Muy a su estilo, pero con absoluta razón los reclamos que hace el mandatario estatal por la falta de apoyos del gobierno federal ante la contingencia sanitaria por el COVID-19.
Así fue en su momento ante la incompetencia de la PROFECO, luego ante irregularidades en el IMSS y recientemente, al decir que el avión que llegó a México con material médico desde China sólo “es una “leyenda urbana”, debido a que aquí no se ha recibido nada.
No obstante, como buen político, este martes pidió a cerrar filas con el presidente Andrés Manuel López Obrador y al manifestar su respaldo a la estrategia que está aplicando para hacerle frente al COVID- 19, al tiempo de llamar a no construir escenarios de oportunidad política, sino de sumar esfuerzos en favor de la sociedad, al aludir las inquietudes de gobernadores del norte del país, en el sentido de revisar la coordinación fiscal vigente.
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Tardía y fuera de lugar pudiera ser la petición que recién formularon ante el Congreso del Estado un grupo de habitantes y empresarios de Ajalpan, para que sea disuelto el ayuntamiento y se nombre un Concejo Municipal.
Los inconformes consideraron que la llegada de Salvador Hernández fue de origen ilícita, porque el Instituto Estatal Electoral (IEE) no debió permitir que se registrara como suplente del alcalde a su hijo, quien ahora está al frente de la presidencia tras la licencia solicitada por su padre.
Por razones éticas y de pulcritud política, en estricto rigor el IEE pudo haber rechazado tal suplencia, pero en términos de la ley electoral vigente no existe ningún impedimento, además que esa planilla fue avalada en su oportunidad con el voto ciudadano de aquella localidad, así que poco queda por hacer ante el reclamo.
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Muy loable la aportación de docentes, técnicos y alumnos de la Universidad Tecnológica de Puebla, que diseñaron y elaboraron caretas protectoras que han donado a diversos centros hospitalarios en los que se atienden casos de COVID-19.
Cabe destacar que el material con el que se elaboran esas caretas, entregadas en primera instancia en los hospitales General de Cholula y “General Manuel Ávila Camacho” del IMSS, ha sido adquirido con recursos de donaciones de directivos de la propia institución.
Una labor altruista de esa dimensión, que debiera ser replicada, fue realizada también hace días por docentes y alumnos de la Universidad Iberoamericana, campus Puebla, cuya primera remesa de 200 caretas elaboradas por el sector ingenieril fue donada al personal del Hospital del Niño Poblano.
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Un tanto temeraria la propuesta que hizo este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador, al plantear que se adelante para el próximo año la consulta sobre la revocación de su mandato, con el fin de que la población vote si quiere que él siga al frente del país, de modo que la consulta sea en 2022, y no en 2021 como está previsto.
En su conferencia mañanera dijo que aprovechando que habrá que habrá elecciones podría añadirse una boleta que diga: ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie?, planteó.
Tal riesgo estriba en que es conocida la baja sustancial de los niveles de aprobación que tiene AMLO en el país desde principios de año, cifra que se ha ido reduciendo desde que comenzó la contingencia por el COVID-19, así que todo dependería de cómo se resuelve el tema a finales de año. Como para cruzar apuestas.
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Pues ahora resulta que un polémico exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto y quien fuera en 2018 coordinador en la Ciudad de México de la campaña del candidato priísta a la Presidencia, José Antonio Meade, ahora será uno de los accionistas de la empresa que dará a la Defensa Nacional 1,330 ventiladores por un monto de 52 millones de euros.
Se trata de José María Tapia Franco, quien como director de riesgos en Protección Civil viajó a Las Vegas en vez de atender las tormentas que azotarían a Guerrero en 2013, y previamente fue senador suplente y operador del PRI.
La empresa que recibió el contrato de la Sedena para surtir los 1,330 ventiladores se llama Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos de Desastres SA de CV, y fue constituida el 19 de diciembre de 2018 ante la titular de la Notaría 163 de Naucalpan, Ana Lilia Janeth Porras Figueroa, según acreditó la organización Mexicanos Contra la Corrupción.
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