Mariana Flores
A Georgina, el día que le diagnosticaron cáncer –un mes después de que comenzó la pandemia– le dijeron: “Si no se muere de COVID-19 se va a morir de cáncer, usted decide si va o no”.
Georgina Gómez fue al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a solicitar tratamiento para el cáncer de colon, luego de ser diagnosticada por un médico particular.
Pero debido a la contingencia sanitaria, tratarse en el servicio público quedó descartado cuando le dijeron que sólo le iban a dar prioridad a los pacientes con COVID-19.
Gracias al apoyo económico de su familia, consiguió costear las quimioterapias y medicamentos en un hospital privado, relató a Crónica Puebla.
La semana pasada, le dijeron que el cáncer se fue.
ESTUDIO
El Colegio de México reveló en una investigación las desigualdades sociales para las personas diagnosticadas con cáncer en el país.
Laura Flamand, investigadora a cargo del proyecto, explicó que hay una relación estrecha entre tener cáncer y las condiciones étnicas, aseguramiento social, entorno laboral e incluso la entidad federativa a la que pertenecen los pacientes.
Señaló es un problema social que representa un gasto de 25 mil a 30 mil millones de pesos al año –lo que representa una cuarta parte del presupuesto del INSABI–, que involucra no sólo el tratamiento médico, sino también costos asociados con la orfandad y la pérdida de días de vida saludable.
“La salud es tan importante para las personas que incluso quien tienen muy pocos recursos, está dispuestos a pagar a un consultorio adyacente, porque se ahorran todo el tiempo de espera”, asevera.
