Como siempre pasa, la injusticia se ensaña con las familias más pobres y el abuso de autoridad siempre los golpea con fuerza, para dejarlos, la mayoría de las veces, en el desamparo social e institucional.
Eran las ocho de la mañana del pasado domingo (16/08/20) cuando llegó un abogado que sólo se identificó como funcionario de la Fiscalía General del Estado (FGE), acompañado de un grupo compacto de más de 15 golpeadores, así como de un “perito” fotógrafo y un supuesto dueño de inmueble.
Tocaron la pequeña puerta blanca de la casa ubicada en la 19 poniente 1924 de esta ciudad y, sin saberlo, la pequeña familia que la habitaba (cuatro personas) abrió y el abogado con sus golpeadores empujaron a una madre de familia y su hija, niña; en cuestión de minutos, los porros amenazaron y golpearon al padre y también al hijo.
Se metieron al domicilio en litigio, empezaron a destrozar todo y sacaron las pocas pertenencias de esta familia de escasos recursos económicos, que jamás imaginó estos actos de violencia en su contra. Estos golpeadores profesionales, armados de palos y comandados por un acompañante del abogado, sólo daban órdenes y hablaban por teléfono, diciendo que ya estaban desalojando a la familia.
Sacaron a quien habitaba esa diminuta casa; incluso a la habitante más pequeña, niña, en pijama y con sus dos perros, fue expulsada; su madre no sabía qué hacer y el padre discutía y trataba de detener el desalojo, pero los golpeadores lo inmovilizaron, y a todos los dejaron –literalmente– en la calle.
Los sencillos muebles con que contaban fueron amontonados en la banqueta y el abogado, que en todo momento dijo ser de la Fiscalía y cuya fotografía en el momento del desalojo acompaña este texto, seguía dando órdenes y hablaba por celular.
El dichoso abogado jamás mostró documento alguno de un juzgado que avalara la acción, tampoco estuvo presente algún funcionario o diligenciario; lo hizo en domingo y como vulgar delincuente, todo el tiempo se dedicó a dirigir el asalto, protegido por esta banda de golpeadores contratados.
La familia de escasos recursos le pedía que detuviera el desalojo, pero este sujeto, de estatura pequeña, con rostro autoritario, sólo les decía que era “fiscal” y que se iba a hacer su santa voluntad. Los cuatro integrantes de esa familia, sin saber qué hacer, desesperados, buscaron llamar a la Policía Municipal y, después de dos horas, llegó una camioneta con uniformados que no hicieron nada; o bueno, sí: sólo se quedaron a ver la trágica escena sin decir una sola palabra a los porros que entraban y salían de la casa desalojada.
Este domicilio pasa por un litigio: el supuesto propietario les hizo una promesa de venta y recibió varios pagos, pero después no pudo entregar los documentos porque uno de sus hermanos también era propietario. Sin embargo, como ha pasado en ese barrio, el de Santiago, convertido en un dormitorio estudiantil, el acaparamiento y negocio de casonas viejas y vecindades es parte ahora del gran negocio de inmobiliarias y empresas constructoras.
El supuesto propietario vendió esta propiedad por segunda vez a uno de estos acaparadores de casas y vecindades. En complicidad con algunos abogados de la FGE o de algún juzgado, iniciaron los procedimientos para llevar a cabo ese desalojo violento, por encima de la ley. La familia se quedó en la calle, desesperada y sin un lugar a donde ir para pasar la noche.
Días antes, para colmo, la madre de familia hace unos días había sido liquidada en una fábrica que tuvo que cerrar por la pandemia de COVID-19. Sin apoyo alguno, sin recursos para contratar a un abogado, con la pasividad o complicidad de los policías municipales, al final del día subieron sus cosas a una mudanza… y se fueron en busca de refugio a casa de un amigo o un pariente. Queda claro que aún siguen prevaleciendo las complicidades en juzgados y la Fiscalía, con abogados que violentan los procesos que marca la ley, para seguir cometiendo injusticias.
Las autoridades municipales continúan entregando permisos de uso de suelo ilegales, para que siga el negocio de inmobiliarias y constructoras, que compran vecindades y terrenos en barrios y colonias. Esto ha dado como resultado procesos graves de gentrificación, en donde la expulsión de familias pobres hacia las orillas de la ciudad es necesaria para ofertar casas y departamentos caros en la ciudad.
Como muchas otras, esta familia pobre y desalojada por un presunto funcionario de la Fiscalía y golpeadores, ahora sin un techo para vivir, sólo espera que se haga justicia. Lo único que piden es que el gobernador Miguel Barbosa Huerta los pueda escuchar para denunciar la injusticia que sufren y para contarle cómo la impunidad, el cáncer de México, una vez más está haciendo de las suyas.
