Por: Guadalupe Juárez
En Puebla, de manera oficial, la Fiscalía General del Estado (FGE) reporta que desde 2006 hasta agosto de 2020 hay 834 personas fallecidas no identificadas cuyos cuerpos resguarda, sin embargo, fuentes allegadas a las autoridades reportaron 2 mil 500 en el mismo lapso. pso.
El subregistro lo denuncia el Informe La Crisis Forense en México, elaborado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, conformado por 74 colectivos de familiares de personas desaparecidas, entre ellos La Voz de los Desaparecidos en Puebla.
La disparidad de cifras entre las oficiales y lo que han consignado otras fuentes cercanas a la FGE se atribuye a la crisis forense que atraviesa el país: la mayoría de las entidades federativas identifican menos del 20% de los cadáveres que ingresan.
Y aún hay más: las autoridades podrían no difundir las cifras reales por temor a las repercusiones sociales y políticas que podrían causar, asienta el informe.
Puebla, Veracruz y Nayarit son las entidades que presentaron estas inconsistencias en las cifras reportadas por las fiscalías.
En Veracruz, se evidenció que 35% de las mil 391 personas identificadas ha sido localizado sólo en dos de las varias fosas clandestinas que se han encontrado, por lo que se cree que la cantidad de restos sin identificar en ese estado es mayor.
En Nayarit, las cifras oficiales indican que han sido inhumadas 317 personas, pero fuentes extraoficiales dan cuenta de hasta 887 personas no identificadas.
De forma oficial, en el país hay 52 mil 4 personas sin identificar, 71.73% se concentran en siete estados: Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León.
La entidad poblana es el lugar 12 en el país por la cantidad de personas que permanecen en la Fiscalía General del Estado y que no han sido identificadas.
Sólo 16.76% de las muestras de ADN han sido cotejadas para identificar de quién se trata, indica el informe.
Otra base que ha sido desaprovechada en la entidad poblana es la de las huellas dactilares que resguarda el Instituto Nacional Electoral.
Sólo Ciudad de México y Jalisco envían de manera frecuente los datos de las personas fallecidas sin identificar para averiguar si hay coincidencias con ese padrón de huellas digitales.
