Semana de fatalidades

Soliloquio

Felipe Flores Núñez

Todos tenemos una mala semana, pero la que ahora concluye –pa­ra el presidente Andrés Manuel López Obrador y para el Ejército Nacional– fue definitivamente fatal.

En realidad, el mandatario federal venía precedido de días difíciles al no prosperar en el Congreso la aprobación de su inicia­tiva para que Secretaría de la Defensa Na­cional se haga cargo de las tareas de segu­ridad pública, previa adscripción a sus fi­las de la Guardia Nacional.

A ese complicado trance de corte políti­co, le embistió una evidente fractura al in­terior de su gabinete en la coyuntura del octavo aniversario de los lamentables su­cesos de Ayotzinapa, cuyo esclarecimiento, a pesar de su interés, parece cada vez más lejano y complejo.

La revelación detallada del contenido del informe del subsecretario Alejandro Encinas, sobre la cruel matanza de los es­tudiantes y las reacciones tanto de la Se­cretaría de la Defensa Nacional como de la Fiscalía General de la República, provoca­ron durante los días recientes cuarteadu­ras internas difíciles de subsanar.

Por lo menos, hay a la vista un inadmi­sible afán en la cúspide castrense de prote­ger a algunos mandos, que pudieran estar involucrados en los hechos, y por parte de la dependencia encargada por ley de la in­vestigación, un manejo desaseado.

El desistimiento por parte de a FGR de órdenes de aprehensión contra 20 perso­nas, 16 de ellas militares, acabó por con­sumar la escisión.

Al respecto, el presidente López Obrador habría dicho que le dio instrucciones al se­cretario del Defensa Nacional para que se cumpliera lo que establecía el informe de Encinas, por lo que los militares implicados debían asumir su responsabilidad.

Tal precisión presidencial causó des­concierto. Se supone que a ningún servi­dor público se le tiene que instruir, incluso por escrito, sobre el acatamiento de sus su­bordinados a una investigación.

El panorama se ensombreció aún más con la inesperada renuncia de quien fun­giera como fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayot­zinapa, Ornar Gómez Trejo, ante la in­conformidad del manejo discrecional de la FGR.

Ante ello, organizaciones no guberna­mentales y grupos de colectivos alertaron que la libertad e independencia de las in­vestigaciones “se encuentra bajo amena­za por injerencias externas”.

“A través de un comunicado, 18 orga­nizaciones acusaron que la repentina re­nuncia del fiscal, sumada a la reciente no­ticia de que 21 órdenes de aprehensión habrían sido canceladas, representaba un “grave retroceso” en el caso, mismo en el que acusaron la existencia de “injerencia indebida” por parte del Alejando Gertz, fis­cal General de la República, de quien pi­den se dimisión, así como de otras áreas de la Fiscalía.

En síntesis, por lo ocurrido durante la semana cada vez se saben más detalles del incidente de Ayotnizapa, pero entre tantos enredos todo es ahora mucho más confu­so y se ha revertido buena parte el cami­no andado.

Faltaba más para cerrar la semana. La cereza en el pastel devino al delatarse que un grupo de delincuentes cibernéti­cos hackearon y robaron información de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Tras de reconocerlo y en su intento de minimizar el ataque, el presidente López Obrador dijo que la sustracción masiva de documentos no afectaba a su gobier­no, “pues a diario en sus ruedas de prensa se informa sobre temas relativos a las acti­vidades de las fuerzas armadas y de diver­sos asuntos”.

“No afecta en nada, porque se actúa con transparencia, que es la regla de la de­mocracia; si no se miente, si se habla con la verdad, ¿qué problema puede haber?”

Hasta donde sabe, con la transgresión cibernética se pudo extraer decenas de mi­les de correos electrónicos y documentos de seguridad nacional, alojados en servi­dores de la Sedena desde 2016 a septiem­bre de 2022.

Seguramente con el tiempo se irán re­velando los contenidos de la información robada, por ahora se hicieron públicos al­gunos datos de inteligencia sobre líderes criminales y personajes de la política na­cional, disputas entre los secretarios de la Defensa Nacional y la Marina, así como las malas condiciones de seguridad en las aduanas, entro otros temas.

Pero entre todo ese material, destacan particularmente reportes del estado de sa­lud del presidente, que a primera vista son desalentadores y que revelan de mane­ra evidente que, en su momento, en este asunto nunca se habló con la verdad.

El caso me recuerda a un reportero es­tadounidense que, como corresponsal de importante de un medio impreso en nues­tro país, se quejaba con frecuencia del in­franqueable cerco informativo por parte de las dependencias de gobierno federal, lo que le impedía desarrollar su trabajo.

“En mi país, si al presidente le da gripa se informa de inmediato a la prensa, aquí ustedes lo reservan como si fuera un secre­to de Estado”, me dijo alguna vez.

Y vaya que tenía razón, de modo que no puede hablarse que existe ahora absoluta apertura, cuando se sabe de la persistente opacidad en el manejo informativo de te­mas torales, entre otros, en lo relativo a los asuntos financieros o a los que vinculados a las licitaciones de los grandes proyectos de infraestructura. La transparencia no es lo suyo, ni qué.

Lo preocupante es que el ataque ciber­nético pretenda soslayarse. Ya el INAI ad­virtió que la información sustraída “pue­de llegar a comprometer datos de carácter confidencial de personas servidoras públi­cas y particulares, así como información de seguridad nacional”.

En tal virtud, y en un plazo de 72 ho­ras, el INAI sostuvo que la Sedena “tiene la obligación de informar lo sucedido, sin di­lación, tanto a los titulares de los datos co­mo al INAI, para efectos del inicio de la in­vestigación previa”.

De algún modo, el INAI que preside la poblana Blanca Lilia Ibarra cuestionó también la fragilidad de los sistemas ciber­néticos de la Sedena, al enfatizar que “la información de seguridad nacional debe ser resguardada bajo los estándares tec­nológicos más avanzados, ya que su pu­blicación podría causar un perjuicio sig­nificativo al interés público o a la seguri­dad nacional”.

“El bien más preciado que tienen las Instituciones públicas es la información que resguardan en sus archivos, incluida la que se contiene y salvaguarda por in­fraestructura tecnológica…, lo que vuelve apremiante la necesidad de mantener los sistemas informáticos actualizados y pro­tegidos, en aras de garantizar los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales”.

El tema da para mucho más y sabre­mos de otras muchas revelaciones, algu­nas debidamente resguardadas por segu­ridad nacional, y otras, como la enferme­dad del presidente López Obrador, por me­ra conveniencia.

Y mientras se calcula el rebote en otros ámbitos –en el político especialmente–, no queda más que deducir que fue una mala semana para AMLO y para la Secretaría de la Defensa Nacional.