El derecho a la verdad, una noción jurídica que va más allá de la letra en las leyes y que tiene referentes nacionales e internacionales sólidos -nos confió una fuente desde el primer círculo del tema- será la base de la reapertura del caso Chalchihuapan que, de cualquier manera, está en posibilidad de revisión, porque los delitos que ahí se cometieron no han prescrito.
Están vigentes.
Jurídica y socialmente.
Hay que echar atrás la memoria.
La conformación en aquellos años de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que presidió Raúl González Pérez, concluyó que se cometieron violaciones graves de derechos humanos.
Emitió la recomendación 2VG/2014.
Luego, en julio de 2017, a tres años de la refriega entre policías y habitantes de esa junta auxiliar y de la muerte del niño José Luis Tlehuatle Tamayo, confirmó que se había cumplido apenas algunos de sus 11 puntos.
Entre esos estaban la reparación económica del daño.
La creación de una fiscalía especial para el caso.
Capacitación en materia de derechos humanos de los cuerpos policiacos.
Una disculpa pública a la madre del menor y a otros cuatro pobladores de Chalchihuapan que resultaron gravemente heridos.
La documentación de los operativos y varias detenciones.
Un punto vital, jamás se cumplió: el inicio de procedimiento de responsabilidad contra el entonces secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas.
Los años echaron polvo al caso.
A la recomendación y a los protagonistas el tiempo les sirvió de escondite.
Varias organizaciones consideran incumplida, todavía hoy, la recomendación.
Pero no solamente ocurrió eso.
Un dato que tampoco está en la memoria social inmediata es que se dio el relevo del presidente de la CNDH justo en el transcurso de las investigaciones.
Comenzó la CNDH a abordar el caso con Raúl Plascencia Villanueva, como presidente.
Él incluso visitó el lugar de los hechos a los pocos días de ocurridos e incluso se pensó que perfilaba una recomendación muy dura para el gobierno que entonces encabezó el hoy fallecido Rafael Moreno Valle.
Sin embargo, Plascencia fue relevado del cargo el 15 de noviembre de ese 2014, a menos de cuatro meses de esos aciagos hechos del 9 de julio del mismo año.
Por donde se vea, hay sólidos argumentos para suponer, como ha dicho el gobernador Barbosa, quien entonces era senador de la República, que se dio una condenable componenda.
La verdad, su búsqueda y el derecho a obtenerla, bastan para reabrir este caso.
Más allá de las “oficiales” u oficiosas “verdades históricas”.
Puebla necesita la verdad a secas.
Sin maquillajes y sin impunidad.
