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El gobierno de Puebla mantiene una batalla jurídica contra los abusos en los cobros de los taxis ejecutivos de plataformas tecnológicas, conocidas como aplicaciones, principalmente Uber, que tiene un solo e innegable interés: la defensa de los usuarios poblanos.
No cejará en esta lucha.
Estas empresas, pretextando la oferta-demanda, subieron hasta en 200 por ciento sus tarifas, el 19 de diciembre pasado.
En un intento de disfrazar el abuso, las plataformas lo llamaron “tarifas dinámicas”.
Lo que no son.
Lo que no existe.
No debería existir.
Finalmente, los gobiernos están para poner orden.
La administración estatal emitió un decreto, con el que puso límites a las tarifas que crecieron descomunalmente.
Desde el primer minuto de los aumentos en los viajes de Uber y Didi, principalmente, llovieron las denuncias en redes.
Viajes que, habitualmente, costaban a los poblanos 50 pesos, se fueron a 150 pesos.
Un servicio desde el aeropuerto de Huejotzingo a la Central de Autobuses de Puebla (CAPU) costó hasta 600 pesos.
Algunos traslados llegaron a los 800 pesos, cuando antes costaban menos de 250 pesos.
De ahí que el pasado 28 de diciembre de 2021, la Secretaría de Movilidad y Transporte del gobierno de Puebla publicó las tarifas máximas para el servicio ejecutivo.
La medida está dirigida para Uber, Didi y Cabify.
El cobro máximo por viaje diurno se fijó en 226 pesos.
En las tarifas nocturnas quedó en 294 pesos.
Los topes están muy claros: la tarifa base es de 17.50 pesos.
El cobro mínimo por viaje será de 52 pesos para trayectos de hasta 5 kilómetros.
Así una serie de detalles con base al kilometraje y hora, hasta el cobro máximo.
No gustó a las plataformas y, al menos Uber, se amparó con éxito.
Logró la suspensión sólo para sus servicios.
Didi y Cabify deben seguir rigiéndose por el decreto del gobierno de Puebla.
Pero esa protección jurídica que consiguió Uber tiene sus asegunes, lagunas e interpretaciones.
La plataforma que, por cierto, aumentó sus tarifas, pero no comparte ganancias en la misma proporción con los dueños de los vehículos y menos con los choferes, quienes fueron utilizados en manifestaciones, festejó en un comunicado.
Según Uber, el amparo tiene como base resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Federal de Competencia Económica.
“…que han establecido que los servicios de transporte privado intermediados por las plataformas tecnológicas son una categoría distinta, que no debe estar sujeta a la regulación pensada para los operadores tradicionales de transporte público, ni ser objeto de disposiciones que limiten la libre competencia”.
Sin embargo, realmente se trata de un asunto de defensa de los usuarios.
El decreto del gobierno busca proteger a los poblanos.
Lo que es su derecho y obligación.
Por eso, la administración de Miguel Barbosa mantendrá la batalla legal.
En la conferencia matutina de este jueves, el gobernador consideró que Uber se muestra desafiante ante la autoridad.
Que se ha escudado en la oferta y la demanda, para mantener sus “tarifas dinámicas”.
“Dicen que no van a cumplir con la ley, y que la oferta y la demanda no se regulan por los gobiernos. Totalmente en una posición de desafío.
“No vamos a apartarnos de nuestra ruta de defender a los poblanos”, adelantó Barbosa.
La verdad es que las plataformas se mueven en la opacidad jurídica.
Abusan de sus socios dueños de vehículos.
De los choferes.
Aun si ganaran la batalla de las tarifas, con sus acciones, el gobierno del estado ha sentado un precedente de grandes beneficios para los ciudadanos.
Afortunadamente.
