Arturo Luna Silva / [email protected] / Twitter: @ALunaSilva
El pasado 12 de octubre marcó un punto de inflexión en la historia reciente del empresariado poblano.
El Juez de Control Francisco Javier Orozco Treviño resolvió vincular a proceso a Miguel Ángel Celis Romero por el delito de extorsión agravada en agravio de su socio y familiar Alfonso Celis Enecoiz, dentro de la carpeta 152/2025/TEHUACÁN.
La decisión, sustentada en pruebas documentales, comunicaciones privadas y testimonios directos, dejó claro que el dinero y las influencias ya no son escudo frente a la ley.
El caso, que sacudió al empresariado tehuacanense, desnuda la otra cara del poder familiar: aquella donde el parentesco y la sociedad se transforman en armas de presión.
Las investigaciones acreditaron amenazas y coacciones destinadas a obtener el control patrimonial de Socorro Romero Sánchez, S.A. de C.V., empresa emblemática del sureste poblano y símbolo del legado industrial de la familia Celis.
Paradójicamente, el amparo federal 541/2025, promovido meses atrás por Miguel Ángel Celis Romero, no logró revertir el curso de la justicia.
Si bien el Juzgado Quinto de Distrito en Puebla reconoció ciertos vicios formales en la orden de aprehensión, finalmente el recurso fue sobreseído el 28 de agosto de 2025, confirmando la plena validez del proceso penal que ahora lo mantiene recluido en el CERESO de Tehuacán.
El intento de frenar su detención mediante tecnicismos legales fracasó, y la realidad procesal se impuso sobre las estrategias de defensa.
Fuentes cercanas al penal refieren un aislamiento total, una soledad que contrasta con el poder que ostentaba en la empresa.
Cuentan que, a la fecha, ni sus hijos, ni su mamá ni su esposa lo han visitado en prisión.
Su entorno social y político también se ha desmoronado: las supuestas llamadas a funcionarios de alto nivel en Puebla no surtieron efecto, y los “favores” de antaño se disiparon frente a la contundencia de la carpeta judicial.
En cambio, Alfonso Celis Enecoiz y su familia inician una etapa de serenidad y reconstrucción, confiando en que las instituciones harán justicia frente a años de intimidación y abuso.
La defensa del empresario agraviado ha enfrentado incluso amenazas de muerte, buscando que se retiren del caso y abandonen Tehuacán, pero han resistido con firmeza, respaldados por la ley y por la convicción de que no se trata sólo de un pleito familiar, sino de la defensa de la legalidad y del patrimonio.
No todo es la disputa de una millonaria herencia , la pelea es por lo que corresponde conforme a la ley y que Miguel Ángel Celis Romero quiso quitar “a la mala”.
Si era inocente, ¿por qué andaba prófugo de la justicia?
Mientras tanto, la empresa Socorro Romero Sánchez continúa operando con normalidad, demostrando que su solidez no depende de un solo nombre u hombre.
La dirección corporativa, los trabajadores y los proveedores mantienen el rumbo de producción y compromiso social que caracteriza a la marca desde hace décadas.
Se busca crecer y ayudar a crecer a Tehuacán, que tanto lo necesita.
La caída de Miguel Ángel Celis Romero es más que una anécdota judicial: es una advertencia para quienes confunden el poder económico con impunidad.
En Puebla, la justicia avanza, incluso cuando se cree que el apellido pesa más que la ley.
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