De manera coincidente y por demás afortunada, en días recientes tanto el gobierno estatal como el de Puebla capital hicieron alusión a diversas acciones en atención al complejo tema de las adicciones.
Se trata de un asunto de la mayor relevancia porque el hábito en el consumo de sustancias nocivas no sólo causa daños en la salud, sino que incide en todo el entorno social.
Y más grave aún: perjudica mayoritariamente a la población juvenil que, al ser desatendida, corre además el riesgo de inducirse al peligroso terreno de la delincuencia.
Una cosa lleva a la otra: los adictos son, potencialmente hablando, posibles infractores sociales. De ahí la importancia de prevenir todo tipo de adicciones y, en su caso, atender de la mejor manera a quienes padecen estos males.
En ese contexto, hace días, durante una de sus habituales conferencias de prensa, y a pregunta expresa, el mandatario estatal Miguel Barbosa hizo referencia a los presuntos centros de rehabilitación de adictos, conocidos como “anexos”.
Reconoció que en esos lugares suelen cometerse abusos, si bien aceptó que son finalmente un negocio, pero están fuera de control, y mencionó que operan al límite de la ilegalidad porque a veces restringen la libertad de los internos, además que también llegan a convertirse incluso en refugio de delincuentes.
Habló de la posibilidad de coordinarse con los ayuntamientos para imponer una regulación en esos lugares a fin de que sean un verdadero apoyo a los enfermos por adicciones, especialmente de alcohol, dogas y otras sustancias.
Se pronunció también por la necesidad de acciones de los tres niveles de gobierno; y en esa ocasión pidió el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, elabore un proyecto para mejorar y hacer más eficiente los servicios que en la materia ofrece el gobierno –ciertamente de manera precaria–, a través del Centro Estatal de Salud Mental.
Es de esperarse entonces que los famosos “anexos” cumplan pronto con requisitos muy estrictos para el desempeño de sus funciones y se conviertan en lugares bien acondicionados y seguros, además que sean atendidos por personal especializado.
Es muy cierto –hay testimonios de ello– que la “disciplina” que actualmente imponen es violatoria a los derechos humanos al persistir vejaciones, abusos y otras circunstancias de franca ilegalidad.
También es deseable que las instancias de salud del gobierno estatal puedan otorgar mejor e integral atención a quienes tienen severos padecimientos por el consumo de sustancias prohibidas.
Por otra parte, casualmente esta misma semana el Ayuntamiento de Puebla inició un programa en las 17 juntas auxiliares de diálogos con jóvenes sobre la prevención y detección temprana de adicciones, a fin de crear conciencia sobre el uso y abuso de sustancias nocivas y promover al mismo tiempo actividades que faciliten conductas saludables.
En un primer evento celebrado en Romero Vargas, el alcalde Eduardo Rivera Pérez habló de la necesidad de generar estrategias para apoyar a los jóvenes a mejorar su salud mental.
Comentó que miles de jóvenes empiezan a consumir alcohol y tabaco desde los 13 y 14 años en perjuicio de su salud física y mental, lo cual genera violencia familiar, problemas con la sociedad y el descuido de los estudios y trabajo.
Se trata pues de un par de decisiones de gobierno –estatal y municipal– que de manera coincidente confluyeron en un mismo objetivo de atender la compleja problemática social que implican las adicciones, tema que desafortunadamente suele ser soslayado.
Quizá el esfuerzo más notorio en el país es el que han impulsado los Centros de Integración Juvenil, creados desde 1969 con fines de prevención, tratamiento, rehabilitación y formación de especialistas en materia de consumo de drogas, aunque actualmente operan con escasos recursos, pese a que las estadísticas sean muy reveladoras.
Según datos recientes de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, 8.7 millones de personas han consumido drogas ilegales alguna vez en la vida. De las personas que han usado drogas ilegales, 7.3 han consumido mariguana. La edad de inicio del uso de drogas ilegales es de 17.8 años.
En cuanto al consumo de alcohol, 53.2% de los estudiantes de secundaria y bachillerato ha bebido alcohol, alguna vez. En el 35.5% el consumo prevalece durante el último año y en el 26.3% en el último mes. Las mujeres reportan los mismos niveles de consumo de alcohol que los hombres.
Además, el 16.9% de los estudiantes de 5° y 6° de primaria ha bebido alcohol alguna vez; en el 8.1% el consumo de alcohol prevalece en el último año y en el 4.0% en el último mes. La edad promedio de inicio de consumo de alcohol es de 12.6 años, sin diferencias significativas entre hombres y mujeres.
Tan sólo en la capital poblana hay unos 25 mil jóvenes que consumen drogas y de acuerdo con datos del Inegi, Puebla ocupa el primer lugar a nivel nacional en el consumo de alcohol en adolescentes y el segundo con fumadores más jóvenes.
Queda claro entonces que hacen falta acciones más robustas y bien planificadas en las que, además, se vislumbre a las adicciones como una vertiente en el ámbito de la seguridad pública.
De ninguna manera puede desligarse el consumo de alcohol, drogas y otras sustancias tóxicas con el vandalismo y la delincuencia.
Es bien sabido que los grupos criminales más poderosos del país tienen al narcotráfico como su principal actividad: siembra, cosecha, trasiego y venta de estupefacientes, además del mercadeo de cocaína y la producción de otras drogas “duras”, como el crack o las llamadas “piedras”.
Eso implica una cadena inmensa en la que participan casi impunemente miles de personas; una compleja estructura que incluye otras actividades delictivas, como el narco-menudeo, asaltos, secuestros, extorsiones, robo y tráfico de combustibles o huachicoleo.
Y atrás de todos ellos, involucrados o asumiendo el rol de víctimas, muchos miles o quizá millones de adictos, la mayoría jóvenes, que no pueden, no deberían quedar a la deriva.
