POR: JESÚS PEÑA
Una película mexicana que triunfó en Cannes, La civil, narra a través de una historia verídica la crisis de las desapariciones en México, una realidad a la cual Puebla no escapa, en donde madres, padres, hermanos, hijos buscan a sus familiares en medio de amenazas y obstáculos.
El filme dirigido por Teodora Mihai enfoca la vida de Miriam Rodríguez, quien investigó la desaparición y el asesinato de su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez, ocurrido en 2014 en Tamaulipas.
Miriam Rodríguez investigó el caso, ubicó a los responsables y los entregó a las autoridades. Pero en 2017 varios reos escaparon del penal de Ciudad Victoria, entre ellos los asesinos de su hija y Miriam fue ejecutada por tres de ellos, el 10 de mayo, el Día de la Madre.
PUEBLA VIVE ESTE INFIERNO
“Varios familiares somos amenazados, literalmente, nos dicen: ‘dejen de estar chingando la madre porque también nos los vamos a chingar’. Tenemos familias desplazadas, que debieron irse de Puebla a otros estados, que dejaron de buscar a sus desaparecidos por esto”, dijo la fundadora del colectivo Voz de los desaparecidos, María Luisa Núñez.
En entrevista para Crónica Puebla, la activista señaló que las personas interesadas en que estos casos no sean investigados tiene ubicados a los familiares y cada movimiento de rastreo que hacen significa una llamada telefónica o mensajes de texto. Incluso los siguen en autos.
“En lo personal, me ha tocado que cuando revisamos un lugar, nos vigilaban a bordo de vehículos desconocidos. Esto se debe a que hay filtraciones de información desde la Fiscalía General del Estado (FGE). Conozco una familia desplazada, que debió irse: la mamá salía del Ministerio Público, de presentar una denuncia por desaparición; apenas llegó a la calle, recibió una llamada en la que le dijeron: ‘sigue chingando y te voy a mandar a tu hija descuartizada’. ¿Cómo sabían ellos, cómo se enteraron?”, declaró.
Por ello, señala que el colectivo ayuda buscar a los familiares en general y no a uno en particular, pues es una forma de defensa, pues así no pueden amenazar a todos; además, han desistido de compartir información importante con la FGE, hasta que ésta haga sus propias indagatorias.
“A los desaparecidos los encontramos nosotros. Si la FGE quisiera, los encontraría, pero sabemos que no debemos darles las herramientas que vamos teniendo, por las amenazas”, indicó.
EL PROCESO
María Luisa Núñez afirmó que el colectivo trabaja en un bajo perfil total, reuniendo información por sus propios medios, desarrollando análisis y ubicando predios en los que posiblemente haya una fosa clandestina, pidiendo a los dueños hacer la exploración.
“Cuando ubicamos un lugar, hacemos una avanzada y una vez con la certeza que hay restos humanos, entonces avisamos a FGE, a quien ya le toca desarrollar la parte forense. Pero antes de ubicar un lugar no compartimos información, porque lo primero que nos dicen es que no se puede hacer nada porque es propiedad privada”, explicó.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas señala que desde 1964 y hasta este año son cerca de 2 mil 500 personas extraviadas, sin embargo, la fundadora del colectivo Voz de los desaparecidos considera que la cifra debe estar en por lo menos 3 mil, pues muchas personas no denuncian por falta de credibilidad a las autoridades o por amenazas.
“En Puebla ocurre cada seis horas un extravío, es decir cuatro personas al día. Pero la FGE y Comisión de Búsqueda del Estado de Puebla (CBPEP) mezclan los datos de personas no localizadas con las denuncias de desaparecidas. Las primeras no son víctimas del delito, sino que dejan su casa por violencia u otros problemas, pero los cuentan como desaparecidos y a ellos los localizan casi en su totalidad, pero en los casos de desaparición real, en 99.9% no los encuentran… ni los buscan”, declaró.
