país, lo que ahuyenta las inversiones y pone en riesgo la relación comercial con países socios, especialmente los Estados Unidos.
Se cuestiona también que además de desdeñar las fuentes de generación de energía limpia y renovable, que son hasta cuatro veces más baratas y menos contaminantes, la CFE padece una situación financiera sumamente complicada, al reportar en 2020 pérdidas netas a niveles no vistos en los últimos cinco años, que superaron los 78 mil millones de pesos, un aumento de más de 95% en comparación con 2019.
Para el Instituto Mexicano para la Competitividad, lo que debiera hacerse es volver a una política de competencia en el sector energético.
“Las empresas productivas del Estado requieren reformas internas para poder participar en un mercado competido, y no cerrar el mercado para ellos”.
El organismo asegura que tanto la CFE como Pemex están teniendo serios problemas financieros y lo que necesitan son reformas internas para enfrentar a sus competidores, lo que es inviable por la resistencia de sus burocracias y los intereses de sus sindicatos.
En suma, quienes se oponen a la reforma argumentan que “vulnera el estado de derecho, no abona a la seguridad jurídica de los negocios, obstruye la libre competencia, relega la innovación y el uso de nuevas tecnologías en energías renovables, así como reduce la competitividad del país”.
En esa tesitura, el mandatario López Obrador ha señalado que no quería llegar a una reforma constitucional de la industria eléctrica “pero todavía no se publicaba la ley y empezaron a aprobarse por los jueces los amparos; entonces, ¿qué nos queda más que presentarla?”
Una segunda reforma de la 4T pretende que la Guardia Nacional se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que de hecho ya está ocurriendo, más todavía desde el pasado 14 de agosto cuando se formalizó la creación de la primera comandancia del Ejército Mexicano, con el general Eufemio Alberto Ibarra Flores al frente.
La nueva figura administrativa será paralela a la secretaría de la Defensa Nacional como responsable de todas las Fuerzas Armadas de México y mantiene el mando del general Luis Cresencio Sandoval González.
En términos operativos, estas modificaciones estructurales permitirían que la comandancia de la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, según plantea la reforma.
Sin decirlo, el ajuste sugiere mejores rendimientos en las múltiples y hasta excesivas tareas que se le han encomendado a la milicia, a saber: labores de seguridad, control de aduanas, contención de migrantes, construcción de los aeropuertos de San Lucía y de Tulum; del Tren Maya y de las sucursales del Banco de Bienestar, limpieza de sargazo, transporte de combustibles y distribución y aplicación de vacunas.
También desde luego, como siempre, apoyar con su Plan DN III a las comunidades afectadas por desastres naturales, como está ocurriendo con el reciente ciclón Grace en Veracruz, Hidalgo y Puebla.
Otras encomiendas son la apertura de viveros para producir millones de plantas y hasta también trasladar y repartir en municipios pobres diversa mercancía decomisada por el SAT que permanecía en bodegas, como telas, ropa, calzado, juguetes y herramientas.
Un país militarizado y un ejército “mil usos” que no a todos gusta y ni siquiera a los mismos militares convence, pero esa es la realidad, aunque se trate de justificar con la afirmación de que la Guardia Nacional pasará a la Sedena “para garantizar su operación y que esa corporación no se corrompa”.
Remataremos el tema en la próxima entrega, en la que también aludiré a la espinosa propuesta de la reforma político-electoral.
