Soliloquio
Felipe Flores Núñez
Un puntual reporte de nuestra colega Dulce Liz Moreno publicado apenas el pasado viernes en La Crónica de Puebla da cuenta de la primera sentencia por feminicidio en grado de tentativa que se dicta en Puebla en contra de un sujeto de nombre Fidel, que le arrojó ácido a la madre de sus hijos, quien había huido de su casa conyugal por la violencia de la que era víctima.
En el relato de los hechos, la nota periodística refiere: “Después de haberse separado del padre de sus hijos, para evitar las agresiones que él perpetraba contra ella y sus hijos, Fidel buscó a Esmeralda Millán, quien se había refugiado en casa de su madre.
Le pidió perdón por humillarla y golpearla.
Al día siguiente, domingo 2 de diciembre de 2018, ella y su madre salieron de la vivienda por la mañana.
A pocos metros, fueron emboscadas y sometidas por tres hombres. Uno de ellos, Fidel, le roció ácido.
Tres meses estuvo hospitalizada para salvar la vida. Perdió la visión del ojo derecho. La madre también recibió parte del líquido y tuvo quemaduras de lenta curación.
Por las lesiones causadas a esta última, la pena impuesta fue de dos años de cárcel y 40 por el intento de feminicidio, se indicó durante la audiencia”, concluye la nota.
Esta sentencia es la primera que en Puebla se aplica desde que este delito fue tipificado como tentativa de feminicidio hace un año. Es también la segunda en el país y en todo América Latina, tratándose de una modalidad antes no vista.
Desde luego que el tema no es menor, ya que visibiliza una brutal expresión de violencia machista que desafortunadamente ya es frecuente en el país.
Así lo reconoce el estudio publicado justamente esta misma semana por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, al destacar que los ataques con ácido, u otras sustancias químicas o corrosivas históricamente conocidas como “vitriolo”, se ha incrementado silenciosamente sin que existan datos oficiales que permitan conocer su magnitud y características.
“Este tipo de violencia de género que anteriormente había sido ignorado en México se ha vuelto prioritario debido a las graves consecuencias que deja en la vida de las mujeres y las niñas”, asienta.
“Se trata –subraya– de un tipo de violencia de género por demás cruel que causa daños irreversibles tanto físicos como psicológicos y reduce a las sobrevivientes a un aislamiento social e incluso a un gran detrimento económico”.
El documento considera que esta forma de violencia es una manifestación trágica y cruel, dejando huellas imborrables en la cara, cuerpo y la vida de las mujeres y niñas que han sido atacadas.
“Todo indica que este tipo de violencia lejos de disminuir se ha extendido a distintos estados del país y que cada vez son más las mujeres afectadas a mano de sus parejas o exparejas sentimentales con ácido y otras sustancias químicas y corrosivas”.
De dicha investigación se desprende que el primer caso que se hizo público en el país ocurrió el 9 de noviembre de 1988 en la alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México, luego de que dos hombres rociaran ácido en el rostro de una mujer de tan sólo 20 años. Después de 35 años, aún no hay responsables de esa agresión debido a que las autoridades decidieron dar “carpetazo” a la investigación.
“A la fecha –consigna el documento– el número de mujeres y niñas que han sido agredidas con ácido u otras sustancias químicas o corrosivas se desconoce puesto que no hay registros y cifras oficiales, lo que limita el conocimiento de su naturaleza, magnitud, gravedad y frecuencia que tiene la violencia con ácido en la sociedad mexicana”.
Refiere por otra parte que, según Acid Survivors Trust International, anualmente hay en el mundo alrededor de 2 mil 400 casos de agresiones con ácido y otro tipo de sustancias corrosivas.
En su mayoría, las agredidas son mujeres y niñas y los perpetradores son hombres, casi siempre conocidos, con quienes las víctimas sostenían o habían tenido algún tipo de relación cercana, ya sea de confianza, de parentesco o sentimental.
Agrega que “los ataques con ácidos se remontan a la Europa del siglo XIX y principios del XX, más exactamente, a Francia, donde se le utilizó como arma para desfigurar. Las víctimas solían ser las esposas, queridas y jóvenes que en el pasado habían mantenido una relación con los autores del delito”.
En la actualidad, esta práctica criminal afecta la vida de cientos de mujeres y niñas, principalmente de países como Uganda, Afganistán, Camboya, Nepal, Pakistán, Bangladesh y la India.
En el caso de América Latina, Colombia ocupa el tercer sitio a nivel mundial por la magnitud que adquiere este tipo de agresión corrosiva.
Se estima que en ese país sudamericano en promedio cada año ocurren alrededor de 100 casos de agresiones, de las cuales 79 son hacia mujeres.
En el ámbito legislativo, el análisis reconoce que en el país se identifican algunos avances en el reconocimiento legal de la violencia ácida en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Baja California, Ciudad de México y Puebla y, como parte de la violencia física, en Oaxaca.
Además, estas cuatro entidades tipifican como delito autónomo la violencia con ácido o demás sustancias químicas o corrosivas, considerándola como tentativa de feminicidio en la Ciudad de México y desde marzo del año pasado en Puebla, lo cual nos coloca en una posición de avanzada, pues en muchos casos aún se considera como lesiones simples que se castiga con muy pocos años de prisión.
Es de lamentarse que, según el estudio aludido, en 13 estados del país las legislaciones todavía no visibilizan ni penalizan el delito de agresiones inferidas con ácidos u otras sustancias químicas o corrosivas, lo que impide el acceso de las mujeres sobrevivientes a la justicia, que los agresores sean sancionados y la reparación del daño ocasionado.
En otras siete entidades se penalizan las agresiones con ácidos y otras sustancias corrosivas, químicas o inflamables como lesiones calificadas o agravantes, considerándolo como un “delito neutro”, aun cuando las evidencias muestran que se trata de un tipo de violencia de género que afecta mayormente a las mujeres y las niñas.
Estamos pues frente a un fenómeno social que debe ser atendido a profundidad y de manera integral.
Como bien lo reconoce el trabajo del Instituto Belisario Domínguez, “la carencia de datos oficiales por parte de las instancias responsables ha obstaculizado la comprensión de la verdadera magnitud del problema y, aunque existen cifras significativas, no representan la realidad, lo que deriva en la falta de políticas públicas para combatir este tipo específico de violencia de género.
Lejos de ser un fenómeno en retroceso, los pocos datos que se tienen plasman que cada vez hay más mujeres que son atacadas y amenazadas con ácido y otras sustancias químicas o corrosivas”.
Falta mucho por explorar y muchas acciones por cumplir, entre ellas, además de campañas de sensibilización social, legislar para que las víctimas de este atroz delito sean indemnizadas por daños y perjuicios para cubrir el costo de su rehabilitación.
