Garganta Profunda
Arturo Luna Silva
[email protected] / Twitter: @ALunaSilva
El añejo caso de la normal rural de Teteles, Puebla, en donde un grupo se ha atrincherado para conservar sus ilegales beneficios y control casi carcelario, un autogobierno, sobre las estudiantes y la institución, ha encontrado absurdas complicaciones adicionales con el comportamiento de funcionarios del más alto nivel de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, que no entienden las diferencias entre el servicio público y defensa del Estado de Derecho, sobre su pasado de activistas en la calle.
Ellos tienen nombre y apellido.
El caso es cada vez más delicado y ha generado ya una controversia constitucional que la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado presentará contra las recomendaciones que, sobre el caso, emitió, basada en “información falsa”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El asunto es un galimatías en el que se ha intentado culpar al gobierno del estado de circunstancias que estuvieron fuera de su control y responsabilidad.
De todo esto, los beneficiarios han sido los personajes que controlan la Normal Rural “Carmen Serdán” y que mantienen sobre las estudiantes un control casi carcelario.
Les cobran cuotas por todo.
Multas.
Las obligan a participar en manifestaciones.
“Tienen un régimen de convivencia muy complejo”, acusó el mandatario poblano.
Hay testimonios de que son golpeadas o agredidas de muchas más maneras quienes no participan en sus protestas.
Es un autogobierno.
Muy parecido, guardando las proporciones, a un penal.
Y todo, bajo el supuesto de la conservación de la gratuidad, mayor presupuesto y la permanencia de normales rurales, lo que nunca ha estado en tela de juicio.
Bien vale la pena hacer la recapitulación de los hechos más recientes:
El 20 de mayo del año pasado, fallecieron dos estudiantes de la Normal Rural “Carmen Serdán” del municipio de Teteles de Ávila Castillo, del estado de Puebla, tras caer de un tráiler.
El vehículo estaba cargado con bebidas energizantes y las normalistas presuntamente lo estaban saqueando.
Una protesta como cualquier otra, pero que terminó en tragedia.
El hecho ha generado desde entonces muchas protestas.
En éstas, irracionalmente hay quienes culpan directamente al gobierno del estado.
El 1 de junio de ese mismo 2021 las protestas llegaron a Casa Aguayo, sede del Poder Ejecutivo, pero con todo y bombas molotov y varios hombres que amenazaron con incendiar el edificio.
Fueron arrestadas 43 de las estudiantes en la tarde-noche y su liberación se dio a las 5 de la mañana.
La CDH poblana asegura que en todo este tiempo acompañó a las estudiantes en el Complejo de Seguridad C-5, a donde fueron trasladadas.
Ése es precisamente uno de los puntos centrales de la controversia, pues las recomendaciones que el pasado 5 de septiembre emitió la CNDH omiten o tergiversan ese dato y otros más.
Además de que, en esencia, se invade el desempeño de la Comisión local.
En paralelo ha habido varias manifestaciones en la Ciudad de México.
Es ahí en donde entra la perniciosa participación de los funcionarios federales.
El gobernador Miguel Barbosa Huerta los señaló ayer:
Se trata de Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario, y Mario Chávez Campos, director general, los dos de Educación Superior de la SEP federal.
Los dos, dijo, azuzan a las estudiantes a que protesten contra el gobierno poblano, en lugar de contribuir a la solución.
Concheiro estará en Puebla la próxima semana para abordar el tema.
El caso Teteles pone en la mesa de la discusión el papel de los funcionarios, que vienen de la “izquierda” y de las protestas callejeras, por más legítimas que hayan sido en el pasado.
De todos los órdenes de la administración y de todos los colores.
O son garantes de las instituciones.
O son activistas.
El “ellos son los que chingan la nación” no cabe, cuando la solución está en tus manos.
