Aunque no se les puede eximir del todo de su responsabilidad, los concesionarios del transporte público colectivo en Puebla también vieron atravesada y tropezada, por la pandemia y sus crisis de salud y económica, su obligación de cumplir con la modernización y las adecuaciones integrales del servicio.
A un año de distancia de que entró en vigor el incremento de 2.5 pesos al precio del pasaje -el 12 de octubre de 2019-, el corte de caja sobre las mejoras a las que se comprometieron, en reciprocidad con el alza, es negativo.
Se ha fallado y el gobierno, sin pretextar la contingencia del Covid-19, lo ha reconocido.
Algo muy inusual en los gobernantes, tan proclives a la falta de autocrítica.
“No han sido exitosas las acciones después del alza de la tarifa. Faltan cosas, pero no solamente es la tecnología, quedamos que íbamos a revisar las rutas porque hay encimadas, quedamos en que íbamos a limpiar de piratas y no se ha hecho”, aceptó en su conferencia de este martes, el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Pero admitir fallas no representa la claudicación.
Al contrario.
“Nomás les digo, mi gobierno no será un gobierno más de esos corruptos, anteriores, que dejaron, hicieron más porquerías que las que recibían, y provocaron la enorme corrupción allá en el manejo de lo que es el transporte público.
“Mi gobierno no será ése, el que permita piratas, rutas encimadas, no autorizadas, policías que extorsionen. No, mi gobierno no será ése”, agregó en su referencia a este tema en la conferencia mañanera desde Casa Aguayo.
Entre todas las mejoras a las que se comprometieron concesionarios y autoridades, solamente se tiene la certeza de que se realizó la colocación de cámaras de videovigilancia, botones de alerta y localizadores GPS. Y en 60% del total del parque vehicular: el restante 40% no tiene para cuándo.
Siguen pendientes los compromisos de renovar unidades, mejorar el servicio, capacitar a los operadores, entre muchas cosas.
Falta y mucho.
De ambos lados.
Se deberá avanzar.
Una limpia total de la corrupción y el ordenamiento del transporte es una tarea de dimensiones enormes.
Es una deuda que se tiene con los poblanos desde hace décadas.
Ése no es un problema que venga de octubre 2019 a la fecha.
Puede haber atenuantes a la falla de los compromisos.
La crisis económica que nos ha golpeado a todos, al igual que la de salud, debe estar sin duda considerada.
Lo más importante es que no se deje este tema para un muy largo después.
De esos que, en el pasado, llevaron este y otros pendientes al cajón del olvido.
Un baúl muy lleno de incumplimientos.
Que esta vez no ocurra.
¿DOBLE JUEGO CONTRA MIGUEL BARBOSA?
Más de un comensal informado se sorprendió al ver muy cerquita, el pasado jueves en el Suntory, al principal asesor jurídico externo del gobernador de Puebla con Arturo “Aru” Fernández, sobrino del ex mandatario Tony Gali y hermano de Bernardo Fernández, cercano a Fernando Manzanilla.
¿De qué habrá platicado el encargado de buena parte de la revisión jurídica del pasado reciente en Puebla con este personaje ligado directamente con enemigos u objetivos del gobernador?
¿De las denuncias penales en curso, lo cual por donde se le vea está muy pero muy raro?
¿Será que estamos ante un escenario de dobles juegos, traiciones, filtraciones y delaciones en el primer círculo del gobierno?
No hay ni puede haber confusiones.
Para más señas, el asesor jurídico externo es el mismo que presume haber traído a Puebla a la “Legión Chiapaneca”, empezando por el secretario de Seguridad Pública, Raciel López Salazar.
