Arturo Luna Silva / [email protected] / Twitter: @ALunaSilva
Periodistas, políticos, amigos y hasta compadres. Todos ellos han recibido -en el último año- por lo menos una llamada telefónica directa de uno de los presos “estelares” del penal de San Miguel: el priista Javier López Zavala, sentenciado por violencia familiar y acusado por feminicidio en agravio de la abogada Cecilia Monzón.
Pero el ex candidato a la gubernatura no es el único que goza de ese y otros privilegios, como “celdas” privadas -una especie de departamentos apartados de la población general-, televisión con cable (son célebres las reuniones que los reos políticos del Cereso suelen realizar para ver partidos de futbol y “chelear”), refrigerador exclusivo, masajes y visitas “especiales”.
De hecho, de algunas de estas prebendas -que a la fecha siguen vigentes- habló hace poco públicamente Bernardo Fernández Tanús, preso político del barbosismo, ya liberado, y quien en la cárcel convivió con otros célebres internos como Francisco Romero Serrano (ex auditor) y Leoncio Paisano Arias (ex alcalde de San Andrés Cholula).
En su momento, y en su circunstancia, el propio Miguel Barbosa Huerta intentó poner orden en medio del desorden; incluso, uno de esos días que amaneció de malas, mandó a desmantelar el famoso“Pueblito”, una área VIP para la población y donde se ejercía hasta la prostitución.
Pero desde entonces, poco o nada ha cambiado en el penal de San Miguel, donde el autogobierno y el control económico están en poder de un grupo de internos que no sólo comercia por privilegios, sino por protección, en un esquema muy similar al de la extorsión o el cobro de piso: o pagas o las golpizas son diarias, con el agregado de que la violencia puede alcanzar a tus “visitas” (esposa, hijos y demás seres queridos).
Estos reos también operan otro tipo de extorsión: la que se realiza desde el interior de la cárcel a nombre de tal o cual cártel; hace unos días, gracias a un operativo, se decomisaron 14 teléfonos celulares, cargadores, cables USB, audífonos inalámbricos y otros accesorios usados para ese fin.
Pero sólo son paliativos; los operativos de revisión tardan más en realizarse que el negocio en volver a comenzar: es un círculo vicioso sin fin, que deja jugosas ganancias económicas a quienes participan de él, incluso desde las instituciones, desde donde o lo alientan o lo protegen.
A finales del pasado mes de julio, tras el homicidio de un reo que al parecer se rehusó al pago de protección, se dio a conocer la destitución del director del Cereso, Miguel Ángel Vázquez Gutiérrez. Su antecesora en el cargo, María del Rayo Mendoza Farfán, había sido víctima de un atentado en marzo de 2024; al parecer intentó desmantelar las redes internas de poder y la mandaron a matar, aunque milagrosamente se salvó.
Hace unos días, un custodio del penal fue ejecutado a balazos mientras comía tranquilamente en una cocina económica cercana al Cereso, donde apenas tenía un año laborando.
A la fecha se desconoce si lo asesinaron por oponerse al cobro de piso o por cobrar piso en complicidad con quienes, según se sabe, están detrás del negocio. Su crimen fue adjudicado a miembros del denominado Operativo Barredora. El secretario de Seguridad Pública, el vicealmirante Francisco Sánchez González, dijo que el crimen podría ser consecuencia de las acciones de limpia que se están realizando en la cárcel.
Pero todo está relacionado y todo apunta a una descomposición profunda.
Un reo de nombre Ernesto Orea Carranza, un comandante identificado como “Héctor” y un subdirector llamado Álvaro López, han sido señalados como los virtuales “dueños” del penal de San Miguel.
El pasado martes, desesperados, familiares de internos bloquearon el Camino a El Batán en ambos sentidos, y en algunos momentos el Periférico, donde quemaron llantas para denunciar que sus parientes presos son víctimas -precisamente- de extorsiones y amenazas por parte de estos sujetos.
Horas más tarde, una comisión fue recibida por funcionarios estatales que prometieron investigar las graves acusaciones, mismas que les pidieron formalizar ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Pero el Cereso de Puebla es una verdadera bomba de tiempo: la situación no empezó hoy ni ayer; tiene años, muchos años que se pudrió.
A la sobrepoblación, el hacinamiento, las deficiencias en alimentación e higiene, y lainsuficiencia de personal de seguridad y custodia, deben sumarse el autogobierno, la extorsión y la violencia.
Y claro, la impunidad como telón de fondo.
Es todo, todo un reto para el vicealmirante Francisco Sánchez González, quien debe saber que, a veces, las buenas intenciones no bastan para eliminar una auténtica cabeza de hidra, entendida como un problema o dificultad grave y de fondo que, al ser resuelto o resuelta, genera nuevas y peores complicaciones.
Ad infinitum…
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