Aunque aclaró que su identidad no la hará pública, porque ello implicaría de alguna manera interferir en el proceso electoral, el gobernador Luis Miguel Barbosa ratificó ayer que denunciará a los candidatos que pudieran tener vínculos con la delincuencia organizada, y que lo formalizará como corresponde ante la Fiscalía General del Estado.
Explicó que es su responsabilidad ofrecer garantías para que los ciudadanos puedan ejercer su voto de manera libre y segura en la inminente jornada electoral, y adelantó incluso que ya están desplegando fuerzas policiacas a diversos municipios considerados de riesgo, entre los que destacan varios ubicados en el llamado Triángulo Rojo.
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COLUDIDOS
Nada más cierto que la perversa colusión entre diversas autoridades municipales y dirigentes de la organización Antorcha Campesina en el servicio de grúas y corralones ilegales, lo cual es frecuente al menos en el tramo que va de Puebla hasta Izúcar de Matamoros.
En esas maniobras participa también el negocio de Javier Loyola Zacarías, quien tiene una concesión federal para intervenir en accidentes carreteros, de modo que es urgente la pronta intervención de la Secretaría de Movilidad y Transporte para evitar esos abusos y sancionar a los responsables, como ayer se mencionó.
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EJEMPLAR
El Infonavit se ha consolidado como el organismo público que más apoyos ha brindado a los trabajadores en el contexto de la pandemia de COVID-19, y a las prestaciones brindadas sumó ahora el esquema Apoyo Solidario, con el cual se ayudará a derechohabientes con descuentos de hasta 75% en sus mensualidades.
También ofrecerá a partir de esta semana créditos tradicionales hipotecarios con una tasa de interés fija de alrededor de 8%, cuatro puntos porcentuales menor a la actual –la más baja de su historia–, modalidad que además tendrá pagos fijos durante todo el plazo, que es de 30 años.
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ESCUELAS
Ante el posible retorno de las clases presenciales en agosto próximo, el gobierno estatal tendrá que hacer una fuerte inversión para rehabilitar y dotar de servicios básicos a centenares de escuelas que presentan deterioros luego de casi 15 meses inhabilitadas tras la suspensión de clases debido a la pandemia, además algunas sufrieron robos en sus instalaciones.
Por lo pronto, autoridades educativas han realizado auditorías a través de sus coordinaciones regionales para determinar los apoyos en infraestructura que incluyen el servicio de agua potable, en tanto que el gobierno ya lanzó varias licitaciones para obras de mejoramiento en al menos 42 planteles de preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria de la entidad.
