Por: Jorge Alberto Calles Santillana
Dos historias recibieron recientemente profusa atención tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales: una fue la del hallazgo con vida de Dylan Esaú Gómez, el niño de dos años que fue robado de un mercado de San Cristóbal de las Casas 45 días antes.
La otra, la de un funcionario de la policía de Puerto Vallarta que fue exonerado del delito de corrupción de menores, a pesar de que su detención se produjo debido a que en su auto fue hallada desnuda una menor, de la cual había abusado momentos antes.
Dos casos que han sacado a la luz pública, superficial y momentáneamente, los altos niveles de inseguridad y abuso a los que se encuentran expuestos los menores mexicanos. Sin embargo, la ocurrencia de estos hechos y su conocimiento son resultado de un cúmulo de carencias y problemas que, por no ser objeto de escrutinio permanente, no obtienen visibilidad.
Enumero algunas de ellas: 1.Ambos hechos se convirtieron en noticia no por ellos mismos, sino por factores que los hicieron apetecibles para los medios: el secuestro de Dylan ganó la atención pública porque su madre, una indígena chiapaneca, viajó a México a denunciar el hecho ante el presidente en virtud de que las autoridades estatales no habían puesto empeño en resolver el caso.
El segundo caso se volvió relevante por el hecho de que un juez decidió no imputar al acusado el delito de corrupción de menores y porque el perpetrador es un funcionario público. El abuso cometido y la corta edad de la víctima no detonaron la noticia.
La responsabilidad recae aquí en los medios de comunicación por dos razones: en primer lugar, porque los valores a través de los que los hechos se convierten en materia noticiable los han orientado a ocuparse de eventos que puedan ser explotados con morbo y puedan ser transformados en espectáculos. En segundo lugar, porque por varias razones le han conferido más importancia al periodismo de reporte que al de investigación.
- El secuestro de Dylan evidencia, una vez más, que las poblaciones indígenas de México viven desatendidas y que su vulnerabilidad es invisible e irrelevante para las autoridades y la sociedad. Dylan fue secuestrado porque, al igual que muchos niños de San Cristóbal, asiste con su madre al mercado donde ella trabaja sin contar con instalaciones en las que pueda permanecer con atención durante la jornada laboral; el secuestro fue posible, también, porque el mercado no cuenta con cuerpos de vigilancia que garanticen la seguridad del lugar.
Más grave es el hecho de que, en un intento por convencer a la opinión pública de su actuación oportuna y eficiente, las autoridades chiapanecas detuvieron a un anciano, cuatro mujeres y 23 niños de diferentes edades y las acusaron de ser una banda de secuestradores dedicada a la explotación y trata de infantes, cuando al parecer se trata de una familia.
El anciano, de nombre Adolfo Gómez, moriría en prisión días después. Incluso cuando su cuerpo mostraba huellas de tortura, las autoridades inicialmente declararon que Adolfo se había suicidado.
Las cuatro mujeres continúan detenidas y a pesar de que familiares se han presentado a demostrar el parentesco de los menores, las autoridades exigen pruebas de ADN. La precaria situación de los indígenas gana visibilidad sólo en ocasiones como ésta, lo que suscita una conversación pública que los revictimiza, pero que no promueve soluciones estructurales.
3. Las detenciones de los cuatro adultos y los 23 niños, así como la de Luis Alonso, el funcionario policíaco jalisciense, se realizaron de manera arbitraria y sin apego a protocolos que garanticen debidos procesos.
Las protestas de los indígenas no han recibido atención y es difícil pensar que la muerte de Adolfo será siquiera investigada de manera correcta. Muy probablemente, nadie será responsabilizado y su posible asesinato quedará sin castigo.
Por otra parte, la detención de Luis Alonso, en Puerto Vallarta, fue irregular de principio a fin. No se recopilaron evidencias ni se buscaron testigos. Por si fuera poco, la fiscalía incurrió en errores a la hora de inculpar al detenido por desconocimiento de la ley y el juez desestimó un cargo basado en prejuicios sexistas (“la niña no sintió placer”) más que en argumentos jurídicos, a pesar de haber laborado por largo tiempo en un centro especializado en atención a mujeres víctimas de abuso sexual.
Independientemente de que es posible que quienes lo detuvieron hayan tenido intenciones de encubrir a Luis Alonso por ser miembro de la corporación de seguridad, es un hecho que las policías del país y los miembros del sistema judicial continúan actuando con desconocimiento de los procesos, lo que contribuye en buena medida a que los índices de impunidad en el país se mantengan altos.
A pesar de que la reforma judicial data de 2008, las instituciones encargadas de garantizar seguridad e impartir justicia no han capacitado debidamente a sus miembros. Corrupción e incapacidad son una combinación desastrosa para el estado de derecho.
- El abuso cometido por Luis Alonso causa alarma por su resonancia mediática. Conocido como uno de los paraísos para los interesados en el sexo infantil, Puerto Vallarta presenta altos niveles de abuso.
Hasta la fecha se han registrado 67 casos, 15 por ciento más que en 2019. Las autoridades no están capacitadas ni interesadas en frenar estas actividades; tampoco hay quienes promuevan políticas públicas que, al menos, las vuelvan visibles e identificables. Estos dos casos nos dejan ver algunos de los muchos problemas graves que padecemos en México para las cuales no hay referencias en los diarios discursos políticos y, por supuesto, tampoco atención. Hagámoslos visibles.
