En un tiempo no muy remoto, el jefe policiaco involucrado en la ejecución de tres agentes ministeriales habría estado detenido un par de horas, pero tras una llamada –al número adecuado– no sólo hubiera quedado rechinando de limpio, sino también gozando a todo lujo de unas buenas vacaciones en algún paraíso mexicano; tal vez Cancún, quizá Los Cabos…
En otra época, el influyente secretario de gabinete que robó, traficó con concesiones, que se enriqueció y que engañó con el sistema de cámaras para el transporte público, sería objeto de reconocimientos y viviría tranquilo, en paz, gozando, a sus anchas, de su riqueza e impunidad al amparo del poder…
Pero eso se acabó.
Ya no valen los padrinos.
Los derechos de sangre de la influencia superior.
Las militancias partidistas.
Los acuerdos cupulares.
Al menos ahora y en estos años que corren.
El gobernador Miguel Barbosa Huerta y su política del fin a la impunidad pasada, presente y futura, debe leerse en positivo.
Muy en positivo.
Aunque es algo a lo que no estaba acostumbrada la clase política poblana.
Tan adicta a envolverse con el manto de la impunidad.
Por eso algunos se indignan.
Por ello sus plumas adiestradas ven “persecución”.
Ninguno de los presos recientes es una blanca palomita.
Los procesos están acreditados suficientemente.
Tienen y han tenido el derecho de recurrir a los recursos judiciales que las leyes y la Constitución les permiten.
Hagamos una revisión a algunos nombres de esta lista, sobre la que nadie, en su sano juicio, pondría su prestigio a favor de su defensa.
Eukid Castañón Herrera, el otrora poderoso operador morenovallista, acusado de extorsionar a particulares y otros delitos.
Leoncio Paisano, exalcalde de San Andrés Cholula, por pendientes en el ejercicio de sus funciones y malos manejos de las arcas municipales.
Víctor Hugo Islas Hernández, procesado por violencia familiar y por mentir a una autoridad judicial, con el fin de apresar a su expareja.
Felipe Patjane, exalcalde de Tehuacán, por el manejo corrupto para su beneficio del presupuesto del segundo municipio más grande del estado.
José Alejandro Martínez Fuentes, alcalde Quecholac y hermano del presunto líder huachicolero Antonio El Toñín, preso por abuso de autoridad, ejercicio indebido de funciones públicas y delitos contra el funcionamiento del Sistema de Seguridad Pública.
Bernardo Fernández Tanús, sobrino del exgobernador Tony Gali, por el presunto saqueo a Casa Puebla.
Recientemente, Francisco Romero Serrano, auditor suspendido, quien está detenido por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia inexplicable, que fue detectado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Y Guillermo Aréchiga Santamaría, extitular de Movilidad y Transporte, por muchos presuntos delitos que cometió como funcionario público, entre ellos la venta de concesiones.
A la lista, aunque como tema colateral, pero que hay que recordar, porque en otro tiempo hubiera imperado la impunidad o la solicitud de ésta desde el estado de Puebla, es el encarcelamiento de Mario Marín, por los resabios del caso Lydia Cacho.
¡Y los que siguen!
Muchos están viendo el árbol, pero no el bosque.
Se acabó el pacto no escrito de esconder los delitos entre gobiernos del pasado.
Ocurrió siempre, incluso en la alternancia con el morenovallismo.
La simulación se acabó en esta era.
Hay quien no entiende que Miguel Barbosa no busca quedar bien con nadie.
Ni protege a nadie.
Entre otras cosas, porque cree fielmente en el cambio de régimen y porque no ambiciona ni tiene proyecto político personal.
Tampoco un interés de prolongar su poder.
No es venganza ni ajuste de cuentas.
Es la aplicación de la ley simple y llanamente, luego de tantos años y años de abusos por parte de la clase política poblana.
Se habla de una larga lista pendiente.
En ésta, por supuesto, se espera que esté el llamado JJ, el exdiputado José Juan Espinosa, hoy “extraviado” en algún lugar del mundo.
Y tal vez hasta un exgobernador o al menos sus principales colaboradores.
“Aquí no hay manto protector… Mi obligación es que se aplique la ley”.
Es la sentencia en las propias palabras de Barbosa.
¿Quieres que te lo cuente otra vez?
