Arturo Luna Silva [email protected] Twitter: @ALunaSilva
No debe extrañar la actitud y la conducta de la jurista.
Ella pertenece al grupo anquilosado y lleno de vicios del pasado.
Algunos le llamarían la “vieja guardia”.
O la “añeja mafia”.
La pretensión de doña Margarita Gayosso de asaltar al Poder Judicial y fincar sus posiciones administrativas y políticas, además de hacerse del control del presupuesto, no es novedad.
Lo ha intentado desde que presidía Héctor Sánchez Sánchez.
Contra él y su grupo de magistrados nobeles se enfrentó con su facción.
Ahora, envalentonada tras el deceso de Miguel Barbosa Huerta, Margarita Gayosso pretende aplastar, o al menos anular, al Consejo de la Judicatura y a su presidente, Carlos Palafox Galeana.
También a los titulares del Tribunal de Justicia Administrativa y la Sala Constitucional.
La esencia de la reforma barbosista fue dividir las responsabilidades en el Poder Judicial.
Crear cuatro pilares, con sus respectivas cabezas, y que solamente sus presidentes estuvieran 4 años en éstas, sin posibilidad de reelección.
Se buscó el equilibrio y el contrapeso, que el poder no se concentrara en una sola persona, por primera vez en la historia de Puebla.
Pero resulta que Margarita Gayosso quiere anular eso.
Berrinchuda, inconexa, pretende que, como hasta antes de la Reforma Judicial, sea ella, como titular del TSJ, la única cabeza.
Manejar la chequera.
Designar y quitar jueces.
Presionar y exigir cuentas a los magistrados.
Poseer en su mano -y manejar a su antojo- la justicia, que debe velar por todas las poblanas y todos los poblanos.
Ella y sólo ella.
“El Poder Judicial soy yo”, quiere, busca y pretende.
Pero la realidad es que ni siquiera su actual responsabilidad como presidenta del TSJ puede realizar.
Varias fuentes bien informadas nos dan un ejemplo que ocurrió este mismo jueves.
La conducción de la sesión del Pleno, como en otras, se le complicó de más.
Y se exhibió titubeante, distraída y errática.
De pronto, cuando la sesión ya iba en el punto siete, Margarita Gayosso preguntó a los magistrados si aprobaban el orden del día.
Se perdió completamente.
Eso, sumado a su pertinaz golpeteo en medios y columnas que ya ni la disimulan.
Ha quedado clara, clarísima, su aviesa intención de echar abajo la reforma que aprobó el Congreso local y los cabildos de los 217 ayuntamientos.
Un despropósito.
Uno tan grande que, sin exagerar, ha llevado ya a varios magistrados a plantearse la posibilidad de ejercer su facultad para removerla.
Nada raro sería que ocurriera.
Porque quien busca, encuentra.
