Soliloquio
Felipe Flores Núñez
La contaminación del río Atoyac ha sido un tema recurrente y por igual, motivo de preocupación, reclamo social, bandera política, cúmulo de promesas incumplidas y hasta frecuente instancia de corrupción.
Todo ese coctel multifactorial deriva, en consecuencia, en un justificado escepticismo y que nadie crea en los discursos, de donde vengan, en los que se ofrecen soluciones para limpiar tan importante afluente.
El panorama parece cambiar.
Eso al menos se insinúa con el reciente acuerdo que, de manera inédita, suscribieron por igual representantes tanto del gobierno federal como el estatal, de varios municipios y, muy relevante, empresarios del ramo textil.
La consigna tantas veces escuchadas de salvar al Atoyac parece tener eco, luego que a iniciativa del mandatario estatal Miguel Barbosa fue signado el Convenio de Colaboración en materia de Desarrollo Sustentable con Empresas del Ramo Textil, cuyo objetivo, se dijo, es “reforzar acciones para reducir los impactos negativos al ecosistema”.
De concretarse los compromisos contraídos se habrá dado un paso relevante, que si bien no es definitivo, significa un avance sustancial para sanear al río Atoyac, al tiempo de evitar mayores prejuicios al medio ambiente
Con las medidas previstas, además, podrá darse cabal cumplimiento a una añeja recomendación girada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ante quejas de diversos sectores sociales, en marzo de 2017 acusó de “violación a los derechos humanos a un medio ambiente sano” y reclamó acciones “para el saneamiento del agua y acceso a la información por la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes”.
Desde entonces grupos activistas y diversas organizaciones han delatado la falta de coordinación de autoridades de los diferentes niveles de gobierno para atacar este problema, y se han lamentado que esas instancias pongan reglas muy flexibles a las empresas sobre la calidad de agua que pueden arrojar a los ríos, como ocurre por ejemplo, con los colorantes y otras sustancias químicas.
Sobre los daños que causan las aguas contaminadas se han escrito también varias historias. Tan sólo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) detectó que 11 mil 343 personas que vivían cerca del río Atoyac entre 2015 y 2019 murieron de diferentes tipos de cáncer.
Ese estudio revela que 3 mil 750 personas fallecieron por cáncer de colon; mil 348 por cáncer en la sangre y mil 148 por cáncer en órganos genitales femeninos.
El diagnóstico es muy claro y conocido, lo que había faltado era concretar acciones y compromisos claros por parte de todos los actores implicados.
Por eso es relevante la firma del convenio referido, en el que se destacó que el gobierno estatal, a través de la secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable u Ordenamiento Territorial, mantendrá las supervisiones que ya venía haciendo para vigilar que las empresas cumplan con la normatividad en materia ambiental, que incluye disponer de plantas tratadoras, y dejen de arrojar impunemente sus aguas residuales.
Justo es señalar que en la víspera, más de una docena de empresas textileras y de otros ramos, como las tintoreras, ya habían sido sancionadas e incluso algunas clausuradas por desacatar tales disposiciones legales.
De modo adicional será promovida una iniciativa de ley para que los ayuntamientos por un lado amplíen sus atribuciones y puedan intervenir ante infractores, pero también para que ellos mismos se sujeten a las normas y en caso de violarlas, también puedan ser sancionados.
En esa línea, es relevante que hayan acudido al evento Alcaldes de siete municipios, entre ellos, los de Puebla, San Pedro Cholula, Huejotzingo, Tehuacán y Teziutlán, demarcaciones que figuran con el mayor número de casos contaminantes.
Por su parte, la Comisión Nacional del Agua, máxima autoridad nacional en la materia, a través de su director general Germán Arturo Martínez Santoyo, ofreció coadyuvar con el gobierno estatal y participar activamente en las distintas tareas se supervisión.
Entre todos los asistentes, es para destacar de manera especial a líderes empresariales, entre ellos Manuel Espinosa Maurer, dirigente de la Cámara Nacional de la Industria Textil, y Jorge Moreno Rojas, presidente de la filial en Puebla, quienes asumieron el compromiso de “operar con estricto apego a la ley, hacer inversiones y también impulsar estrategias que coadyuven a preservar el medio ambiente”.
En tono concluyente, se destacó que el acuerdo “representa la necesidad de velar por la protección de la diversidad ecosistémica, la que proporciona no solo un medio ambiente sano para el bienestar de la población, sino también condiciones adecuadas para el desarrollo del sector productivo.
Queda mucho por hacer para salvar en definitiva al Atoyac, pero por lo pronto se espera el cumplimiento de lo pactado, lo que significa sin duda un paso importante.
