Jesús Peña
Luego de dos años de los asesinatos de tres estudiantes de Medicina de la UPAEP y la BUAP, así como un chofer de la plataforma Uber, los tres implicados y detenidos recibieron un fallo condenatorio por parte del Tribunal de Enjuiciamiento del Estado de Puebla.
De esta forma, el próximo martes serán establecidas las penas para Pablo Jesús N., Ángel N. y Lisset N., de 43 23 y 22 años de edad, por los delitos de homicidio calificado y robo agravado, que conforme al Código Penal de Puebla se castigan con un máximo de 50 años y ocho años, respectivamente.
Los asesinatos fueron cometidos el 23 de febrero de 2020, contra jóvenes colombianos Ximena N. y Antonio N., quienes estaban de intercambio en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), así como el veracruzano Francisco Javier N., matriculado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), además de José Emmanuel N., conductor de Uber originario de Cuautlancingo.
Estos jóvenes acudieron al Carnaval de Huejotzingo, donde sostuvieron una disputa con sus victimarios por un sombrero, tras lo cual fueron emboscados y sus cuerpos hallados al día siguiente en un paraje de la junta auxiliar Santa Ana Xalmimilulco, con huellas de tortura e impactos de bala.
En rueda de prensa, Angélica Cerpa, madre de Antonio N., narró cómo uno de los asesinos –durante la audiencia– lejos de mostrar arrepentimiento tenía una actitud soberbia.
“Que les den muchísimos años de prisión, porque se lo merecen. Era increíble ver cómo después que le dan la sentencia se reía, nos miraba a la cara y se burlaba de nosotros”, dijo.
Jorge Quijano, padre de Ximena N., se congratuló por el fallo condenatorio, pues después de desahogar todas las pruebas se sabe que son culpables y ello ayuda a las familias a encontrar un poco de paz.
“Para nosotros es quitarnos una tonelada de peso, acostarse a dormir así como lo hice ayer: un poco más liviano. Eso sí, seguiremos viviendo el duelo tan horrible de perder un hijo y la forma en que sucedió”, aseguró.
Ricardo Fernández, asesor legal de las víctimas, comentó: “Después de dos años en los que la pandemia ha venido interrumpiendo nuestro andar, fin logramos el fallo anhelado. Fueron desahogados casi 100 medios probatorios, documentales, testigos, medios materiales y peritos”.
Fue precisamente el inicio del confinamiento por la COVID-19 lo que frenó la mayor protesta social en la historia de Puebla, pues el 5 de marzo de 2020 –apenas 11 días después de los homicidios– al menos 150 mil estudiantes universitarios, de diferentes partes del estado y del país, recorrieron las principales vialidades de la capital poblana, partiendo de diferentes puntos.
El punto final fue Casa Aguayo, donde el gobernador Miguel Barbosa atendió sus demandas y prometió a habría justicia.