El objetivo –aseguró– es alterar estadísticas y dar la sensación que el problema se resuelve. En ese sentido, precisó que la CBPEP dice tener 600 expedientes de personas desaparecidas, de las cuales han localizado a 400, “pero ¿qué pasa con el resto de las 2 mil 500 que oficialmente se reconocen?”
ALGO SE AVANZA
Sin embargo, María Luisa Núñez reconoce que hay avances en el tema, pues la anterior Legislatura local aprobó la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, por lo que ahora se puede conformar el Consejo Ciudadano del CBPEP, cuyo plazo para la recepción de postulaciones concluyó este 19 de noviembre.
Además del reglamento interno, también deben crearse los lineamientos o reglas de operación para células municipales de búsqueda, luego que en las pasadas administraciones sólo Tecamachalco la implementó y funcionó de manera correcta, mientras que otros ayuntamientos –explicó la activista– ni siquiera logran entender para qué sirve.
“Desde el colectivo, no tenemos intereses políticos; la experiencia nos ha llevado a reconocer que la crisis de desapariciones en México fue permitida por gobiernos federales durante muchos años, pero con el actual se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda, se están asignando recursos a los estados.
Además, el Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU, creado hace 13 años, había pedido visitar al país y hasta ahora se aceptó. Su primera visita es a México, país donde diagnostican la peor crisis en desaparición de personas.
“Los gobiernos estatales y municipales deben entender que este no es problema personal, es de Estado, una crisis generada por el propio sistema. Negar el problema no es desparecerlo. La inseguridad, los feminicidios, los asesinatos, nada se resuelve desde un escritorio, es un trabajo coordinado, ellos no tienen una varita mágica y deben dejarse ayudar”, comentó.
Agregó que por ello debe ser observado el caso de María del Carmen Carabarin Trujillo, titular de la CBPEP, que “está endiosada con su cargo y sólo busca beneficio personal”.
“Yo fundé Voz de los desaparecidos un año y siete meses después de la desaparición de mi hijo. Gracias a esta labor del colectivo se creó la CBPEP, gracias a levantar la voz a pesar de las amenazas y limitaciones se creó la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, gracias a 45 días en plantón y entre agresiones se aprobó la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla no como debía ser, pero ya partimos de algo”, dijo.
EN EL CINE
El séptimo arte es una herramienta poderosa para la denuncia social. El caso de La civil ha acaparado en las últimas semanas la atención al revelar cómo una madre, con tal de hacer justicia para su hija, es capaz de investigar a los criminales que la desaparecieron y mataron, aunque al final muere a manos de los mismos hombres que ella ayudó a capturar tras fugarse del penal.
La plataforma Netflix colocó el año pasado en su catálogo un documental titulado Las tres muertes de Marisela Escobedo, una madre que investigó la desaparición y el asesinato de su hija adolescente en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2008.
El culpable fue su yerno Sergio Rafael Barraza Bocanegra, a quien ubicó y lo llevó a las autoridades en uno de los primeros juicios orales del país; allí le pidió perdón por el asesinato de su hija, pero tres jueces lo absolvieron por falta de pruebas.
Marisela dejó su trabajo, se paseó desnuda por las calles de Ciudad Juárez con la foto del asesino confeso de Rubí, se enfrentó a las autoridades, mantuvo un plantón frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua y fue amenazada de muerte, pero ella declaró: “Si me va a venir este hombre a asesinar, que me venga a matar aquí, para vergüenza del gobierno”.
La noche del 16 de diciembre de 2010, un hombre bajó de un auto blanco frente a su ella en plantón, al ver que llevaba un arma, Marisela atravesó la calle sin fijarse en los autos; él la alcanzó en la acera de enfrente, justo en la sede del Ejecutivo, y le dio un balazo en la sien.
Señorita extraviada (2001) es otro documental. Expone la cifra de mujeres asesinadas entre 1993 y 2001 (más de 300) y de desaparecidas (que se eleva a 500). Este trabajo es considerado como una denuncia pionera, pues cuando se filmó, estos hechos en Ciudad Juárez aún no eran difundidos.
