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Las puertas del campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), en el municipio de San Andrés Cholula, fueron reabiertas la noche de este martes y será decisión de la comunidad, alumnos, maestros, personal administrativo y padres el regreso a clases presenciales, que tanto han demandado. El balón está en su cancha y solamente en su cancha.
La determinación que avala la vuelta a las aulas es del Poder Judicial de Puebla.
Llegó luego de una petición del Patronato que nombró como rector al exsenador Armando Ríos Piter.
Se cumple así lo que todos querían.
Todos.
Incluso los diputados locales, federales y la militancia panista lo demandaron por todas las vías.
Lo anhelaban.
Lo exigían.
La reapertura se da, además, en coincidencia o a consecuencia (las dos son interpretaciones acertadas) con uno de los días más convulsos del conflicto.
No hay que olvidar que se trata de un tema que tiene más de 10 años de disputa judicial, desde mucho antes de que el actual gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, fuera siquiera senador de la República.
Pero se ha querido tergiversar su participación.
La historia de este día complicado comenzó mucho antes.
Con estrategias mediáticas de los actores que se mueven en la sombra.
Sabían de lo importante de este día y pretendieron complicarlo.
Generaron presiones de última hora, a través de publicaciones, las redes sociales y directamente con las autoridades.
A pesar de todo, la juez de Control, Magally Escamilla Rodríguez, resolvió que deben generarse las condiciones para reanudar las actividades educativas y académicas presenciales de la UDLAP.
Sin empleo de la fuerza pública y con la coadyuvancia pertinente de la Secretaría de Educación.
Rodrigo Gurza, apoderado del Patronato que tiene como rector a Armando Ríos Piter, expuso –en un comunicado– que no hay pretextos para no regresar.
Que, a partir de ahora, la responsabilidad de cuidar el campus y de que se retomen las actividades presenciales, es de la comunidad universitaria y de sus autoridades administrativas.
Deberán volver al trabajo, como lo exigían.
El día no pasó sin la desagradable intervención, innecesaria y contaminada, de algunos diputados.
Los panistas locales, encabezados por
la morenovallista Mónica Rodríguez Della Vecchia, hicieron un plantón, protagónico y con transmisión en redes sociales, para “comprobar” que la universidad “no estaba abierta”.
Mónica Rodríguez incluso llamó a la comunidad UDLAP a las protestas que, afortunadamente, no dejaron saldo que lamentar.
Tan criticable esa actitud, como la de la legisladora local de Morena, Nora Escamilla, quien fue la que lanzó el reto.
Claro, ella lo que quería es que se comprobara que “las fuerzas del estado no tienen tomado el campus”.
Lo que es estrictamente cierto, porque la vigilancia de dicho campus está a cargo de guardias de una empresa privada de seguridad.
Cada una hablaba de cosas distintas.
Ambas legisladoras intervinieron innecesariamente.
Luego, hubo una protesta de un grupo de estudiantes.
Hubo cierres de la Recta a Cholula y el Periférico.
Afortunadamente no llegaron a mayores.
Ahora, el tema ya está en las manos de la comunidad, de la que algunos integrantes la misma noche de ayer comenzaron a llegar al campus, aunque no quisieron entrar, porque ni un juez ni un notario les entregaron legalmente las instalaciones.
En un mensaje grabado en Twitter, la Dra. Cecilia Anaya Berrios, rectora interina, dijo que el regreso a las instalaciones “es imposible” cuando se insiste en legitimar al grupo que la mantiene “secuestrada” desde hace siete meses.
En resumen: el Poder Judicial de Puebla cumplió su tarea para que se reactiven las clases presenciales, que tanto se han exigido con justa razón.
Parece que ya no hay pretextos.
Las condiciones están dadas.
Las puertas están abiertas, literalmente.
¿Será el fin de la pesadilla?
Ya veremos.
