Ilse Aguilar
La obligación de las autoridades municipales es cumplir con la distribución del agua en sus territorios, pero la realidad es que han optado por transferir la responsabilidad a empresas privadas.
Así lo declaró Valentina Campos Cabral, directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga (IIMA) de la Ibero Puebla, quien destacó que, pese a que la gente está pagando por el derecho a este servicio, no recibe la cantidad ni calidad de agua que requiere, por lo que se ven en la necesidad de comprar pipas.
“Cuando la gente está pagando un servicio, ya sea a través de los sistemas operadores y no tiene agua, en realidad lo que se está evidenciando es que alguien no está realizando su trabajo”, expresó.
Destacó que se debe revisar el sistema de cobro del agua para que se garantice que no sólo sean ganancias, sino que se cuente con recursos para mejorar la infraestuctura y para prteger las cuencas hidrológicas.
Campos Cabral mencionó que en la ley también se debe considerar que hay un sistema de gestión del agua no reconocido formalmente, como son los organismos comunitarios de agua, en los que está aprobado que cada familia tenga una toma de agua, pero está regulado para el beneficio de la localidad y no para un grupo específico.
