Álvaro Ramírez Velasco
Sanciones que van desde la simple amonestación, hasta la inhabilitación, en paralelo a procesos penales, enfrentarán los funcionarios de la anterior administración municipal, que encabezó Claudia Rivera Vivanco, si se hallan anomalías en las distintas áreas, luego de que el 30 de noviembre vence el plazo para la validación de las 506 actas de la entrega-recepción, describió la contralora municipal, Alejandra Escandón Torres.
En entrevista, la encargada de evitar la corrupción en la actual administración, respondió a reporteros que la interrogaron sobre el supuesto déficit de 21 millones de pesos en la Tesorería, así como de presuntos malos manejos en las áreas de Infraestructura y Comunicación Social del gobierno municipal anterior.
Escandón dijo que “ya concluyó la primera etapa, de recepción, el miércoles, los 15 días que teníamos… hubo 506 entregas-recepción”.
La funcionaria del gobierno de Eduardo Rivera Pérez agregó: “Ahora entramos a una segunda etapa que es de verificación y validación de la documentación que nos dejaron, en conjunto con los anexos, y todo lo que se encuentra en las actas…”
Especificó que, “una vez que se concluya con cada una de estas actas, se cuenta con 30 días para verificar, validar la información, y, en ese momento, si se encuentran observaciones, se hacen del conocimiento de la Contraloría, pero no para actuar de inmediato, sino únicamente para parar el término de esos 30 días que se están mencionando y que se les den 10 días a todos los servidores públicos salientes, para que puedan, en su caso, mencionar, si hay alguna observación o el porqué de la misma.
“Una vez que concluye este término de los 10 días, y si no hubo satisfacción, de estas observaciones… se puede ya dar vista a la Contraloría, para que actúe”, lo que ocurrirá este 30 de noviembre.
—La ASE (Auditoría Superior del Estado) sacó un informe, en el que Infraestructura y Comunicación Social habían gastado montos, de seis y uno o dos millones de pesos… ¿van a mandar a llamar a los encargados, para saber cómo ejercieron estos recursos..? —fue la pregunta de un reportero.
—En este caso y en todos, tal y como lo acabo de referir, todos los servidores públicos entrantes, van a citar, respecto de las irregularidades… ya el servidor público tendrá que dar cuenta del porqué de ello, si hay algo que subsanar o no y ya derivado de este proceso, ahora sí se dará cuenta a la Contraloría, para actuar en lo que a derecho corresponda.
Alejandra Escandón recordó que, en todos los casos, debe privar “el principio de proceso legal… y al final todavía estamos en esta etapa en la que se pueden generar observaciones”.
“La Ley General de Responsabilidades Administrativas –agregó– es muy clara y las sanciones van, desde una administración pública, privada, la suspensión, la inhabilitación para ejercer cargos públicos y, dependiendo de la conducta que haya sido realizada, son los años que se inhabilite. Eso, con independencia de las acciones que se pueden ejercer en otras vías”.
