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Con apenas 30 días para que concluya la actual LX Legislatura del Congreso local, el próximo 15 de septiembre, la Comisión Permanente dio entrada a la iniciativa que el gobernador Miguel Barbosa Huerta envió para la expedición –que en realidad es una “armonización” con la norma federal– de la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla.
La llamada coloquialmente Ley sobre Desparecidos debió haberse “armonizado”, es decir, crearse una propia en sintonía con la federal, desde hace dos años, pero el Congreso fue omiso.
Ese vacío ha llevado a la protesta de varios colectivos.
Hay al menos 60 Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que han venido expresando la urgencia de que la norma sea avalada.
El colectivo Voz de los Desaparecidos incluso presentó a los diputados locales una iniciativa en julio de 2020.
Ésta se fue a la congeladora.
Finalmente, con la intervención directa del gobernador, con la facultad legislativa que le otorga la Constitución local, se presentó la semana pasada la iniciativa propia, que desde este lunes está en comisiones.
El calendario es intenso y busca que esta norma local, tras consultas y análisis, sea expedida el próximo 30 de agosto.
Así sería tras avalarse en el pleno del Poder Legislativo local en una sesión de periodo extraordinario, pues los ordinarios ya terminaron por este ejercicio, que comenzó en septiembre de 2018.
Aunque pareciera que todo está consensuado para aprobar esta norma, podría no ser tan fácil.
La iniciativa del Ejecutivo poblano tiene bondades que hasta los colectivos reconocen.
Propone el mecanismo de coordinación entre las autoridades estatales y municipales para buscar a las personas que han sido reportadas como no localizadas.
Se sincroniza en el estado con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Plantea la creación del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas.
Especifica cómo se regulará.
También el establecimiento de Registros Estatales de Personas Desaparecidas.
La forma en que los familiares pueden participar, entre otras medidas.
Sin embargo, hay quienes la ven limitada.
Los colectivos quieren que se avale la propuesta que presentaron en 2020, sin cambiarle ni una coma.
Eso será prácticamente imposible.
Ven que carece de especificación en su glosario de términos como “área de resguardo, búsqueda inmediata, fosa clandestina, fosa común y fosa individualizada”.
También consideran que debe garantizarse más la participación de los familiares de las víctimas, entre otros temas.
Lo cierto es que esta Ley, si consigue su aprobación, como está trazado en el calendario, el próximo 30 de agosto, será un avance muy importante.
Se reparará la dilación de más de dos años de la actual Legislatura local.
Se dará también como un logro tras el diálogo de autoridades federales con las locales.
No hay que olvidar que el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llamó al Congreso de Puebla a resolver este asunto.
Y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, se entrevistó directamente con el gobernador poblano.
Los dos son buenos amigos, desde que coincidieron como senadores, entre 2012 y 2018.
Es un trabajo de todos.
Las ONGs y las autoridades.
Será perfectible, por supuesto.
Y seguramente la próxima legislatura local lo sabe ya.
