Es una pena que así sea, pero fue necesario que el gobierno estatal expidiera un decreto para que se suspenda el consumo y la venta de bebidas alcohólicas “abiertas” en el estado de Puebla, en el contexto de la contingencia por COVID-19.
Y es que era cada vez más evidente que sin protección alguna ni tampoco acatando la sana distancia, muchas personas, especialmente jóvenes ociosos, consumían bebidas en plena vía pública, en parques y jardines o en las afueras de las mismas tiendas de autoservicio.
La medida vigente desde este viernes tiende a evitar casos de violencia familiar por la cuestión del consumo de alcohol y aplica para restaurantes, centros comerciales y tiendas.
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Todo indica que el Ayuntamiento de Puebla “va con todo” en la controversia constitucional que interpuso en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en su propósito de mantener el mando de la seguridad pública en el municipio, y en respeto a su autonomía.
Y es que la Comuna contrató los servicios del despacho externo que preside el abogado Jorge Nader Kuri en la ciudad de México, que cobrará por sus servicios la nada despreciable cantidad de 400 mil pesos en pagos diferidos en un año.
El síndico municipal, Gonzalo Castillo Pérez explicó que contrataron a ese despacho externo por la magnitud del caso. “Ellos se especializan en temas de controversias constitucionales y en las atenciones de asuntos de alto impacto», dijo.
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No es exclusiva la inconformidad del gobierno de Puebla hacia las autoridades federales por la falta de dotación de insumos médicos para afrontar la contingencia sanitaria, aunque hay que acotarlo, no todos se han atrevido a decirlo públicamente.
El que tampoco se aguantó fue el mandatario de Michoacán, Silvano Aureoles, quien declaró que eran insuficientes los dos mil tapabocas y las 96 botellas de alcohol que le enviaron, pues no le alcanzarían ni para un día.
También se quejó de la mala calidad de materiales de protección para el personal médico de manufactura china, aunque al respecto ya se aclaró que ese equipo –ciertamente de pésima calidad-, es para quienes no atienden a enfermos contagiados por el coronavirus.
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Mediante un comunicado que se difunde en redes sociales, alumnos de la Facultad de Derecho de la BUAP informaron que dieron por terminada la toma de instalaciones que mantenían en esa unidad académica desde hace 50 días, tras llegar a un acuerdo con autoridades universitarias
Se sabe que las autoridades, encabezadas por la abogada general de la BUAP, Isela Ávalos Méndez, y el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Luis Ochoa Bilbao, suscribieron el compromiso de cumplir con las demandas del pliego petitorio al concluir la contingencia sanitaria del COVID 19, entre las que se incluyen acciones concretas para contener el acoso sexual dentro de las aulas y agresiones por parte de personal administrativo en perjuicio de alumnos.
No obstante, el sector femenil de la misma Facultad de Derecho precisó que su lucha no ha terminado “mientras aún haya voces que sean calladas y almas que sean vulneradas”.
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En el contexto de la emergencia sanitaria, además del indulto para liberar a presos que promueve el gobierno federal, parece muy conveniente que autoridades penitenciarias del país aplicaran medidas para asegurar la tranquilidad de los miles de internos que se concentran en los centros de reclusión, así como de sus familiares, quienes ahora han sido impedidos a realizar las visitas de rutina.
Al respecto ya varias organizaciones han advertido del riesgo de una crisis que pone en peligro la gobernabilidad en penales por posibles actos de amotinamientos, como los ocurridos en los días recientes en Brasil e Italia.
Además de las medidas sanitarias de rigor para evitar contagios, lo que sería catastrófico, para evitar el contacto directo suena bien la idea de organizar entrevistas de reos con sus familiares mediante plataformas digitales, como Skype por ejemplo.
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Durante su conferencia matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya ordenado una investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y que, según las versiones, implicaba la revisión de las cuentas bancarias de la exprimera dama Angélica Rivera Hurtado; y los hijos del exmandatario Paulina, Nicole, Alejandro y Diego Peña Pretelini, este último menor de edad.
No obstante, el mandatario comentó que en su caso, una eventual denuncia pudo haber sido planteada por otra instancia ante la Fiscalía General de la República.
En la víspera había trascendido que en 50 instituciones bancarias nacionales y extranjeras el gobierno federal se rastrean las cuentas y movimientos financieros que hizo Peña Nieto y las de sus familiares más cercanos, a partir de una solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que encabeza Santiago Nieto Castillo.
