Con tan sólo haber planteado la posibilidad de regular la prostitución en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla, la autoridad municipal ya le puso los pelos de punta a muchos que se incomodan con el tema.
Seguramente otros más esperan con sigilo el momento para levantar la voz y lanzar todo tipo de argumentos para manifestar sus insustentables desacuerdos.
Unos y otros están en su derecho en este país de libertades, aunque pocas veces –quizá ninguna– esos segmentos han sido capaces de ofrecer alternativas viables y soluciones prácticas a una problemática que, aunque parezca lejana, como sociedad nos debe involucrar a todos.
Hay razones de peso que gravitan de manera inevitable en esas resistencias –culturales y morales las de mayor peso–, sobre todo en una comunidad como la nuestra todavía con valores y principios que al paso del tiempo no se han podido renovar. Eso debe entenderse y asumirse.
No obstante, la oportunidad que expone ahora la autoridad municipal, aun con sus riesgos, debiera ser aprovechada para incursionar de una vez por todas en ese submundo que en las actuales condiciones es mucho peor de lo que imaginamos todos.
¿Qué hay detrás de la actividad de las y los sexoservidores que han operado en tinieblas durante años en una amplia zona del primer cuadro citadino? ¿Alguien podría negar que ahí prevalecen los abusos, la extorsión –incluyendo los de la autoridad–, la explotación, la trata de menores, inseguridad, narcomenudeo y condiciones sanitarias deplorables? ¿Por qué entonces disimular?
De ahí el valor de una intervención por parte de la autoridad con una regulación adecuada, inteligente y consensuada, que no signifique necesariamente, como pudiera ser malinterpretado, que se intente legalizar o hacer lícita esa actividad.
En realidad se conoce poco de la propuesta que diseña ahora el gobierno municipal, si acaso que la estrategia inicial tiene entre sus objetivos lograr un reordenamiento de manera integral. Hace una semana, el alcalde Eduardo Rivera Pérez se comprometió a “regular” las casas de citas que operan en el Centro Histórico, por lo que su gobierno permitiría que la prostitución se lleve a cabo dentro de negocios cerrados que se ubican en la zona.
Detalló que en una primera etapa se han acercado con algunas mujeres que se dedican al sexoservicio y comentó que a través del programa “Contigo Mujer”, les han ofrecido asesoramiento jurídico, psicológico, alternativas de financiamiento, capacitaciones de empoderamiento y talleres para aprender oficios, además de opciones de trabajo, lo cual es muy plausible.
El alcalde poblano refirió que el reacomodo de las sexoservidoras para que sean retiradas de las calles del Centro Histórico obedece también a reportes de parte de padres de familia y profesores de zonas escolares aledañas a donde hay algunos hoteles, lo que afecta a los menores.
Estamos hablando de un amplio sector del primer cuadro citadino, que abarca al menos de la 4 Poniente hasta la 16 Poniente, así como en otras calles paralelas donde suele extenderse esa actividad.
La propuesta que ahora se pone en la mesa implica retirar de la vía pública – donde deambulan día y noche– a quienes se dedican al sexoservicio, para mudarse a inmuebles previamente autorizados. Para tal efecto, el ayuntamiento tendría antes que concertar con propietarios de hoteles, moteles o casonas para que bajo condiciones y requisitos muy estrictos puedan estar acreditados para operar.
No se trata de crear prostíbulos y mucho menos permitir que sean lugares para consumir bebidas alcohólicas u otras sustancias, sino de fijar sitios seguros y limpios con una función bien específica con base en una normatividad por ahora inexistente. Felipe Flores Núñez Soliloquio Regular la prostitución en Puebla, ahora es tiempo Es de suponerse que en este esfuerzo tendrían que involucrarse también otras autoridades, como la Secretaría de Salud y la Fiscalía General del Estado, mediante su área especializada para atender casos de trata de personas, entre otras. La tarea no será fácil.
Ya la Asociación de Hoteles y Moteles del estado de Puebla expuso su resistencia aludiendo que, en administraciones pasadas, algunos dueños de establecimientos terminaron incluso siendo acusados de lenocinio.
El dirigente de la agrupación, Manuel Domínguez Gabián, exigió que el Ayuntamiento de Puebla garantice ante todo certeza jurídica a los dueños de hoteles, moteles y casonas, “ya que en muchas ocasiones el mismo gobierno se aprovechó de esta situación para obtener ‘moches’ al amenazar a los dueños con denunciarlos por permitir la prostitución”.
Y aunque ninguno de sus afiliados es propietario de los posibles sitios donde serían trasladados los sexoservidores, el empresario insistió en la necesidad de generar un marco jurídico que sustente la decisión de la autoridad municipal.
Le cabe la razón y por ahí habría que empezar, además de otras medidas que pudieran ser útiles, como la creación de un padrón para tener mayores controles de seguridad y otros de carácter sanitario, así como para impedir que vivales pretendan liderar a las mujeres que hoy son maltratadas y explotadas.
Es evidente que el tema causa rispidez y ello se debe a que tiene múltiples aristas, pero si en verdad hay disposición para regularlo, es momento para hacerlo, con todos sus asegunes como bien lo ha advertido el propio gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, quien ha pedido “ser cuidadosos”, aunque ha dicho que apoyaría la eventual decisión del alcalde.
Y eso es bastante. Lo deseable es que el proyecto madure y sea posible, yendo más allá de lo que se había logrado a finales de los año 80, con un programa de atención y protección a prostitutas que comandó exitosamente la psicóloga Alejandra Fonseca, mismo que luego fue intencionalmente rezagado por algunos y hasta extinguido por otros.
En esa ocasión, al menos, se logró contener la extorsión de la que eran objeto muchas mujeres por parte de inspectores y policías municipales, además que se brindaba atención médica y alternativas de trabajo, logros que tendrían que ser replicados.
Habría que ver este nuevo intento de la autoridad municipal bajo la óptica de los tiempos actuales, en los que se pregonan, en un contexto de legalidad, las libertades, la tolerancia y la diversidad. Ya no más los abusos, ni más explotación. Según el portal escorts y putas -Pander , 90000 mujeres de entre 18 y 45 años ejercían la prostitución en Puebla en 2021.
No más simulaciones, ni estigmatizaciones ni, mucho menos, hipócritas golpes de pecho. Regular es, finalmente, garantizar condiciones de seguridad, higiene y respeto a los derechos humanos, imposibles de conseguir si la actividad del llamado “oficio más antiguo del mundo” se mantiene como ahora, bajo las sombras y la franca ilegalidad.
Ojalá ocurra y pronto.
